La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha determinado esta mañana que el Ejecutivo cumple con la regla de gasto en pensiones. Es decir, no serán necesarios nuevos ajustes en el sistema: ni aumentos en las cotizaciones, ni reducción del gasto. Es la principal conclusión del examen emitido esta mañana por la autoridad fiscal, aunque el organismo también alerta que la sostenibilidad del sistema no ha mejorado tras la reforma aprobada la pasada legislatura por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Según la AIReF, las previsiones de la Comisión Europea actualizadas con los datos observados en 2022 y 2023 sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% entre 2022 y 2050 (por debajo del umbral del 15%). Lo que sitúa el gasto neto en el 13,2% del PIB media entre 2022 y 2050. Es decir, se cumple con la regla de gasto establecida, aunque a una décima del límite (el 13,3%, a partir del cual el Ejecutivo habría tenido que plantear una serie de medidas para cumplir con la norma).
Por otro lado, el impacto de las medidas en ingresos de la Seguridad Social sí queda por debajo del umbral establecido del 1,7%. Tal y como ha señalado la AIReF, el impacto promedio entre 2022 y 2050 queda en el 1,4% del PIB. Las medidas consideradas son el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la evolución de las bases máximas de cotización, la reforma del RETA, las transferencias del Estado a la Seguridad Social y el impacto del SMI y de las medidas laborales. En este sentido, también agregan que el aumento en transferencias desde 2020 no suponen un fortalecimiento del sistema.
La sostenibilidad empeora
La autoridad fiscal, sin embargo, ha alertado que la sostenibilidad no ha mejorado (en todo caso, ha empeorado) y estima un crecimiento del gasto en pensiones de 3,4 puntos del PIB hasta 2050. Una cifra que contrasta con los 3 puntos porcentuales que preveía hace dos años. En concreto, prevé que para 2025 el gasto en pensiones supondrá el 16,1% del PIB. En consecuencia, la presión es mayor.
Se trata de la primera evaluación publicada por la autoridad independiente. Según la normativa vigente, el organismo deberá informar cada tres años y antes del 1 de abril del ejercicio correspondiente sobre el impacto de la reforma a partir de 2020.
Más transferencias
Tal y como advierte el organismo, la dinámica de gasto unida a la evolución prevista de las cotizaciones implica que será necesario aumentar las transferencias -procedentes del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central-.
En específico, estas deberán incrementar en 2,4 puntos del PIB. Un incremento que, en ausencia de medidas, "supondrá una minoración de los recursos disponibles para otras políticas de gasto"; o por otro lado, habrá que recurrir al endeudamiento, algo que "parece difícil compatibilizar con los compromisos europeos".
Debilidades en la definición de regla de gasto
Por otro lado, la AIReF destaca que, en la elaboración de su opinión, ha detectado importantes debilidades en la definición de la regla de gasto. "Está influenciada por el momento en el que se calcula, muestra una excesiva sensibilidad a los cambios y ofrece una visión parcial de la sostenibilidad", detalla. De hecho, a su parecer, la regla de gasto "en ningún caso puede considerarse un indicador adecuado".
Además, agrega que, la regla de gasto "no constituye un indicador de sostenibilidad y merma su capacidad de supervisión e independencia". Puesto que, según explica la presidenta de la organización, Cristina Herrero, "nos dicen qué hacer y como hacerlo".
La autoridad fiscal recuerda también que los avances han sido muy limitados en cuanto a las propuestas establecidas por el organismo en su primera opinión de 2023 para garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo.
Además, según la AIReF, en este momento, coexisten tres reglas de gasto en el marco fiscal español que no son coherentes entre sí y pide una armonización.