La reforma de pensiones impulsada por el exministro de Seguridad Social -ahora Gobernador del Banco de España- pasó la semana pasada el primer examen de la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aunque lo hizo por una décima y acompañada de otro informe -la Opinión de sostenibilidad de las AAPP a largo plazo- que aseguraba que la sostenibilidad del sistema había empeorado. Ahora, una semana después, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cuestiona el resultado del test y se une a las dudas expresadas por la AIReF sobre la viabilidad de un sistema "que muestra síntomas claros de creciente estrés financiero".
Para no tener que activar la cláusula de cierre, el gasto neto en pensiones no podía superar el 13,3% del PIB de media entre 2022 y 2050. Según la autoridad fiscal, el gasto ha quedado una décima por debajo.
En este sentido, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, plantea que la forma en la que se ha aplicado la cláusula de cierre es incorrecta por tres razones: permite incluir ingresos adicionales provenientes de transferencias del Estado no destinadas a prestaciones no contributivas, aplica una corrección al alza a las proyecciones de PIB desde 2024 en adelante que podría ser "excesivamente optimista" y parte de una condición de sostenibilidad "muy discutible" que genera" una especie de ilusión monetaria al no tener en cuenta la evolución de los ingresos del sistema".
Un 0,3% de transferencias
Según de la Fuente, el examen de sostenibilidad es, en principio "un ejercicio sencillo" que se centra en estimar el impacto de las medidas de ingresos en el promedio de 2022-2050 y comprobar si el gasto estimado para ese mismo período en el Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea menos el impacto de las medidas supera o no el 13,3% del PIB. Sin embargo, detalla el investigador de Fedea "si aplicásemos esta regla de la forma más literal y sencilla posible, la condición de sostenibilidad se incumpliría". En concreto, de acuerdo con las proyecciones del Informe de Envejecimiento de 2024 y del reciente documento de la AIReF (2025), el gasto entre 2022 y 2050 se situaría en el 15,45%; mientras que los ingresos extra generados en la reforma están en 1,40%. Es decir, el resultado del gasto ajustado según los cálculos de Fedea sería del 14,05% del PIB, tres cuartos de punto por encima del máximo permitido del 13,3%.
Sin embargo, no es esa la conclusión de la AIReF, que considera que la condición se cumple en la actualidad. ¿Por qué? Tal y como explica la fundación de estudios económicos "la respuesta tiene que ver con el reciente Decreto 100/2025, de 18 de febrero, mediante el cual el Gobierno ha regulado algunos detalles importantes de los cálculos necesarios a efectos del examen". Por un lado, detallan, el artículo 12.b del Decreto "abre la puerta a la inclusión indiscriminada de incrementos en las transferencias del Estado no destinadas a financiar prestaciones no contributivas entre los ingresos adicionales atribuidos a la reforma". Algo que, según el think-tank, puede desvirtuar la condición de sostenibilidad porque permite reducir el gasto neto a base de contabilizar nuevos ingresos, desplazando el déficit del sistema de pensiones a las cuentas dela Administración General del Estado. Un cambio que ha supuesto tres décimas de punto de PIB. "La AIReF se ha visto empujada a elegir la única opción que lleva a un aprobado; sin embargo, esta opción es también la menos creíble, porque incluye tres décimas de ingresos adicionales ligados a transferencias del Estado y exige llevar al extremo un ajuste al alza de la senda original de PIB", denuncia Fedea.
Según el investigador, la corrección al alza de las proyecciones de PIB del Informe de Envejecimiento desde 2024 en adelante "podría ser excesivamente optimista", pues supone que la "considerable" diferencia registrada en 2023 entre el dato observado de PIB nominal y las proyecciones originales del Informe de Envejecimiento de 2024 de la misma variable (del 6%) se mantendrá invariable en el futuro.
Dependencia del PIB
El think tank también apunta que la medida utilizada (el gasto neto en proporción del PIB), hace que sea especialmente sensible a la revisión de la senda de crecimiento y que el cumplimiento no implica una mejora en la sostenibilidad financiera del sistema.
"Lo que debería preocuparnos no es tanto el gasto en pensiones per se, sino la parte de éste que no se cubre con cotizaciones sociales, y detrae por tanto recursos de otras prioridades, la condición de sostenibilidad debería reformularse en términos del déficit del sistema de pensiones (o mejor aún, de su déficit básico, excluyendo transferencias del Estado,excepto para la financiación de las pensiones no contributivas)", concluye el documento.