Las demandas judiciales contra el Estado cuestan, de media, 1.005 millones de euros al año. Es una de las principales conclusiones de la Opinión sobre Riesgos Fiscales emitida esta mañana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un análisis que comprende el periodo entre 2014 y 2023. El documento desprende que las decisiones judiciales contra el Estado han representado un riesgo significativo para las finanzas públicas. Unas sentencias que han afectado a figuras tributarias como el Impuesto de Hidrocarburos, el IRPF o el Impuesto de Sociedades (entre otros) y que suponen un "elevado coste de compensaciones e indemnizaciones". Algo que, en definitiva, tiene un impacto negativo "relevante" en la estabilidad fiscal y en el déficit público. La cifra de 1.000 millones al año, sin embargo, representa a las cuantías ya reembolsadas, pero no comprende gastos adicionales como pueden ser los intereses derivados de procedimientos que se dilatan en el tiempo.
Además de las acciones legales, el organismo ha identificado como "riesgos fiscales" las perturbaciones macroeconómicas y los riesgos medioambientales -que entre 2005 y 2023 han supuesto un coste de 47.157 millones de euros-. A pesar de su elevado coste, la AIReF afirma que el análisis de estos riesgos en España se realiza de forma fragmentada e incompleta. La autoridad fiscal, al realizar el análisis, además se ha encontrado con que el 43% del Fondo de Contingencia -una herramienta para mitigar el impacto de este tipo de riesgos se utiliza para cubrir gastos recurrentes y discrecionales. No gastos imprevistos.
En cuanto a las acciones legales en curso, el organismo advierte que "los numerosos procesos judiciales en curso, podrían agravar el déficit de los próximos años" (incluidos arbitrajes internacionales en materia de energía y cuestiones aun por resolver en tribunales nacionales e internacionales). Y señala que recientemente se han dictaminado sentencias desfavorables para las Administraciones públicas, cuyo efecto se extenderá a 2024 y a los años siguientes. De hecho, el impacto de los litigios podría ascender en los próximos años hasta los 12.500 millones de euros según las cifras recogidas por la autoridad. La cifra, sin embargo, podría variar.
Entre las sentencias con mayor impacto esperado se encuentra el IRPF de pensionistas de Mutualidades Laborales y el cálculo para pensionistas con más de 35 años cotizados, cuyo coste ascendería hasta los 1.700 millones o el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que podría llegar a los 6.500 millones. Destaca también la reforma del Impuesto de Sociedades , cuyo coste podría ascender hasta los 1.200 millones y el complemento de pensión para padres jubilados, que podría suponer un impacto de 994 millones de euros.
Errores recurrentes
Tal y como cuenta la AIReF en el documento emitido esta mañana, a la hora de analizar las sentencias aparecen errores recurrentes. Es decir, los fallos se repiten y derivan en litigios costosos para el Estado.
En concreto, la autoridad fiscal destaca el uso inadecuado de instrumentos legales como el Real Decreto-ley (RDL), que ha derivado en varias sentencias de inconstitucionalidad. Otros errores recurrentes que derivan en acciones legales son la extralimitación normativa respecto a la ley -como es el caso del canon hidráulico- y la omisión de advertencias de la UE de incumplimientos de la normativa europea -el conocido 'céntimo sanitario'.
En este sentido, la autoridad fiscal propone que en el proceso de toma de decisiones se refuerce la evaluación del posible impacto financiero y legal antes de implementar cambios en las políticas fiscales y económicas. También insta al Estado a consultar previamente con organismos europeos, a considerar la jurisprudencia internacional, a utilizar de manera rigurosa los instrumentos legales (es decir, un uso prudente del RDL) y a realizar una revisión constante de las leyes.
Por otro lado, la AIReF propone a Hacienda desarrollar mecanismos para acortar el tiempo de resolución de sentencia y evaluar la probabilidad de éxito de las reclamaciones para minimizar las devoluciones, y pide al Ministerio que mejore la transparencia sobre las sentencias.