Quedan -como mucho- dos semanas para que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) determine si las reformas en el sistema de pensiones garantizan la sostenibilidad a largo plazo. Aunque no está claro cuándo la autoridad fiscal publicará el análisis, la fecha límite es el 1 de abril. Como consecuencia directa, este mes, el Ejecutivo se podría enfrentar de nuevo al debate de subir -o no- las cotizaciones para pagar la factura del envejecimiento poblacional.
El examen de la AIReF evaluará si la reforma impulsada en un primer momento, por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha servido para atajar el impacto del incremento del número de jubilados en las cuentas públicas. En concreto, analizará la influencia de las medidas públicas adoptadas desde 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones entre 2022 y 2050.
La AIReF estimará, a fin de cuentas, el resultado del gasto menos el aumento de los ingresos tras las diversas subidas de cotizaciones. Si el resultado supera el 13,3% del PIB -el Banco de España o la AIReF así lo estimaron- el Gobierno deberá ajustar dicho exceso de gasto.
Polémica por los ingresos
Hace un mes el Departamento aprobó un Real Decreto en Consejo de Ministros con el objetivo de detallar lo que se entiende por ingresos del sistema de Seguridad Social de cara a la evaluación de la AIReF. La aprobación del Decreto, según apuntan fuentes del Ministerio "no introduce ninguna fuente nueva de financiación" ya que -explican- "las fuentes de ingresos ya están por sí detalladas en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social".
"Además, para que el informe se adecue a la fecha de su realización y no quede desactualizado, se precisa, como no puede ser de otra manera, que deben utilizarse los últimos datos disponibles", detallan. Y concluyen que "no se modifica ningún criterio de evaluación en ningún caso".
La opinión de los expertos, sin embargo, difiere de lo que relata el Departamento. Que detallan que el último decreto obliga a que la AIReF cuente las transferencias del Estado como recursos del sistema. Algo que, según el investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC de Madrid, Miguel Ángel García, "no mejora la sostenibilidad del sistema".
En concreto, especifica que las transferencias totales del Estado suman 44.500 millones de euros extra. A lo que habría que añadir un préstamo de la Seguridad Social de 12.000 millones de euros. Es decir, un total de 56.500 millones de euros. Tal y como cuenta el experto, sin estos ingresos, el déficit actual del sistema sería de 1,8 puntos; pero con las transferencias se quedará en 0,5 o 0,6. "El sistema de pensiones ha finalizado 2024 con un déficit del 0,5% del PIB contando con las transferencias del Estado. Algo que, asegura, evita un ajuste inmediato pero "oculta la situación del sistema".
¿Y si no cuadran las cuentas?
Hasta ahora, la actual ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha insistido en numerosas ocasiones que confía en que las cuentas cuadren y no sea necesario ajustar el sistema. De hecho, en una entrevista con la agencia EFE hace dos semanas, Saiz aseguró que "todos los datos van en la buena dirección" y destacó la mejora en la tasa de cotizantes por pensionista, que llegó a la ratio de 2,44 por el aumento en número de afiliados.
Pero, ¿qué pasa si las cuentas no cuadran? Si el informe de la AIReF concluye que el gasto neto estimado en pensiones del periodo 2022-2050 supera el 13,3% del PIB, el Gobierno deberá proponer una serie de medidas destinadas a eliminar el exceso de gasto -ya sea a través de una subida en las cotizaciones sociales, la contención de las nóminas de jubilación o una combinación de ambas- .
Es decir, el Ejecutivo tendrá que abrir un proceso de negociación con agentes sociales -patronal y sindicatos- para llegar a una solución. Una vez diseñada la propuesta para corregir la desviación entre ingresos y gastos, el Gobierno la remitirá a la Comisión del Pacto de Toledo y aprobará un proyecto de ley que contenga dichas medidas para su remisión a las Cortes. En caso de no lograr un consenso la solución de última instancia es la cláusula de cierre: una subida automática del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para compensar un 20% del desvío del gasto cada año hasta que se adopten nuevas medidas o se corrija el exceso de gasto por completo. Este caso se daría si el proyecto de ley no estuviera vigente el 1 de enero del año siguiente.
El MEI es una sobrecotización finalista que pagan todos los asalariados y que llena el Fondo de Reserva, comúnmente conocido por los españoles como la hucha de las pensiones. Escrivá confiaba en acumular un fondo de hasta 130.000 millones de euros durante las próximas décadas. A 31 de diciembre de 2024 los 9.376,7 millones, 3.576,60 millones ingresados por el MEI.
¿Qué es la cláusula de cierre?
La cláusula de cierre es un mecanismo de garantía impulsado por el exministro de Seguridad Social para contentar a la Comisión Europa en cuanto a la sostenibilidad del sistema de pensiones. En concreto, Escrivá se comprometió a hacer ajustes si la partida de gastos creciese a un ritmo mucho más elevado que la de ingresos. Ahora, la AIReF deberá determinar si el uso de dicha cláusula es necesario para garantizar la viabilidad del sistema hasta 2050.
