
Air Liquide, Abello Linde, Carburos Metálicos, Praxair y Messer, a través de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), pagaron un total de 37.400 euros (IVA incluido) a la consultora Ernst & Young (EY) por el informe sobre la exención del Impuesto Eléctrico, según recoge un documento de los Mossos d'Esquadra al que ha tenido acceso elEconomista.es. Las cinco compañías afectadas se hicieron cargo de un recibo de 7.480 euros en concepto de "Derrama Extraordinaria".
Afgim contrató a EY de forma paralela a Equipo Económico (EE). El objetivo era que llevase a cabo "el trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por la consultora de Montoro", indicó el juez del 'caso Montoro'. Y es que en realidad, la ahora conocida como Global Afteli fue contratada por "su capacidad de influencia en el Ministerio de Hacienda", tal y como recoge dicho documento.
En este sentido, en un primer momento, el pago que recibiría la consultora iba a ser menor. Sin embargo, a consecuencia de las "correcciones y sucesivos borradores" que tuvo que elaborar la compañía se superó el número de horas previstas pasando de 115 a 206. Por tanto, el coste aumentó.
El informe de EY, compuesto por un total de 20 páginas, valió solo un 11,5% de lo que costó el análisis de Equipo Económico. "A pesar de la diferencia entre los informes elaborados por EY y EE es abrumadora la diferencia de facturación entre ambas", recalcó el magistrado.
Asimismo, cabe recordar el correo de fecha 18 de noviembre de 2013, tratado en el punto 15 de la diligencia, la consultora manifestó que aunque "realizarían comprobaciones de coherencia de la información proporcionada, no "llevaremos a cabo pruebas de verificación de la exactitud de los datos e información facilitada". En otras palabras, EY no contrastaría la certeza de los datos que le facilitasen las gasistas.
Por otra parte, la documentación que tenía que presentar Afgim ante la exención del Impuesto Eléctrico constaba de dos partes: un informe elaborado por Equipo Económico, basado en derecho comparado (hay que recordar que fue facilitado por las propias gasistas); y un documento, que elaboró la consultora, de análisis de costes energéticos. Cabe decir que este posteriormente fue corregido por EE. Entonces se incorporó "una hipótesis de exención total junto a la bonificación del 85%, y una ley de crecimiento para la interrumpibilidad distinta de la que se había acordado".