La semana pasada concluyó el plazo para que los partidos políticos propusieran cambios sobre la reforma fiscal que el Gobierno ha materializado a través del proyecto para establecer un tipo mínimo del 15% en Sociedades a grandes grupos y multinacionales. La norma, ya respaldada por el Congreso de los Diputados, afronta la última fase de tramitación en el Senado donde tanto los socios habituales de Pedro Sánchez como los grupos de la oposición presentaron enmiendas para hacer cambios en el proyecto que volverá después a la Cámara Baja. Este también fue el caso de Junts, que entre otras propuestas, abogó por retrasar hasta julio la entrada en vigor del nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos en pequeños comercios.

El Gobierno sacó adelante su nuevo impuesto a la banca gracias a los pactos cruzados con sus socios parlamentarios de izquierda y derecha. El documento fue votado en el Congreso el 21 de noviembre y ahora se encuentra en tramitación en el Senado, si bien, el plazo de presentación de enmiendas quedó cerrado el pasado miércoles por lo que ahora los partidos tienen que debatir cuáles incorporan con el 18 de diciembre como fecha límite para devolverlo a la Cámara Baja. Todos estos pasos se han dado a ciegas, ya que la consulta obligatoria al Banco Central Europeo se produjo cuando el hemiciclo ya había respaldado el proyecto (en primera lectura) y se publicará cuando los grupos no puedan hacer nuevas aportaciones a su articulado, aunque sí parar el texto. Esto, según revelan fuentes jurídicas a elEconomista.es, plantea un problema ya que las instituciones europeas podrían iniciar un proceso de infracción del deber de consulta, que podría llevar a los magistrados a suspender la tasa.

La actividad de las empresas ha estado en el centro de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno en los últimos años, dirigidas a aumentar su capacidad recaudatoria. Este puso en marcha los gravámenes extraordinarios a la banca y a las energéticas en respuesta a la crisis de inflación que generó la invasión rusa de Ucrania y a las puertas de que decayeran, suscribió un acuerdo con sus socios parlamentarios para crear un nuevo impuesto a los márgenes de las entidades financieras (que se encuentra en tramitación en el senado) e iniciar un debate para elaborar otro, dirigido a las compañías del sector energético. Todo ello se suma a que España grava dos veces los ingresos empresariales, con un tipo del 46%.

El Partido Popular no presentará un veto a la reforma fiscal del Gobierno que se encuentra en tramitación en el Senado, si no que optará por plantear diferentes enmiendas con el objetivo de hacer tambalear la mayoría que la respaldó en el Congreso de los Diputados e incluir algunas de sus propuestas en el proyecto de ley. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha dejado claro que los cambios esbozados en cuatro bloques persiguen el voto a favor de PNV o Junts en la Cámara Baja, puesto que dan por sentado que las fuerza del Ejecutivo querrán vetarlos.