La reforma fiscal aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados y que ahora se encuentra en tramitación en el Senado, recupera los límites a las deducciones en el Impuesto de Sociedades de las empresas que hubieran tenido pérdidas, tumbados por el Tribunal Constitucional a inicios de año. Hacienda cerró un acuerdo con Sumar para restablecer los umbrales introducidos en enero de 2016 por el exministro de la cartera Cristóbal Montoro, de forma que no se elimina esta posibilidad pero sí se reduce al 50% la cantidad que pueden descontarse.
La previsión es que los nuevos porcentajes se apliquen ya al ejercicio 2024, dado que el Gobierno calificó el proyecto de ley como urgente para asegurarse que quedaba aprobado definitivamente antes de que terminara el año. La Cámara Alta tiene hasta el 4 de diciembre para plantear enmiendas y propuestas de veto (se espera que el PP presente uno y haga uso de su mayoría en el hemiciclo) y se ha fijado el día 18 como límite para que el texto salga del Senado, cuando volverá al Congreso, donde no se espera que el PSOE tenga inconvenientes para levantar el veto con 178 votos a favor.
El proyecto de ley recoge en su disposición adicional decimoquinta los límites que se aplicarán a las grandes empresas a partir del 1 de enero de 2024, es decir, aquellas que tengan una cifra de negocios superior a los 20 millones de euros. El tope se fija en el 50% excepto para aquellas que superen los 60 millones, que tendrán una barrera del 25%. Con este texto, Hacienda también recupera la limitación a las deducciones que busquen evitar la doble imposición a nivel internacional, que no podrán exceder el 50% de la cuota íntegra del contribuyente, según recoge el siguiente apartado.
Este es uno de los pocos puntos respetados del acuerdo PSOE-Sumar en la norma negociada a izquierda y derecha. El aumento de la tributación de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) del 1% actual al 25% quedó fuera del marco negociado con Junts y PNV, así como el tributo a los productos de lujo, a los seguros médicos privados o al IVA de los pisos turísticos, pese a que eran puntos prioritarios para la formación de Yolanda Díaz. Y tampoco fueron revindicados por los socios de izquierdas (EH Bildu, ERC, BNG y Podemos) por lo que todos ellos quedaron fuera del proyecto de ley calificado por el Senado esta semana.
El Gobierno buscaba evitar una pérdida de ingresos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbaba las medidas introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy. La decisión del Alto Tribunal no cuestionaba el fondo de la norma, sino la forma en la que había sido introducida, ya que se había empleado un real decreto-ley y este no es un tipo de norma pensado para crear o modificar impuestos. La calificación de estas medidas como inconstitucionales supuso que el porcentaje de reducción aplicable a los ejercicios 2016-2023 se elevara hasta el margen establecido en la normativa antes de la modificación introducida por Montoro.
Con ese marco (operativo hasta que el nuevo proyecto de ley se publique en el BOE) el límite de reducción estaba fijado en el 70% de la cuota del impuesto, con independencia de cuál fuera su cifra de negocio; mientras que el porcentaje era del 100% para las empresas que tuvieran que hacer frente a la doble imposición internacional, por lo que en este caso la bonificación pasará de ser total a ser solo de la mitad con la nueva regulación respaldada por el Congreso.
Este cambio de última hora ha llevado a los expertos a dar la voz de alarma y advertir a las compañías que hubieran tenido en cuenta en sus previsiones la normativa más favorable, que su aprobación se traducirá en un aumento de la cuota y que también podría afectar a su patrimonio, dado que las limitaciones a la compensación de pérdidas elevan el tipo efectivo de los proyectos con un mayor plazo de retorno. Por ello, desde el PP se oponen a esta reducción de los límites que contextualizan en unos años en los que el Ejecutivo se vio obligado a cubrir los "agujeros que dejó el PSOE".
Fuentes del Partido Popular evitan señalar qué pasos van a dar antes de que cierre el plazo para enmendar el proyecto en el Senado, si bien se manifiestan en contra de cualquier subida de impuestos y reprochan que el Gobierno no se haya sentado a negociar con ellos posibles alternativas a esta decisión. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo defiende que es un error recuperar estos límites después de que la recaudación de 2023 superara en un 30% a la de 2018, en vez de condicionar los actuales a la realización de inversiones productivas, ya que creen que la inversión y la productividad son los dos retos principales que afronta el país.
