La reforma fiscal, que el Gobierno logró sacar adelante en el Congreso el pasado jueves, debe afrontar aún un trámite que promete dilatar los plazos de su entrada en vigor. El texto aprobado por la Cámara Baja pasa ahora al Senado, donde le aguarda un previsible veto procurado por la mayoría absoluta que posee el Partido Popular en la cámara. El rechazo de los de Núñez Feijóo no tendrá más efecto que el de dilatar la puesta en marcha del proyecto de ley y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se conocerán los detalles precisos de la norma. Según las estimaciones iniciales, el proceso se alargará en torno a cuatro semanas.
Según establece el reglamento del Congreso, "aprobado un proyecto de ley por el Congreso, su Presidente lo remitirá, con los antecedentes del mismo y con los documentos producidos en la tramitación ante la Cámara, al Presidente del Senado". Será ahora la mesa de la Cámara Alta, con mayoría popular, la que deba calificar la iniciativa. Una vez cumplido este trámite, la Junta de Portavoces acordará la introducción de la norma en el debate del pleno. Está previsto que el grupo socialista presione para que éste se produzca en el mejor plazo posible, teniendo en cuenta que el PP conseguirá que el Senado vete la reforma fiscal.
Los plazos son ajustados. Una vez que el texto se vote en la Cámara Alta, y –previsiblemente- sea rechazado, el proyecto de ley volverá al Congreso de los Diputados. Su Mesa –presidida por la socialista Francina Armengol- podrá incluir de nuevo la votación de la norma para levantar el veto, y que finalmente la futura ley comience a rodar, tras ser publicada por el BOE.
La mayoría que atesora el PP en el Senado ha provocado que esta situación se haya convertido en la tónica habitual. Ya ocurrió el pasado jueves, cuando el pleno del Congreso tuvo que volver a votar a favor del proyecto de ley por el que se traspasan las competencias de Tráfico a Navarra, que una semana antes el Partido Popular vetó en la Cámara Alta.
El Gobierno logró 'salvar' la reforma fiscal en el último momento, tras apuntalar el apoyo de Podemos, último grupo en sumarse al acuerdo. La norma recoge un catálogo de medidas fiscales que permite a España cumplir el hito principal del quinto tramo de los fondos europeos y desbloquear la recepción de más de 7.200 millones de euros. Además, integra el impuesto a la banca y la transposición de la directiva europea por la que se establece un tipo mínimo del 15% para las multinacionales. Este punto permitirá elevar la recaudación, y sortear las sanciones de la Unión Europea.
También se suman otras medidas como el alza de tipo máximo -al 29%- del IRPF a las rentas de capital superiores a los 300.000 euros; o la limitación -al 50%- a que los grupos empresariales para que puedan utilizar las pérdidas de sus filiales para minimizar el pago de impuestos de la matriz.
Fuera quedaron otras propuestas, como la supresión de las exenciones fiscales a socimis y seguros sanitarios privados, la imposición de un IVA del 21% a los pisos de uso turísticos o la equiparación de impuestos sobre el diésel y gasolina. Un punto, este último, que Moncloa tratará de integrar en la tasa a las energéticas que prepara.