El Gobierno y Podemos han decidido suspender la reunión para negociar el diseño del nuevo impuesto energético después de que tanto Junts como PNV confirmaran este martes que se ausentarían por segunda vez del grupo de trabajo convocado por Hacienda para cumplir el acuerdo cerrado con los 'morados' para salvar la reforma fiscal.
PP y Junts vuelven a cerrar un acuerdo tributario y redoblan la presión sobre el Ejecutivo a horas de que la reforma fiscal afronte su última votación en el Congreso de los Diputados. Las dos formaciones han llegado a un consenso para incluir dos propuestas de los nacionalistas catalanes en el texto que saldrá esta noche del Senado, pese a que la formación de Carles Puidgemont no ha votado a favor de las rebajas fiscales que habían incluido los populares en la fase de ponencia, para no ir contra lo pactado con el ministerio de María Jesús Montero hace casi un mes.
La reforma fiscal impulsada por el Gobierno dentro del proyecto de ley para establecer un tipo mínimo de Sociedades a grandes grupos y multinacionales será aprobada definitivamente este jueves sin incorporar las rebajas fiscales propuestas por el PP en el Senado para bloquear una subida de impuestos que cifraron en 8.700 millones de euros. El grupo, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta, introdujo una serie de enmiendas en la fase de ponencia de la Comisión de Hacienda para excluir a los jóvenes del pago de IRPF al inicio de su carrera y permitir que las entidades financieras pudieran deducirse el nuevo impuesto a cambio de facilitar el acceso a la vivienda, con hipotecas a tipo reducido o con inversión en construcción. No obstante, ninguna de ellas tendrá el respaldo de Junts o PNV, que se atan a los acuerdos cerrados con la cartera de María Jesús Montero.
La reforma laboral aprobada al término de 2021 no ha conseguido poner remedio a uno de los problemas estructurales del mercado laboral español: el desempleo juvenil. En los cerca de tres años que lleva la norma en vigor, el ritmo al que se ha creado empleo en esta franja de edad ha sido superior a la media y ha caído el número de jóvenes que están desempleados. Si bien, los menores de 25 años ya protagonizan el 19% del desempleo, el máximo desde 2009, como destaca el último informe de Asempleo elaborado a partir de los datos de la EPA.
La reducción de la jornada laboral está en punto muerto ante la falta de apoyos parlamentarios para aprobarla. CEOE rechazó definitivamente la propuesta del Ministerio de Trabajo el pasado 5 de noviembre, tras lo que quedó ratificada la ruptura de la mesa de negociación que se reunía desde inicios de año y se pasó a un diálogo con los sindicatos, que ya han garantizado su apoyo a Yolanda Díaz y trabajan en un texto conjunto con retoques técnicos.
La jornada media pactada en convenio se consolida por debajo de las 40 horas semanales mientras el Ministerio de Trabajo trata de cerrar un texto con los sindicatos para llevar el límite legal a las 37,5 horas semanales a lo largo de 2025.
Los socios parlamentarios se decantan por extender el gravamen temporal a las energéticas a través de un real decreto-ley, después de que PNV y Junts se ausentasen de la primera reunión convocada por Hacienda para acordar el diseño del nuevo impuesto que nacerá con carácter permanente, de acuerdo con lo pactado por el PSOE con Podemos, EH Bildu, ERC y BNG. "No da tiempo, aunque se quisiera, de hacer una proposición de ley antes de fin de año. El decreto es la única fórmula viable en tiempo y forma" apuntan fuentes de la reunión a elEconomista.es.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que se está cometiendo una injusticia con las empresas que tienen contratos adjudicados por la Administración Pública. La Ley de Desindexación de la Economía aprobada en 2015 en el marco de la crisis financiera impide que las compañías puedan repercutir los incrementos de costes laborales a la entidad contratante, lo que se ha traducido en un drama para muchas de ellas que prestan servicios de mantenimiento o servicio a domicilio a los ayuntamientos y tienen muchos trabajadores ligados al salario mínimo interprofesional (SMI), dado que han tenido que restar unos incrementos que no podían prever cinco años atrás de su margen de beneficios (de por sí estrecho).