La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que se está cometiendo una injusticia con las empresas que tienen contratos adjudicados por la Administración Pública. La Ley de Desindexación de la Economía aprobada en 2015 en el marco de la crisis financiera impide que las compañías puedan repercutir los incrementos de costes laborales a la entidad contratante, lo que se ha traducido en un drama para muchas de ellas que prestan servicios de mantenimiento o servicio a domicilio a los ayuntamientos y tienen muchos trabajadores ligados al salario mínimo interprofesional (SMI), dado que han tenido que restar unos incrementos que no podían prever cinco años atrás de su margen de beneficios (de por sí estrecho).
Por ello, se ha comprometido a impulsar los cambios necesarios en la normativa a través del grupo parlamentario Sumar tras fracasar en varias ocasiones en su intento de convencer al Ministerio de Hacienda de la necesidad de aplicar cambios en esta materia. Es una postura que comparten tanto la patronal como los sindicatos, que mantuvieron un encuentro con la líder del ala minoritaria del Ejecutivo a comienzos de semana, representados por alianzAS, CCOO y UGT. "Voy a hacer lo que puedo hacer y es seguir defendiendo públicamente y cumplir con mi compromiso como ministra de Trabajo", ha sostenido en un congreso de UGT-FICA.
Esta norma está fuera de su ámbito de competencia, si bien es determinante en las negociaciones del salario mínimo y el departamento quiere iniciar la conversación para ejecutar la subida de 2025 tan pronto como termine su trabajo el grupo de expertos elegido por Trabajo para determinar qué rango mantendría la remuneración en el 60% del salario medio. De hecho fue uno de los requisitos que pusieron CEOE y Cepyme sobre la mesa en la negociación de 2024 para apoyar un aumento de hasta el 4%, junto a la reducción de cotizaciones sociales al campo.
"Si yo subo el salario mínimo y alguien concurre a un proceso de licitación, pues, lógicamente, esto tiene que operar y, por tanto, os pido también que cooperemos y que ayudemos, porque somos muchos más; así que, a ver si convertimos en sentido común ese sentido común que todavía no impera hoy, donde tiene que imperar" ha sostenido Díaz en la apertura del congreso del sindicato de Pepe Álvarez. El Gobierno ha impulsado una subida del SMI del 54% desde 2018 que se ha sumado al alza de los costes incluida en la reforma del sistema público de pensiones, que las compañías tampoco han podido repercutir a diferencia del encarecimiento de los materiales, para lo que el ministerio de Hacienda aprobó un periodo excepcional de revisión.
Esta manifestación en público da algo de aliento a las empresas que se han visto afectadas por esta situación y que en ocasiones firman contratos con una vigencia de hasta cinco años, también a los trabajadores que están bajo su paraguas, tras la cita del pasado lunes que todos los presentes calificaron de "satisfactoria". Díaz no pudo transmitirles un compromiso firme de que el Gobierno fuera a modificar la ley de desindexación y la de contratos del sector público, dado que excede de los límites de Trabajo, si bien les manifestó que tendrían su apoyo y el de Sumar en el Congreso.
"La ministra muestra una postura coherente sobre este tema y nos ha brindado su apoyo, lo que creemos que es muy importante ya que todos estamos de acuerdo que ahora que comienza la negociación de los Presupuestos Generales del Estado es el momento de implementar los cambios" trasladó a elEconomista.es el secretario general de alianzAS, Javier Sigüenza, la organización empresarial que surge con el objetivo de poner solución a esta coyuntura. Desde CCOO del Hábitat, Daniel Barragán, valoraba el encuentro en el mismo sentido. "La ministra se ha mostrado muy por la labor de hacer cambios, porque tiene elementos muy negativos para la aplicación de las subidas del SMI y el descuelgue de convenios, por lo que salimos satisfechos".
El grupo formado por las empresas del sector y los sindicatos mayoritarios ya tenía programado un encuentro con el Ministerio de Hacienda, según ha podido saber este periódico, pero tuvo que ser retrasado por la catástrofe de la DANA por lo que están a la espera de concertar una nueva fecha. Mientras que en paralelo han mantenido contactos con los principales grupos parlamentarios y estudian sondear a algunos de los partidos nacionalistas, claves para sacar adelante iniciativas en un Congreso de los Diputados completamente dividido.
Esta no es la primera vez que la responsable de Trabajo manifiesta su respaldo a esta reclamación, no obstante, estas palabras tienen un especial peso cuando el Gobierno está centrado en las negociaciones para sacar adelante las Cuentas Públicas de 2025, una vez salvada la reforma fiscal. Sobre todo porque esta medida no estaba en el listado de prioridades presentado por la formación de Díaz a finales de septiembre de cara a la negociación con el PSOE, por lo que sus planes pueden pasar por impulsar la modificación como una iniciativa independiente.