La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha activado este martes la subida del salario mínimo de cara a 2025. El departamento ha convocado a la comisión asesora, con nuevos integrantes, para que elabore un informe en el que recomiende qué incremento debería aplicar el Gobierno para mantener la renta mínima en el 60% de la renta mínima como estipula la Carta Social Europea suscrita por España. Sin embargo, la titular de Trabajo ha ido un paso más allá y ha reclamado "que no haya pérdida de poder adquisitivo", por lo que ha establecido la evolución del IPC como umbral mínimo para el aumento. Según los datos del INE a fecha de octubre, los precios han crecido un 2,1% de media en los diez primeros meses del año mientras la inflación interanual media ha sido del 2,8%.
El SMI quedó fijado en 1.134 euros mensuales en 14 pagas a comienzos de año, después de que el Ejecutivo llegase a un acuerdo con los representantes de CCOO y UGT del que no fueron partícipes ni CEOE ni Cepyme, ya que Trabajo no atendió las dos reclamaciones que hacían los empresarios: bonificaciones a las cotizaciones del campo y la modificación de la ley de desindexación por la que no pueden repercutir los incrementos salariales en los contratos públicos que tienen las compañías en vigor, algo que afecta directamente a los servicios que prestan a los ayuntamientos de todo el país. Por lo que la subida equivalente a la evolución del IPC se traduciría en 23,8 euros más al mes (si se usa el 2,1%) o 31,7 euros (si se emplea el 2,8%) y el salario mínimo se situaría entre los 1.158 y los 1.165 euros (16.212-16.310 anuales), si bien este es solo el suelo señalado por Díaz, de forma que podría ser mayor.
Los sindicatos han señalado que su reivindicación se dirigirá al entorno del 5% lo que se traduciría en un SMI muy próximo a los 1.200 euros mensuales, meta que ya se había marcado el sindicato de Pepe Álvarez para este 2024. De materializarse, el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, acumularía unas subida cercana al 60% desde la primera actualización, aprobada unos meses después de la moción de censura por la que relevó a Mariano Rajoy al frente del Consejo de Ministros. El anterior Ministerio de Empleo de Fátima Báñez se había marcado la meta de alcanzar los 850 euros mensuales en el año 2020, pero para entonces ya se había pactado con las organizaciones sindicales y con las empresariales elevarlo hasta 950 euros brutos al mes antes del inicio de la pandemia.
Integrantes de la comisión asesora SMI
El Gobierno renovó la comisión asesora del salario mínimo, de la que hace unos años formaba parte el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y al que ahora sustituye el director general de Política Económica, Victor Ausín. También incorpora a representantes de las carteras de Hacienda y Trabajo, así como a académicos de la Universidad de Salamanca (USAL), Universidad de Málaga (UMA), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o la Universidad de Oviedo (UNIOVI) y a economistas de CCOO y UGT, según trasladan a elEconomista.es fuentes gubernamentales, a pesar de que no se va a contar con ningún representante ni de CEOE ni de Cepyme.
Reacción de los empresarios
El Ministerio de Trabajo esperará a analizar el trabajo de este grupo para convocar la mesa de negociación con los sindicatos y las organizaciones empresariales, no obstante, la representación de las pequeñas y medianas empresas en esta mesa ya ha expresado su malestar por este anuncio. "El incremento del salario mínimo debe atender a criterios económicos, tal y como señala el artículo 27 del estatuto de los trabajadores sin ignorar la productividad de las empresas, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años" señalan fuentes de Cepyme. "Las pymes están inmersas en un periodo de merma de productividad debido, por un lado, al fuerte incremento de costes que han registrado en los últimos años y que les impide invertir en sus empresas, lo que incide a futuro también en la evolución de su productividad" añade la patronal encabezada por Gerardo Cuerva.
La organización empresarial incide en que el incremento de los costes laborales registrada desde 2019 y que se explica en parte por la última reforma de las pensiones -de la que solo respaldaron la primera parte- ha supuesto una carga superior para las compañías que cuentan con menos de 250 trabajadores. Cepyme cifra este aumento en un 19,5% frente al 15,8% sustentado por la gran empresa al comparar datos del segundo trimestre de estos dos años. En este periodo, con el Gobierno de Pedro Sánchez el salario mínimo ha crecido desde los 900 euros que fueron aprobados pocos meses después de la moción de censura hasta los 1.134 euros actuales y solo una de esas subidas ha contado con el respaldo de esta asociación y de CEOE.
