El Gobierno y Podemos han decidido suspender la reunión para negociar el diseño del nuevo impuesto energético después de que tanto Junts como PNV confirmaran este martes que se ausentarían por segunda vez del grupo de trabajo convocado por Hacienda para cumplir el acuerdo cerrado con los 'morados' para salvar la reforma fiscal.
La formación de Ione Belarra concluye que "no tiene sentido" que se sienten a hablar las formaciones que ya están de acuerdo sobre la necesidad de sacar adelante un nuevo tributo que grave los beneficios del sector energético, puesto que solo iban a acudir PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG y opta por llevar a cabo un diálogo bilateral con los socialistas hasta que estas dos formaciones no se incorporen a las conversaciones. La cita iba a tener lugar este miércoles, al término del pleno del Congreso de los Diputados, y previsiblemente iba a estar marcada por una de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado que busca eliminar el gravamen temporal que sigue en vigor.
"Podemos acudirá a todas las reuniones que sean útiles para lograr acordar un impuesto permanente a las energéticas. La reunión de hoy, sin embargo, no tiene razón de ser debido a que todos los grupos parlamentarios que han confirmado su asistencia están de acuerdo en impulsar este impuesto" explican fuentes del partido. "Es necesario que los representantes de las energéticas en el Congreso de los Diputados, Junts y PNV, asistan a la reunión para avanzar en la negociación, tal y como había comprometido el PSOE" añaden. La formación denuncia desde hace días que el partido mayoritario en el Gobierno ha incumplido lo acordado al no haber conseguido que los dos partidos contrarios al tributo acudiesen a la negociación, lo que les llevó a calificar la relación como "rota".
El Congreso de los Diputados debe decidir este jueves si incorpora las enmiendas presentadas por el PP en el Senado a la reforma fiscal, si bien, no se votará el proyecto de ley como tal, por lo que fuentes de los 'morados' descartan que esta decisión vaya a afectar a la posición que tomen en el pleno respecto al proyecto de ley para garantizar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes grupos y multinacionales. Por tanto, se espera que este grupo extienda la presión al Ejecutivo a los Presupuestos Generales del Estado de 2025 que ya han comenzado a negociar, después de que las bases del partido condicionaran su apoyo a una rebaja sustancial de los alquileres y la ruptura de relaciones con Israel.
La Cámara Baja también deberá decidir este jueves sobre el veto aplicado por el Senado a la ley de Eficiencia de la Justicia, que Podemos ha amenazado con apoyar después de que se haya incorporado al texto una enmienda negociada con el PNV para "agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada".
ERC, EH Bildu y BNG pactan tramitarlo después como proyecto de ley
El resto de socios de izquierdas sí que se han encontrado con representantes del departamento de Hacienda este miércoles, donde el Gobierno ha mantenido su compromiso de aprobar su extensión a través de un Real Decreto-ley antes de que finalice el año para poder aplicarlo en 2025 y como novedad, los presentes han acordado que el texto se tramite como proyecto de ley (una vez sea convalidado) para incorporar las deducciones negociadas con Junts y PNV, según han informado en un comunicado de prensa.
"De esta manera, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre entre ERC, EH Bildu y BNG con el Gobierno para garantizar que las energéticas sigan pagando lo que les corresponde. La fórmula pactada —decreto y posterior tramitación— es la única posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, así como su conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las Haciendas forales vasca y navarra" explican las formaciones.
Los tres partidos aseguran estar comprometidos "con el mantenimiento de este impuesto y con lograr las mayorías necesarias para su aprobación", para lo que dicen haber trabajado sin descanso para lograr este objetivo en todas las reuniones mantenidas en las últimas semanas. "El Real Decreto, por lo tanto, se aprobará en Consejo de Ministros, se debatirá en el Congreso y cada partido político deberá decidir y dar cuenta de su posición ante la ciudadanía" inciden.
