Gobierno y Junts proponen una distribución de la recaudación de su impuesto a la banca desigual entre las comunidades autónomas, que beneficiará en mayor medida a las que cuentan con un volumen de PIB más elevado, como Cataluña. La enmienda transaccional, que el jueves se someterá a votación en el pleno del Congreso y a la que ha tenido acceso elEconomista.es, aboga por un reparto de los ingresos a las regiones del régimen común "en función a su Producto Interior Bruto". Es decir, Madrid, Cataluña o Andalucía recibirán más del 50% de la recaudación total; por el contrario, otras como La Rioja, Cantabria o Extremadura obtendrán los menores recursos. No obstante, el Ejecutivo podría optar por distribuir la recaudación en función al PIB por habitante –tal y como hace el sistema de financiación– lo que también garantizaría mayores recursos a Madrid, Cataluña y Baleares. Esta novedad exigiría una regulación expresa del impuesto como tributo cedido, según explica Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense e investigador asociado de Fedea.
Este reparto se produce en pleno debate –soterrado por la actualidad- sobre la reforma de la financiación autonómica y las concesiones pactadas para Cataluña. La financiación singular supondría –según calcula Funcas– un trasvase de recursos a la hacienda catalana de 2.641 millones con un cupo calculado según su PIB; y de 4.519 millones si se estimase a partir de la población de la comunidad. A esto, se sumarían los rendimientos correspondientes del tributo. "El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las Comunidades Autónomas de régimen común mediante operaciones de tesorería", detalla el documento.
De esta forma Junts –uno de los firmantes de la enmienda– se anota un nuevo tanto en Cataluña, al igual que lo hizo el PNV tras conseguir que las haciendas forales pudieran gestionar el tributo. Esto permitirá al Gobierno de Imanol Pradales el poder de modificar tipos, condiciones de aplicación como exenciones, incluso aplicar bonificaciones de las cuotas, "algo que parece que podrían haber considerado los nacionalistas vascos para dejar fuera de la tributación a BBVA y a otras entidades procedentes de las antiguas cajas, como Kutxabank", según recuerda Onrubia.
Cabe recordar que la Agencia Tributaria ha logrado sumar 1.695 millones en 2024 por el gravamen temporal a las entidades financieras, que no contemplaba asignación alguna a las CCAA. La cantidad podría ser muy superior si consigue prosperar el pacto entre Moncloa y los de Carles Puigdemont. El nuevo tributo establece una escala de tipos que alcanza el 7% para aquellos bancos con márgenes de intereses y comisiones superiores a los 5.000 millones de euros. Según los resultados registrados en 2023, los tres más grandes –CaixaBank, Santander y BBVA– se sitúan en este tramo. La redacción establece otros cuatro escalones. Marca un tipo del 6% para aquellas bases mayores a 3.000 millones, que podría afectar al Banco Sabadell. Por detrás establece otras tres. Un tipo del 4,8% para bases de más de 1.500 millones, del 3,5% a partir de los 750 millones, y del 1% para las inferiores. Cabe recordar que el gravamen temporal establecía un tipo único del 4,8% a partir de 850 millones de ingresos anuales.
A ello, se añadirían los ingresos procedentes de las entidades extranjeras que tengan actividad en España. El nuevo impuesto proyectado amplía su rango de actuación sobre estos bancos, lo que podría afectar en especial a BNP Paribas. A la entidad francesa se le atribuyen unos ingresos superiores a los 800 millones de euros en España.
Guerra oculta del independentismo catalán
"Mañana, en la segunda votación, veremos si algunos partidos catalanes siguen junto a la derecha y la banca española o se sitúan junto a Cataluña", dijo ayer la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Miriam Nogueras. El debate sobre la reforma fiscal ha ensanchado –aún más- la brecha entre Junts y ERC, que acusan a los primeros de ser los "lacayos" de las energéticas, después de forzar la retirada de este impuesto dentro del paquete fiscal que será sometido hoy a su segunda y definitiva votación.
No obstante, su aprobación depende de Podemos, el único grupo que sigue sin confirmar su apoyo al texto. Es el último cabo que le queda por atar al equipo de María Jesús Montero, que llega hoy al pleno del Congreso extenuado tras la red de acuerdos tejidos durante los últimos días, a izquierda y derecha. De salir adelante la reforma, Pedro Sánchez se anotaría una gran victoria parlamentaria, pese a haber tenido –inicialmente– todo en contra. Por el contrario, el Partido Popular, que durante los últimos días ha tratado de incidir en la fragilidad de los apoyos con los que cuenta el Gobierno, asume que la reforma podría salir adelante.