El pacto de última hora que el Gobierno logró arrancar ayer a BNG, Bildu y ERC, después de una agónica Comisión de Hacienda, resucita el impuesto a la banca que Moncloa acordó con Junts, que –según confían desde la formación- será aprobado el jueves por el pleno del Congreso de los Diputados. La transaccional firmada junto a los de Puigdemont a la que ha tenido acceso elEconomista.es, endurece el tributo para aquellas entidades con mayores márgenes de intereses y comisiones, es decir, aquellos bancos con mayores beneficios. Añade un nuevo tramo a partir de 5.000 millones de euros de base imponible que pasarán a estar gravadas a un tipo del 7%. La propuesta inicial marcaba el tope en el 6%, para aquellas bases mayores a 3.000 millones. Esto se mantiene, junto con el resto de la escala proyectada: un tipo del 3,5% para bases de 750 millones, y del 4,8% para las que se sitúan por encima de los 1.500 millones. Cabe recordar que el gravamen temporal establecía un tipo único del 4,8% a partir de 850 millones de ingresos anuales. El cambio –por tanto- beneficia a los bancos medianos, que se verán beneficiados por la escala progresiva del nuevo impuesto.
Además, la nueva redacción amplía el radio de actuación del tributo sobre todas aquellas "entidades de crédito establecidas en España", es decir, que la figura gravará -si finalmente sale adelante- a todos los bancos que operen en España, con independencia de que tengan su sede social aquí. Esto es importante, ya que el impuesto dejará de afectar solo a los bancos españoles, para hacerlo también sobre entidades extranjeras. Esta era una de las demandas de la banca española que consideraba que el gravamen temporal ponía a las entidades españolas "en desventaja competitiva para financiar a nuestras empresas".
Todo dependerá de que Moncloa consiga consumar su plan para 'salvar' el grueso de la reforma fiscal que ayer fracasó en la Comisión de Hacienda. A pesar de que la enmienda transaccional que Junts, PSOE y Sumar firmaron fue rechazada por la mínima, podrá volver a ser votada el jueves en el pleno del Congreso. Sin embargo, en esta ocasión cuenta con más opciones de prosperar. El Gobierno logró trazar in extremis un acuerdo con BNG, ERC y Bildu, que podría desatascar los impuestos a la banca y energéticas. El Ejecutivo se comprometió a aprobar la permanencia de la tasa a las eléctricas vía real decreto. No obstante, el nuevo impuesto tendrá limitaciones –pactadas a su vez con Junts- y "no gravará a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización", según detallan fuentes de Hacienda. "Mientras nosotros hemos estado mes y medio negociando, los que ahora piden un impuesto a las eléctricas, ¿qué hicieron?", ha dicho hoy la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en declaraciones a TV3.
A cambio, las izquierdas se comprometen a aprobar el tributo a la banca pactado con los de Puigdemont, y lo que ha quedado de la frustrada reforma fiscal que el PSOE introdujo a través en enmiendas en la ley del impuesto mínimo del 15% a las multinacionales.
"El impuesto a la banca ayer decayó porque ERC, Bildu, PP y Vox votaron en contra", ha denunciado Nogueras. Solventado el veto de ERC y Bildu, todo depende de lo que decida Podemos, imprescindible para que la maniobra orquestada en La Moncloa tenga éxito. Su portavoz, Ione Belarra, ha insistido en que "no acepta tomaduras de pelo", pero no desveló si votarán a favor de una ley, sobre la que el Ejecutivo vincula el compromiso de aprobar la tasa a las energética.
"Es una buena noticia el avance del paquete fiscal, aunque la reforma fiscal ambiciosa y progresista que merece nuestro país sigue pendiente", ha insistido -por su parte- la portavoz del GP Sumar, Verónica M. Barbero. La formación no logró que el grueso de sus medidas (la supresión de las exenciones a las socimis o a los seguros sanitarios privados) fueran impulsadas.