La inconcreción del pacto suscrito por el PSC y ERC a finales de julio para investir a Salvador Illa al frente de la Generalitat dificulta avanzar cuál será el impacto de las medidas acordadas en las cuentas públicas. Sin embargo, los primeros análisis ya dibujan un debilitamiento del Estado por el denominado 'cupo catalán' por el que la Agencia Tributaria de Cataluña gestionaría la recaudación de los impuestos para después hacer una contribución limitada a la caja común. Uno de los efectos colaterales de este cambio sería la complejidad para responder a crisis económicas inesperadas, como las experimentadas en la última década, según apunta Funcas.
Esta es una de las conclusiones que extrae el investigador Santiago Lago Peñas en la última edición de los Cuadernos de Información Económica que analiza el pacto entre los socialistas y los republicanos catalanes en el que la "plena autonomía financiera del gobierno autonómico catalán" se sitúa como objetivo central, lo que rompe el esquema diseñado para las comunidades autónomas del régimen común. El texto establecía que la entidad catalana comenzaría a sustituir a la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) a partir de 2025 con la gestión del IRPF, lo que aumentará su capacidad normativa y le permitirá beneficiarse del cambio en las transferencias.
El estudio presume, por tanto, que se producirá una reducción en los ingresos de la administración central que no solo comprometería las inversiones o políticas a desarrollar al hilo de los Presupuestos Generales del Estado y a la distribución de recursos entre las diferentes comunidades autónomas, sino que también limitaría la capacidad de responder ante "choques asimétricos negativos". Es decir, a crisis que golpeen a España de forma diferente a los países del entorno, como sucedió con la crisis financiera de 2008 o con la pandemia por coronavirus. La explicación es que este paso ahondará en las diferencias en el sistema fiscal entre regiones, que vienen dadas por el régimen foral de País Vasco y Navarra.
Esta cesión de la totalidad del impuesto que grava las rentas de los ciudadanos no tiene referentes en otros países federales de la OCDE y limitaría el margen para definir la progresividad del sistema fiscal español, fijar criterios distributivos comunes para todo el territorio o implementar medidas que lleguen a toda la población, por lo que también se vería condicionada la respuesta a crisis de naturaleza económica (o de otro tipo) localizadas en algunos puntos del mapa autonómico, como sería el caso de la DANA y su impacto en Valencia.
"Una mengua de capacidad tributaria de la Administración central sin el correspondiente traspaso de sus pasivos financieros también afectaría negativamente al equilibrio entre el volumen de deuda acumulada por la Administración central y la base fiscal que la respalda" advierte el economista, lo que conllevaría un deterioro de la calificación crediticia de la deuda soberana española, ya que aumentaría el riesgo de que no pudiera hacer frente a las obligaciones adquiridas. Además, abriría la puerta a una "competición nociva" entre regiones a través del impuesto de sociedades, lo que eleva el riesgo de fraude fiscal.
El estudio subraya que para evitar estas consecuencias, el país tendría que dotarse de unos mecanismos de información y coordinación avanzados con los que a fecha de hoy no cuenta y recuerda que la experiencia con las haciendas forales "dista de ser óptima". De materializarse los compromisos asumidos por el exministro de Sanidad, estos supondrían "un punto de inflexión en el sistema de financiación autonómica" pero también en el reparto del poder y las relaciones entre el gobierno central y las comunidades autónomas, en opinión de este catedrático, dado que otras fuerzas nacionalistas intentarán avanzar en la misma dirección.
