El ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria (AEAT) ocultaron información al instructor del caso Montoro. De acuerdo a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción integrado en el sumario de la causa, los organismos "no atendieron en todos sus términos el requerimiento judicial" en lo relativo a la solicitud de los correos corporativos de los años clave de la trama, en los que se modificó el Impuesto a la Electricidad que, presuntamente, benefició a las empresas gasistas que habían contratado a Equipo Económico –la consultora fundada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro–.
"Ha podido comprobarse que se ha omitido la entrega de correos de los periodos interesados y que, por ejemplo, en el supuesto del director general de la AEAT, de una forma que resulta llamativa, se han entregado, en lo que respecta a los ejercicios 2012 a 2014, solo los meses de diciembre que archivan felicitaciones navideñas", expone el fiscal que asegura, además, que los organismos aportaron información "de otras reformas legislativas que no son objeto de investigación en la causa".
La Fiscalía defiende que la "documentación aportada en formato papel y digital ha permitido constatar que la documentación entregada no responde a las exigencias establecidas en el art. 70 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas".
Esta normativa recoge, por un lado, que la información a entregar ha de servir de "antecedente y fundamento" para el curso de la investigación y, por otro lado, que ha de integrar "cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias" necesarias.
El ministerio fiscal se sumó entonces a la petición formulada por los Mossos d'Esquadra respecto a dictar nuevos mandamientos judiciales "interesando el cumplimiento íntegro de los requerimientos acordados en autos de 16 de diciembre de 2021".
En concreto, solicitaban que tanto el ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos aportasen los "expedientes electrónicos completos, y el expediente de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, exclusivamente, en lo relativo al impuesto sobre Actividades Económicas y los Informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda que deben formar parte de cada uno de los expedientes solicitados.
El juez instructor había solicitado este conjunto de información en sendos autos emitidos en diciembre de 2021, en los que demandaba la entrega de copias completas de determinadas cuentas de correo electrónico de carácter personal y los empleados para desarrollar su trabajo por parte de las personas investigadas.
"El periodo temporal interesado se hacía coincidir con las fechas en las que se tramitaron las leyes y reglamento investigados en la causa, entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014 y entre el 1 de diciembre de 2016 y el 4 de julio de 2018" según explica el ministerio fiscal en el escrito en el que reclaman que se emitan nuevos mandamientos.
La Fiscalía concluye el escrito con fecha del 22 de mayo de 2022 solicitando que los mandatos recuerden que estos órganos públicos podrían encontrarse ante la comisión de un posible delito de desobediencia a la autoridad, "en el supuesto de que no se atienda el mandato judicial en todos sus términos".
Los años clave de la trama
Las comunicaciones y expedientes intercambiados entre 2012 y 2014 eran fundamentales para la investigación por ser los años en los que se fraguó la modificación del Impuesto Eléctrico para incluir en la bonificación del 85% de este tributo a las compañías para las que el consumo energético supusiera más de un 50% en su estructura de costes.
Y la investigación de los Mossos d'Esquadra recogida en este sumario, concluye que la contratación de Equipo Económico fue determinante para conseguir incorporar las demandas de las fabricantes de gas, agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), en el Proyecto de Ley aprobado en 2014.
El sumario, consultado por este periódico, recoge que el entonces ministro de Hacienda, Montoro, se reunió con las gasistas dos meses antes de incluir los beneficios fiscales que estas demandaban en el Anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros el 20 de junio de ese mismo año, pese a que en meses anteriores el personal del departamento se había opuesto a incluir a estas compañías como beneficiarias de esta exención fiscal. En 2018, sobre el que también se demandó información, se cambió el Impuesto de Actividades Económicas.