El Tribunal de Cuentas vasco ha detectado irregularidades en la contratación pública de la Diputación de Guipúzcoa durante el ejercicio 2023. Según el último informe de fiscalización del pasado mes de mayo, hay más de una cuarentena de contratos y expedientes públicos con deficiencias y anomalías en su gestión con un valor total de 490 millones de euros, incluyendo también algunas subvenciones y procedimientos internos de entes dependientes de la Diputación.
El organismo regulador enfatiza que hay gastos de 12,8 millones que no responden a ningún tipo de contrato en vigor y otros tantos de 14,3 millones de euros "ordenados por órgano no competente". Asegura, además, que hay expedientes adjudicados de forma directa sin regulación por otros tres millones de euros, o, incluso subvenciones otorgadas por 7,2 millones de euros sin estar sujetas a los llamados criterios de proporcionalidad. El Tribunal señala, en este sentido, que como consecuencia "veintiocho solicitudes no recibieron ninguna subvención".
Destaca asimismo otras dos ayudas públicas concedidas "para financiar paseos en triciclo a residentes en centros de personas mayores y para la realización de trabajos de identificación y catalogación de materiales", y dice que "al objeto de esta subvención podrían haber concurrido otras personas físicas o jurídicas, por lo que es posible la concurrencia estableciendo bases reguladoras como trámite previo para la concesión de la subvención".
Es decir, que no había una razón objetiva, a juicio del Tribunal, para conceder esa subvención de forma directa, sin abrir un proceso público. La Diputación alega, de hecho, que "podrían haber concurrido otras personas, pero hay que tener en cuenta que la idea no ha partido de la administración, sino que ha sido a instancia privada".
El informe destaca también otra ayuda directa a una fundación por un importe de casi 700.000 euros, que ni siquiera se llegó a publicar en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, y otra de 3,1 millones de euros que se publicó "con un retraso entre once y diecisiete meses respecto al plazo previsto en la normativa".
Otros contratos
Por otro lado, también hay deficiencias jurídicas en dos concesiones de obra y explotación de servicios sociales en Irun y Elgoibar, valoradas en 352,2 millones de euros. Según explica en el informe, los pliegos de estos contratos "permiten modificar el número de plazas contratadas sin criterios claros ni previsibles" y esto no garantiza el equilibrio económico, tal y como exige la normativa. Por lo que, explica que de algún modo la Diputación Foral podría estaría vulnerando el principio de "legalidad contractual".
Hay, por ejemplo, otra veintena de adjudicaciones de 3 millones de euros que fueron tramitadas como "contratos menores" o bajo "servicio de atención temprana", cuando, a juicio del organismo fiscalizador, "por importe, como mínimo, deberían haber sido tramitados mediante procedimientos abiertos simplificados". En sus alegaciones, la Diputación asegura que "no ha contratado el servicio de atención temprana, sino que, en su caso, ha tenido intención de concertar, y en la actualidad se está elaborando la convocatoria para la concertación del servicio".
¿Un sueldo 'extra'?
El Tribunal de Cuentas vasco destaca también que se aprobó un sueldo 'extra' para una gerente de la Fundación BSTK, uno de los entes públicos con gran protagonismo en la región, y esto carece de "cobertura legal". Según dice, se concedió un contrato de alta dirección al mismo tiempo que se aprobó una paga extra de 15.906 euros por su "dedicación adicional".
"La especial dedicación ya está contemplada en el contrato de alta dirección, por lo que el complemento aprobado carece de cobertura legal. Por otra parte, el complemento abonado es superior al aprobado en un 2,5%", recoge el informe. La Diputación considera, sin embargo, que las tareas de la gerente "excedían notoriamente por su volumen, complejidad y dedicación, de las prestaciones usuales y dedicación pactadas en el contrato".