La crisis de la agricultura europea se infiltrará, de la mano de Emmanuel Macron, en la primera cumbre europea de 2024. El encuentro estaba inicialmente programado para focalizarse en los presupuestos europeos y en la ayuda a Ucrania pero el jefe de Estado francés, muy presionado por las protestas de los agricultores en su país, se afanará en hacer hueco a este tema en el orden del día. Y lo hará de un modo que afecta precisamente al auxilio europeo a Kiev. En concreto, Macron propondrá que una parte del fondo especial de 50.000 millones con el que Bruselas quiere seguir ayudando al Gobierno de Volodimir Zelenski se replantee, y se destine al sector agrícola de la UE. El Ejecutivo europeo está dispuesto a estudiar esta posibilidad, como evidencia el hecho de que ya se baraja un encuentro informal de Ursula von der Leyen y Macron antes del Consejo propiamente dicho.

La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la nueva vicepresidenta primera del Gobierno en sustitución de Nadia Calviño, que deja el Ejecutivo para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una breve comparecencia en el Complejo de La Moncloa para detallar los cambios en el Ejecutivo por la salida de la también ministra de Economía. Montero deja la vicepresidencia cuarta y pasa a ocupar la vicepresidencia primera, y será la encargada de presidir los Consejos de Ministros en ausencia de Sánchez. No obstante, aunque será la encargada de coordinar parte de la política económica del Gobierno, no asumirá la cartera de Economía, un cargo para el que ha sido nombrado Carlos Cuerpo, un perfil técnico de la máxima confianza de Calviño, hasta ahora secretario de Estado del Tesoro. Cuerpo será quien presida la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Los agentes sociales protestan contra la aprobación del cambio en el Estatuto de los Trabajadores que se pliega a las exigencias nacionalistas que da primacía a los convenios autonómicos cuando sean más beneficiosos para el trabajador, sobre aquellos de carácter nacional o sectorial. El enfado de la patronal es especialmente intenso considerando que la medida dinamita el diseño del diálogo social tal y como está planteado desde 2011 (con anterioridad incluso a la reforma laboral del PP), en el que las organizaciones empresariales desempeñan un rol especialmente importante, "en cuanto a la centralización del poder decisorio" sobre los convenios a escala de todo el territorio español.

Las proyecciones que la Agencia Tributaria maneja sobre cómo terminará la recaudación por impuestos este año, a las que ha tenido acceso elEconomista.es, muestran importantes sombras. La primera de ellas concierne al IVA, dado que el Fisco ya asume que el más importante de los tributos indirectos cerrará el ejercicio prácticamente estancado o, en el mejor de los casos, con un crecimiento mínimo, cercano a cero.

Menos de 24 horas después de que el Gobierno hiciera oficiales sus proyecciones de reducción del déficit público, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propina un contundente varapalo a esa hoja de ruta. La AIReF cuestiona por completo el llamado Plan de Reequilibrio criticando su proceso de elaboración (contrario a la Ley de Estabilidad) y, lo que es más importante, su contenido. En concreto, el organismo supervisor avisa de que el cumplimiento de las reglas fiscales europeas exige una reducción del déficit estructural más ambiciosa, equivalente al 0,64% del PIB (en torno a 8.600 millones) cada año desde 2025 hasta 2028.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó ayer que los Presupuestos Generales de 2023 se prorrogarán, a la espera de que unos nuevos puedan aprobarse "en el primer trimestre" del año próximo. La prolongación de los plazos suele achacarse a una mera cuestión de tramitación parlamentaria. Lo cierto, no obstante, es que el Ejecutivo quiere sacar provecho de la prórroga para hacer un ajuste solapado del gasto público en el próximo ejercicio. Es más, podrá confirmar ante Bruselas que tiene los deberes hechos en este sentido ya en la inminente reunión del Ecofin que se celebrará este mes.

Economía

La reunión del Ecofin en la que podría decidirse quién preside el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es inminente y el Gobierno perfila su plan definitivo para sustituir a Nadia Calviño, en caso de que salga del Gobierno para liderar esa institución europea. Fuentes cercanas a Moncloa y a Ferraz aseguran que la mejor posicionada para el ascenso a vicepresidenta primera es ahora María Jesús Montero.

Los próximos Presupuestos Generales se arriesgan a afrontar su tramitación parlamentaria sin que en su articulado se concreten suficientemente unos datos cruciales: los topes de déficit y deuda a los que deberán someterse las diferentes Administraciones el año próximo. Ése es el elevado peaje que el recién formado Gobierno se muestra dispuesto a pagar para aminorar los efectos del veto que el Senado (controlado por el PP) impondrá, con toda seguridad, a las nuevas Cuentas.

El recién reelegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere mantener en el Ejecutivo a Nadia Calviño como vicepresidenta primera, sin que las aspiraciones de la también ministra de Economía a liderar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) supongan un obstáculo. Muy al contrario, la elección del nuevo presidente de la institución con sede en Luxemburgo aún puede demorarse hasta la primavera de 2024, y Sánchez está dispuesto a mantener el puesto de Calviño en el Consejo de Ministros, con sus atribuciones actuales, durante el tiempo que sea necesario. Así lo revelan a elEconomista.es fuentes conocedoras de la hoja de ruta que el jefe del Ejecutivo ya elabora.

El registro de la Ley de Amnistía en el Congreso está muy lejos de significar que Carles Puigdemont tenga las puertas abiertas para regresar a España de modo inminente, sin riesgo de ser detenido. Muy al contrario, existe unanimidad entre los juristas consultados por elEconomista.es sobre la carrera de obstáculos (sobre todo en el Senado, cuyo reglamento ya ha reformado el PP) que afrontará el texto legal antes de llegar al BOE.