Bruselas / Madrid
Agosto de 2026 sigue marcado a fuego en el calendario de la Comisión Europea como el tope temporal para que los Estados miembro reciban y ejecuten las transferencias y créditos Next Generation. Ahora bien, ante lo apurado del calendario para países como España, cuya demora es ya notoria, el Ejecutivo comunitario hace gala de realismo y ofrece varias opciones para que los proyectos ligados a los NextGen no se retrasen aún más o queden bloqueados sin remedio. Entre ellos, figura la autorización de que esas iniciativas sean financiadas por otro tipo de fondos comunitarios ya en funcionamiento y que exigen menos requisitos para su despliegue.
De acuerdo con las opciones que maneja el llamado Paquete de Primavera presentado este mes por la Comisión, entre las opciones que se barajarían se encuentran los fondos estructurales, o los recursos del vehículo denominado Invest EU, especializado como su terminología indica en movilización de inversiones.
También se encuentra sobre la mesa el recurso al recurso a partidas de los Presupuestos Generales de la Unión, o también a inyecciones de capital a bancos nacionales intermediarios del Banco Europeo de Inversiones (BEI), como ya ha hecho Portugal.
Todas estas vías presentan el denominador común de que también tienen capacidad para canalizar miles de millones de euros y, todavía más importante, su funcionamiento no se somete al límite temporal de 2026.
Si la iniciativa de la Comisión prospera, es también probable que se viera acompañada de un amplio recorte, o simplificación, en los requisitos que España tiene que cumplir para acceder a los NextGen. Entre ellos, Moncloa tiene asignaturas pendientes de tanto peso como la aprobación del alza fiscal al diésel o la reforma de las políticas activas de empleo –ninguna de las cuales tiene mayoría que la respalde en el Congreso.
Pero, además, Bruselas también abre la puerta a que programas relacionados con la Defensa se beneficien de los recursos vinculados a los Next Generation lo que, de confirmarse, implicaría un alivio todavía mayor para Moncloa en un ámbito tan espinoso como es el incremento del gasto militar y de seguridad.
El presidente Sánchez ha reconocido que quiere elevar el desembolso en esa rúbrica utilizando mecanismos que no necesiten el referendo del Parlamento, donde tampoco estas políticas concitan el respaldo necesario de los partidos.
La gestión del Plan de Recuperación y Resiliencia encaja a la perfección en esa estrategia. No en vano se trata de una competencia exclusiva del Ejecutivo no necesita refrendo de la Cámara Baja, ni siquiera la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
De momento, los instrumentos al alcance del Gobierno para elevar el gasto en defensa se limitan a la redenominación de partidas presupuestarias ya existentes, junto al uso de sobrantes procedentes del Fondo de Contingencia frente a catástrofes y al Fondo de Liquidez Autonómica.
Por el contrario, los recursos que movilizan los Next Generation son mucho más cuantiosos, lo que implica una ayuda de inestimable valor cuando los compromisos que la UE y, sobre todo, la OTAN exigen en el ámbito de la Defensa son cada vez más ambiciosos. Fue este mismo mes cuando la Alianza Atlántica y EEUU reclamaron a sus socios que eleven al 5% del PIB su aportación.
Moncloa tendrá que reconocer qué exigencias ya no puede cumplir
El cierre del próximo mes de septiembre es el plazo tope para que los Gobiernos pidan su último pago y cierre de diciembre de 2026 el plazo para que Bruselas realice la última entrega de fondos Next Generation. En ese lapso de tiempo, de poco más de un año, la Comisión Europea estima que los países podrán recibir como máximo tres pagos más. Por eso es tan importante revisar los planes, eliminar los compromisos inalcanzables, adelantar los que ya se han cumplido y agilizar las entregas de fondos.
Más detalladamente, en su análisis sobre el plan español, la Comisión Europea señala los cuellos de botella relacionados con la absorción de fondos, "especialmente dada la concentración de inversiones hacia el final del periodo de implementación", apunta el documento. "Estos retos se ven agravados por el gran volumen de fondos canalizados a través de instrumentos financieros", agrega el Ejecutivo comunitario.
Además, al reforzar la coordinación entre los distintos niveles de la administración, y la racionalización de los procedimientos, se podría "acelerar la absorción de los fondos y a garantizar que la ayuda llegue a tiempo a los beneficiarios finales", sugiere el Ejecutivo comunitario.
Bruselas también desvelaba un desfase, a priori previsto, del 20% entre la cuantía de fondos desembolsados y los que han llegado a la economía real. Una coyuntura aplicable a todos los Estados miembro.
En cuanto a la ejecución, en el caso español se encuentra en su mínimo histórico, con un nivel inferior al 0,5% sobre lo presupuestado para el conjunto de 2025, al cierre del primer trimestre de este ejercicio.