La economía que, en los últimos años, presenta el mayor crecimiento de toda el área OCDE no puede presumir de que el motor de ese avance sea la inversión de sus empresas. Muy al contrario, la comparativa de los niveles más actuales de esa variable –correspondientes al primer trimestre de 2025– con los presentados en el cierre de 2019 –situando este periodo como nivel 100 de la comparativa– muestra cómo la llamada Formación Bruta de Capital Fijo se encuentra prácticamente en la cota inmediatamente anterior a la pandemia de Covid-19.
Se trata de una anomalía, corroborada a elEconomista.es por el economista jefe para España y Portugal del Servicio de Estudios de BBVA, Miguel Cardoso. "El PIB ha avanzado ya casi diez puntos en dicha escala en el mismo periodo", remarca el experto, para quien es "atípico" que la evolución de la inversión no haya sido la misma o incluso superior desde 2019. Cardoso abunda en esta paradoja resaltando que, "con una recuperación como la que hemos tenido en otros ámbitos, deberíamos estar viendo flujos de inversión mucho mayores".
La previsión es oportuna considerando que han quedado muy atrás problemas que tanto han perjudicado a esta variable económica como la alta inflación que siguió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, o la ruptura de la cadena global de suministros que acompañó a los peores momentos de la pandemia.
Y la extrañeza se eleva más si se analiza la Formación Bruta de Capital en su detalle, desgranando sus principales componentes. La comparativa con 2019, siempre basada en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat, delata incluso caídas en algunos apartados. Más en concreto, la inversión en material de transporte llega a estar doce puntos por debajo del nivel que marca como referencia el ejercicio 2019. En el caso de la construcción, allí la Formación Bruta de Capital no mengua, pero crece un muy escaso 1%.
Sin signos de los 'NextGen'
"La situación de esta última es especialmente llamativa dado el desequilibrio que existe entre demanda y oferta de vivienda, o el impacto que deberían haber tenido los fondos Next Generation de la Unión Europea", tercia Cardoso. En coherencia con esta última tesis, ni siquiera las licitaciones públicas están llevando a una mejora consistente de la capacidad productiva de nuestro país lo que, según otros expertos, como los propios del Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la patronal CEOE, podría tener relación con los efectos acumulados de la interinidad que supone no contar con nuevos Presupuestos aprobados desde 2023.
En nada contribuye a mejorar la situación el hecho de que no hay viso alguno de mejora en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que han tocado su mínimo en el primer trimestre del presente ejercicio.
En paralelo, el músculo inversor de las empresas se ve entumecido por otros lastres como es la excesiva carga tributaria que soportan en nuestro país. El sumatorio de los gravámenes fiscales directos e indirectos propiamente dichos, junto al desembolso ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social, provoca que España sea la cuarta economía de toda la UE que más recauda de las empresas, con un total que asciende a casi el 50% de los ingresos tributarios totales, e acuerdo con la más reciente contabilización del think tank Tax Foundation.
Sea cual sea la causa, lo cierto es que ningún Estado miembro de la UE comparable a España muestra tal pereza en lo que al impulso de la inversión de sus empresas se refiere. Francia e Italia constituyen casi un mundo aparte en cuanto al ímpetu en este apartado. En el caso del país presidido por Emmanuel Macron, la inversión ya era un 1,4% más elevada que la registrada en el periodo pre-crisis Covid a finales de 2021, un porcentaje que también palidecía frente al incremento del 5,1% en idéntico periodo, propio del país ahora dirigido por Georgia Meloni.
Alemania ha ofrecido el caso más semejante al español, pero con importantes salvedades. No en vano la brecha que arrastró la formación de bruta de capital fijo en la locomotora europea respecto al último trimestre de 2019 apenas rebasó el medio punto porcentual en los momentos en que alcanzó su mayor amplitud, y el gap se cerró por completo con mucha mayor celeridad que en el caso de nuestro país.
La mayor caída de productividad desde 2013
Otra variable clave junto a la inversión que muestra una llamativa resistencia a normalizarse, la productividad, ha mostrado sistemáticamente resultados muy negativos en los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona a Eurostat, aquéllos con los que esta última institución hace sus comparativas a escala comunitaria. De hecho, las cifras revelan cómo el rendimiento por trabajador y hora trabajada en nuestro país sufrió la mayor caída de toda la eurozona (10,6 puntos) desde el final de la crisis de 2008-2013 hasta 2021, sin que la diferencia esté por completo cerrada.
España empata así con Grecia, una economía mucho más pequeña y con un problema de ínfima productividad enquistado desde hace décadas y que en gran parte agravó el problema de deuda soberana sufrido por el país heleno en el inicio de la pasada década. Ese contexto deja en muy mal lugar a España a los ojos las autoridades europeas y se abrió una polémica con el INE sobre el modo en que debía medirse esta variable.
El Gobierno llegó a sugerir un cálculo alternativo del PIB (el llamado PIB diario), basado en una recopilación más recurrente de diversos indicadores de actividad, gracias al cual variables como la productividad serían capaces de experimentar una notable mejora, pese al gran peso que sectores de bajo valor añadido y el empleo público tienen en España.
Cronificación
Es más, la inquietud de la UE por la cronificación de este problema en España hizo que la Comisión instara a Moncloa en 2019, antes de la crisis del coronavirus, a crear un organismo específico para su vigilancia, que se llamaría Comité Nacional de Productividad.
Ha sido con el ministro de Economía Carlos Cuerpo cuando esta institución ha dado sus primeros pasos. El mencionado Consejo cuenta con autonomía funcional y con la participación del Ministerio de Trabajo, junto al departamento que Cuerpo dirige. Los componentes de su cúpula cuentan con un mandato de cinco años improrrogable.