Economía

La UE bajará hasta un 20% las ayudas agrarias para pagar el gasto en Defensa

  • Bruselas abre este mes las negociaciones sobre el Presupuesto para 2028-2034
  • La Comisión quiere unificar los Fondos de Cohesión  y los destinados al campo
Un hombre durante el XXVIII Concurso de Poda de Olivo, a 6 de abril de 2025, en Mora, Toledo, Castilla-La Mancha.

El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen pondrá este mes sobre la mesa su propuesta de Presupuestos Generales comunitarios para el periodo 2028-2034. El debate será arduo, pero ya se puede anticipar que abordarán unas Cuentas con cambios radicales respecto a formulaciones anteriores. Hasta el punto de que uno de los pilares de la integración europea, la Política Agraria Común (PAC), se arriesga a un recorte de hasta el 20% de sus recursos, con objeto de liberar fondos para las crecientes necesidades defensivas de la Unión.

Así lo anticipan ya a elEconomista.es fuentes muy cercanas a las negociaciones que empiezan a conformarse en Bruselas. La PAC moviliza actualmente 386.000 millones de euros, lo que implica que el capital detraído en beneficio del mayor desembolso militar ascendería a más de 77.000 millones.

El preámbulo de lo que puede venir, y que ha hecho saltar las alarmas, lo marcó la intención de Bruselas de aunar bajo una misma partida los recursos que hasta ahora se clasificaban como fondos agrícolas propiamente dichos y Fondos de Cohesión, dos partidas que, hasta ahora se distinguían escrupulosamente.

Los Fondos de Cohesión constituyen una partida gigante –hasta el punto de representar hasta un tercio del presupuesto comunitario total–, en la que la PAC quedaría muy diluida, de modo que perdería protagonismo (y recursos).

Para sostener tal modificación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmaba que el Presupuesto actual "había sido diseñado para un mundo que ya no existía, el mundo de 2020". Aludía así a las turbulencias geopolíticas que han apremiado al bloque a poner en marcha una estrategia para rearmar Europa con la que se pretende movilizar 800.000 millones de euros en capital público y privado. Un plan que se complementaría con la partida adicional que incluirá las cuentas europeas. Ante la visión de un presupuesto más flexible, en detrimento de la agricultura, el sector reclama un mayor apoyo al presupuesto común para el campo, que se ajuste al alza de la inflación y ha mostrado su preocupación ante la idea de aunar las ayudas de su actividad con los Fondos de Cohesión.

El lobby agrícola incluso saca músculo y, a principios de mayo conseguía el apoyo del Parlamento Europeo para incrementar la partida de fondos que se destinan a la Política Agraria Común. Si bien la propuesta salió adelante con 317 votos a favor, 206 en contra y 123 abstenciones, lo cierto es que tiene que presentarse a la Comisión Europea para que la tome en consideración.

Es más, pese a los reclamos de la Eurocámara, ya hay señales de que Bruselas no los ve con buenos ojos. El comisario de Agricultura, Christophe Hansen, ha procurado bajar las expectativas ya en varias ocasiones ya que cree que hay poco que hacer para aumentar las contribuciones a los agricultores en un momento en el que la UE pretende aupar el gasto en defensa.

Los agricultores rechazan también que la propuesta presupuestaria de Bruselas plantee un "plan nacional por Estado miembro que, a modo similar del Plan de Recuperación de la pandemia, permita el desembolso de fondos una vez se hayan cumplido ciertos objetivos pactados entre el Estado miembro en cuestión y la Comisión Europea. Una fórmula que desgastaría y ralentizaría la entrega de financiación.

"Necesitamos intervenciones europeas más fuertes, Comisario, no nuevos planes nacionales gestionados por las capitales y que excluyan a los organismos regionales", dijo el eurodiputado socialista Stefano Bonaccini ante el Comisario europeo de presupuesto, Piotr Serafin. Tampoco es entusiasta de la propuesta el Tribunal de Cuentas de la UE, que considera que fusionar los presupuestos podría dar lugar a una menor transparencia y a un uso indebido del dinero.

Las protestas comenzaron

El reclamo ha sido trasladado en Madrid en forma de protestas ante la Comisión Europea. El pasado mayo los agricultores se manifestaban en favor de un presupuesto comunitario más justo. "Es el momento de dejar las pérdidas en la PAC, de que se ajuste el presupuesto a la inflación y que se retribuya justamente a agricultores y ganaderos", decía el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, en declaraciones a los medios en la movilización de Madrid.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, también trasladó su petición a Bruselas. Lo hizo la pasada semana, en un encuentro en la capital belga con el comisario de Agricultura a quien explicó que es necesario que la PAC mantenga un presupuesto propio, de nuevo, ajustado a la inflación y con objetivos claramente definidos.

Pero no solo eso, la organización ha defendido que se mantengan dos estructuras diferenciadas para el fondo europeo de garantía agraria (Feaga) y para el fondo europeo de desarrollo rural (Feader) y ha criticado que se utilicen las ayudas directas como herramientas para cumplir con objetivos de gestión climática. Ha pedido también que el paquete de simplificación agrícola se apruebe por la vía rápida y sin enmiendas para que entre en vigor antes de la próxima campaña.

El rol de Ucrania

Por otro lado, Ucrania es desde que estalló la guerra un nuevo actor en el mercado agrario de cereal. La importación de producción desde este país ha minado duramente la competencia en el mercado único, con la entrada de cereal a precios más bajos que en el mercado comunitario.

En este escenario, Asaja pedía también tener en cuenta el posible impacto de la adhesión de Ucrania a la UE, tanto por las distorsiones que podría generar en el mercado, como por la competencia desleal y la pérdida de ayudas en ciertas regiones en favor de Kiev. Su entrada, cree, debe gestionarse con la perspectiva de una reforma profunda en el marco financiero plurianual en la que figuren salvaguardas eficaces.

Por la parte que corresponde a los ministros de Agricultura de los Veintisiete tampoco es que la noticia haya caído muy bien. Una carta conjunta respaldada por 14 países, entre ellos Francia, Austria, Irlanda, Portugal y Letonia dejaba clara su perspectiva: "Otra reforma sustancial pondrá en peligro la tan necesaria estabilidad y previsibilidad del sector agrícola y la seguridad alimentaria". Los ministros insisten en que la PAC debe permanecer "separada, dedicada e independiente", con su estructura de dos pilares intacta.

En mayo también, Grecia e Italia capitaneaban el rechazo de redirigir los 386.600 millones de la PAC hacia un instrumento más flexible. La propuesta de Bruselas de unificar fondos de Cohesión y Agrícolas será "la muerte de la Política Agraria Común", reclamaba el ministro de agricultura portugués, José Manuel Fernandes.

Una nueva amenaza

No son pocos dentro de la UE los que visionan esta fórmula como una amenaza a los recursos compartidos dentro de la política agraria comunitaria, el que fue uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea. De esta forma, será más difícil constatar que la política agraria continúa siendo una prioridad para el bloque.

Se pronunció también en este sentido el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas: "No hay que elegir entre cañones y mantequilla", aseguraba en marzo. "Seguiremos luchando en el Consejo y en el Parlamento [Europeo]", dijo. "Espero que la Comisión no cometa el error de presentar una propuesta que no responde a las expectativas básicas del sector".

Esas expectativas son, inevitablemente, diferentes según el país que se considere, de acuerdo con la distribución que presentan los recursos de la Política Agraria Común. Desde esta óptica, Francia es el primer país beneficiario de los fondos articulados bajo esa rúbrica, con el 17,1% de los recursos; le sigue España, con un 12,5% y posteriormente Alemania e Italia, con un 11,2% y un 10,5%, respectivamente. En cuanto al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), Francia e Italia se sitúan al frente de los beneficiarios, con un 13,1% y 10,1%, respectivamente, seguidas de Alemania, con un 9,3% y Rumanía 8,3%.

La idea que planteaba la jefa del Ejecutivo comunitario era la de unificar la partida de fondos de Cohesión y fondos Agrícolas en un mismo fondo para asociaciones regionales y nacionales de inversiones y reformas. No ha tenido una gran acogida, precisamente. Serían así tres pilares los que sustentarían el presupuesto comunitario, un fondo para Competitividad, una estrategia global europea y este conglomerado de fondos.

Hay opciones más allá de jibarizar la agricultura para elevar el gasto en Defensa. Muchas voces sugieren la necesidad de una corrección de los desequilibrios en el desembolso militar para que los que gastan menos pasen a gastar más recurriendo a sus recursos internos. Lo recoge así un estudio reciente del think tank económico Bruegel. Al fin y al cabo, se trata del detonante más claro a la hora de reequilibrar la balanza de las cuentas comunitarias, desequilibradas desde los tiempos del Covid.

Recursos para ampliar la financiación

El presupuesto comunitario afronta otro hándicap y es el vencimiento del plan de Recuperación de salida de la pandemia. Será en esas cuentas en las que se deberá comenzar a incluir la financiación pedida a los mercados para poder desembolsar los pagos de los fondos 'Next Generation' y los préstamos asociados. Una partida que asciende a unos 30.000 millones al año, quinta parte del presupuesto comunitario, o los 650.000 millones de euros en total.

Es ante esta tesitura que la idea de elevar las aportaciones que hacen los países a las arcas comunitarias se antoja cuanto menos polémica para algunos Estados miembro, principalmente, los frugales: como Alemania o Países Bajos, aunque no Dinamarca, que últimamente se subió al carro de los países, como España, que se inclinan por utilizar recursos comunes.

La otra fórmula para llevar el presupuesto comunitario más allá de ese 1% del PIB de la UE sería mejorar la recaudación que se genera a través de recursos propios. Bruselas ponía sobre la mesa posibles disposiciones para complementar los mecanismos ya existentes, como el mecanismo de ajuste de carbono en frontera o el comercio de emisiones de CO2. Aunque la propuesta para gravar las emisiones y los beneficios de las empresas está bloqueada en el Consejo desde 2023.

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