La interinidad presupuestaria en la que está sumida España desde el año pasado, para la que no hay un fin previsible en pleno 2025, no implica que las cuentas del sector público estén exentas de controles y límites. Muy al contrario, la regla de gasto –fijada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria– mantiene plena vigencia pese al caso omiso que hace de ella el Estado. En concreto, la Administración central incrementa su desembolso a un ritmo anual del 6,8%, frente al límite del 2,6% que establece la mencionada norma.
Así lo reflejan los datos más recientes, publicados a inicios de este mismo mes, por la Intervención General del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Así, las cifras referentes al conjunto del ejercicio 2024 muestran cómo el gasto efectivo del Estado se situó el año pasado en 172.552 millones de euros, frente a los 161.504 millones propios de 2023. El informe de la IGAE no se resiste a señalar cómo en este deterioro tienen una influencia creciente, aunque no exclusiva, "los gastos extraordinarios derivados de sentencias judiciales por importe de 6.582 millones de euros, frente a los 634 millones de gasto de esta naturaleza registrado en 2023".
Se trata de un fenómeno vinculado con la mala calidad jurídica de las disposiciones judiciales promulgadas en los últimos años, que ha hecho saltar las alarmas incluso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Ya sean litigios relacionados con impuestos –hidrocarburos, IRPF o Sociedades– o incumplimientos de trasposiciones en lo que concierne a las directivas comunitarias, o bien aplicaciones mal diseñadas de disposiciones normativas –como la relativa al canon hidráulico–, lo cierto es que los gastos relacionados con los reveses jurídicos al Estado amenazan con superar los 12.000 millones en años venideros, de acuerdo con la AIReF. Pero no son los responsables de las cuentas estatales los únicos que deberían sonrojarse del modo en que menosprecian la regla de gasto.
También los Gobiernos de las comunidades autónomas tienen sus motivos. En realidad, el límite del 2,6% anual para el desembolso público rige igualmente para cada una de las tres Administraciones públicas y, en lo que respecta a los Gobiernos regionales, el promedio de crecimiento fue del 5,1% el año pasado. En otras palabras, trece autonomías superaron, en muchos casos, con creces el tope que marca la Ley de Estabilidad. No cabe alegar que el pasado terminó siendo un ejercicio inusual debido a catástrofes como la DANA, dado que la IGAE deja claro que excluye de sus cifras la influencia de extraordinarios de ese tipo.
Las autonomías que cargan a sus espaldas con los incumplimientos de mayor envergadura son Islas Baleares (14,5%), La Rioja (14%), Navarra (10%) y Galicia. En el otro extremo del espectro, solo hay cuatro territorios cumplidores con la regla de gasto: Andalucía, Castilla La Mancha, Canarias y Extremadura.
Alumnos aventajados
Únicamente las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) pueden preciarse de ser los alumnos aventajados, en cuanto a su buen cumplimiento, dado que su gasto no solo no creció en 2024, sino que descendió un 2,3% en relación a 2023.
El mal comportamiento de Estado y autonomías es un fenómeno que no extraña a los expertos consultados, teniendo en cuenta que, a los ojos de los supervisores de Bruselas, los números están en orden. En concreto, en 2024 no hubo procedimiento de déficit excesivo abierto a nuestro país por el Ejecutivo comunitario, al igual que tampoco lo habrá este año, según adelantó el comisario Valdis Dombrovskis. No en vano el buen comportamiento de los ingresos fiscales, al calor del fuerte crecimiento del PIB, compensa el aumento del gasto en términos de déficit y deuda públicos. Del mismo modo, el crecimiento de la economía, todavía muy superior al 2% interanual, también diluye la envergadura real de dos variables contables como ésas, que precisamente se miden en relación al PIB.
Ahora bien, la crisis de 2009-2013 dejó clara la necesidad de establecer mecanismos autónomos que controlen el incremento del gasto público con una perspectiva de la evolución de la economía más ceñida al medio plazo. Más concretamente, la previsión de crecimiento de la Economía que calcula el Ministerio dirigido por Carlos Cuerpo, con arreglo a la metodología definida por la Comisión Europea, pronostica un avance promedio de nuestro país del 2,6% en los próximos cuatro años. Y ésa es precisamente la referencia máxima que la regla de gasto marca para el avance del desembolso de los tres niveles de la Administración.
Es tal la importancia de esta disposición que mantiene toda su vigencia aun cuando no se hayan aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado, como ocurrió en 2024 y ha vuelto a pasar en este ejercicio.
Ante los incumplimientos, la ley es taxativa y establece que los Gobierno infractores deben presentar planes de ajuste de sus desembolsos para los próximos años. Ahora bien, lo cierto es que éste es el punto más débil de la ley, ya que situaciones semejantes a la propia de 2024 se han presentado recurrentemente en los últimos años, incluso en los ejercicios previos a la pandemia del Covid.
Sin embargo, el Gobierno central ha sentado el negativo precedente de hacer caso omiso de esa obligación y sus homólogos autonómicos han seguido su ejemplo en los últimos años.