Una salida mucho más rápida de lo previsto de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, del Gobierno central se perfila como la solución que podría tomar el presidente Pedro Sánchez para salir de la endiablada situación en la que lo sitúan dos de los más importantes retos del nuevo curso. En cuestión de pocos meses, se solaparán las negociaciones de la nueva financiación autonómica, con objeto de dar cabida al modelo singular catalán, y un más que plausible adelanto electoral en Andalucía.
En Moncloa son muy conscientes del enorme desgaste que va a sufrir la candidata socialista a presidir la Junta de ese territorio, antes incluso de que termine el año 2025, si continúa en sus funciones actuales. La aprobación, en el Consejo de Ministros de hoy, de la quita de deuda contraídas con el Fondo de Liquidez Autonómica –diseñada prácticamente a la medida de Cataluña– no es más que el comienzo de un proceso mucho más polémico y erosionante, que no solo levanta ampollas en la oposición.
La reforma del sistema de financiación autonómica de régimen común, para dar cabida al concierto catalán, tampoco es bien vista por varias federaciones regionales socialistas, en especial la andaluza, por la pérdida de recursos que, con toda seguridad, supondrá para el que es el territorio más poblado de España.
Con esta contestación interna, Montero no está en condiciones de afrontar unas elecciones en su comunidad autónoma de origen y, menos si están se celebran, a principios del año que viene, sin esperar a junio, el mes límite para poner las urnas a disposición de los electores andaluces por cumplirse cuatro años de la última convocatoria electoral.
Desde el Ministerio de Hacienda, descartan a elEconomista.es que la carrera electoral de Montero pueda hacer que tenga que dejar su puesto antes del cierre de 2025, pero reconocen que en sus cálculos para el próximo trimestre no tienen en cuenta, en este momento, la posibilidad de un adelanto de los comicios andaluces, pese a los rumores de los últimos meses.
Ahora bien, en el entorno del presidente Sánchez, son conscientes de que su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo tiene todo a favor para no esperar a junio y adelantar los comicios al primer trimestre. No en vano los Presupuestos andaluces se aprobarán sin problemas en breve. Además, resultará muy tentador para el PP aprovechar la debilidad que muestra el PSOE actualmente, con los casos de corrupción destapados en Ferraz y la cuestionada gestión de los incendios de agosto a nivel estatal.
No obstante, en declaraciones a los medios, el político andaluz ha manifestado su intención de agotar la legislatura y celebrar las elecciones "cuando toca", siempre que Sánchez no adelante las generales previstas para el verano de 2027.
Primeros efectos
En estas circunstancias, sería arriesgado situar, además, a Montero como la voz que tendrá que defender el trato de favor a Cataluña en la nueva financiación autonómica. Poco importa que esta reforma tarde aún años en ponerse en funcionamiento plenamente. Lo cierto es que sus efectos desequilibradores se dejarán sentir muy pronto.
Basta con recordar que ya se ha iniciado el reforzamiento, en medios y personal de la Agencia Tributaria, catalana, sin que esté claro quién sufragará en último término, esta ampliación de capacidades. Sobre el papel, el rol corresponde nominalmente a la Generalitat, pero los recursos de los que dispone provienen, en su mayor parte, del reparto entre las autonomías que decide el Gobierno central.
Ante esta realidad, Moncloa tendrá que elegir entre dos opciones, igualmente invendibles en cualquier territorio de régimen fiscal común que no sea Cataluña. Por un lado, puede buscar vías para inyectar más recursos a la Generalitat, por ejemplo, con un incremento de sus entregas a cuenta, siempre en detrimento de las otras autonomías.
Si no lo hiciera así, solo queda la posibilidad de elevar la participación catalana en la recaudación de los impuestos parcialmente transferidos, en especial el IRPF, una opción que presumiblemente provocará la rebelión del resto de territorios. Este paso exige además cambios consensuados en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, cuya reforma requiere una mayoría reforzada en el Congreso de los Diputados que dada la fragmentación parlamentaria parece difícil de conseguir.
La única certeza radica en que Sánchez está dispuesto a hacer grandes esfuerzos para evitar una debacle socialista en Andalucía, y sacara adelante la que, en círculos políticos, siempre se ha visto como una apuesta personal suya por la candidatura de Montero, frente al que era el secretario general andaluz, Juan Espadas. De hecho, es bien conocido que el regreso a la política andaluza no entraba en los planes de la vicepresidenta primera.
El PP revalidaría su mayoría
Moreno Bonilla ha iniciado la licitación de contratos por valor de 14 millones de euros para la logística electoral, con lo que parece preparar el terreno por si finalmente se decanta por adelantar la fecha de la votación. Lo cierto es que las encuestas le presentan un panorama optimista y pintan un panorama muy negro para las expectativas del PSOE y María Jesús Montero. Prácticamente todos los trabajos demoscópicos publicados en el último año sitúan al PP en condiciones de revalidar su mayoría absoluta actual.
El PSOE no pelea por el primer puesto, la fuerza que gobernó con mano de hierro Andalucía durante 37 años no disputa el Gobierno actualmente y está a más de 20 puntos del PP. No lo hacía con Espadas y no lo hace con Montero. En la mejor de las situaciones posibles podría aspirar a revalidar los 30 escaños actuales, pero hay encuestas que ya apuntan a que su techo (antes del verano) estaba en 26. Si ese ya era su peor resultado, quedarse por debajo sería una debacle.