El presidente Pedro Sánchez se afana, en los últimos días, a la hora de establecer un cordón sanitario en torno a su Gobierno, asegurando que los escándalos de corrupción que han aflorado se circunscriben al Partido Socialista. La realidad, sin embargo, evidencia que los diferentes ministerios, entre ellos cinco marcadamente económicos, que componen el Gabinete de Sánchez se estrellan, desde el inicio de la legislatura, con graves dificultades para sacar adelante leyes clave para sus estrategias. La causa estriba en la falta de solidez de sus apoyos parlamentarios o de los sectores afectados. Tan compleja situación tiene todos los visos de que se enquistará aún más ante el descontento que los casos Koldo, Ábalos, Cerdán... provocan en los socios del Ejecutivo de coalición.
En algunos casos, las leyes están varadas en la tramitación de las comisiones; en otros, ya han fracasado en las votaciones del Pleno de la Cámara Baja. Se da también la circunstancia de que están a punto de naufragar por la presentación de varias enmiendas a la totalidad. A continuación se desgranan las cinco reformas económicas más importantes ya en vía muerta o en camino de estarlo.
Rechazo ya expreso a la reducción de jornada en la Cámara
El Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas se encuentra ante una encrucijada en el Congreso de los Diputados. Junts, PP y Vox han presentado esta semana enmiendas a la totalidad en las que se demanda que se devuelva el texto al Gobierno y que complican la tramitación de la iniciativa de Yolanda Díaz, a menos que consiga cerrar un acuerdo con los siete representantes de la formación catalana. El Ejecutivo fía sus posibilidades a una negociación in extremis antes del Pleno extraordinario que tendrá lugar en el mes de julio. Si, en el mejor de los casos para la vicepresidenta Yolanda Díaz, supera este primer examen, se daría paso a su discusión en Comisión y si es finalmente aprobada, tendrá que superar la fase del Senado.
Una reforma fiscal a medias que afecta al pago de 'NextGen'
En febrero de 2022, un comité de siete expertos, reunido a petición del Gobierno para estudiar una profunda reforma del IRPF, Sociedades y Especiales, entregó sus conclusiones. Ha habido modificaciones tributarias, pero no la reforma profunda que el Ejecutivo pretendió entonces, con varios fracasos por el camino. Impuestos a las empresas energéticas quedó en la cuneta y el propio de la banca, aunque está en vigor, se halla recurrido judicialmente por el sector. Y aún queda pendiente en 2025 lo más importante: el impuesto al diésel. La equiparación de este gravamen con el de la gasolina no cuenta tampoco con los apoyos necesarios, pese a que consecución está ligada a la liberación del quinto pago de los fondos Next Generation. Esta semana, el Gobierno reconoció que no hay avances y el propio ministro Carlos Cuerpo abrió la puerta a solicitar a Bruselas un desembolso parcial el mes que viene.
Futuro incierto de la Ley de Industria tras su periodo de enmiendas
La Ley de Industria y Autonomía Estratégica es otra de las reformas de calado que avanza lentamente y cuyo destino final, como el de todas las grandes iniciativas legislativas de esta legislatura, está sujeto a incertidumbres. Destinada, en primer lugar, a incrementar el peso del sector industrial en la economía española, fue aprobada en diciembre de 2024 por el Consejo de Ministros. En estos momentos, cuatro meses después, sigue tramitándose en el Congreso y se encuentra varada en la Comisión de Industria y Turismo.
Sin plazos claros para Comisión de Energía, pese al apagón
Se trata de un organismo clave para el sector energético, cuyo anteproyecto de ley ha cumplido ya más de un año. Pero se ha atascado en la Cámara Baja. El motivo es que los socios del Gobierno alargan el plazo de enmiendas, según se rumorea, porque PNV y Junts quieren imponer a sus candidatos en los puestos directivos de la institución, de acuerdo con las fuentes parlamentarias. Con todo, la crisis provocada por el apagón de finales del pasado abril, ha reavivado el interés del Gobierno por recuperar un organismo cuyo rol en el sistema de suministro el Ejecutivo considera "muy importante". Ahora bien, sigue sin estar claro cómo Moncloa puede acelerar los plazos ni los acuerdos a los que podría llegar con sus socios.
La Ley del Suelo se atasca pese a la crisis de la vivienda
Esta es una reforma de las consideradas estructurales que está recorriendo un camino penoso. En mayo de 2024 fue retirada porque no la apoyaron los socios, ni siquiera el PP. Gracias a una proposición de ley del PNV, volvió al Congreso en febrero, fue rechazada y corre el riesgo de encallarse en la Comisión correspondiente, como suele ser habitual en esta legislatura. A finales de abril, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) pidió que se tramite con normalidad y recordó que "está consensuada por todos los agentes implicados". En la Conferencia de Presidentes Autonómicos de principios de este mes de junio se habló de ella pero sin lograr resultado alguno.
Otros proyectos varados para los que no hay acercamientos
La realidad es que son muchos los proyectos de ley que, en un mayor o menor estado de desarrollo, están abocados a un limbo legislativo. El muy ambicioso proyecto de reformar las indemnizaciones por despido ha sido muy elogiado por los sindicatos y el equipo de la vicepresidenta Díaz; no obstante, hoy en día, carece por completo de recorrido. Mucho más desarrollado está el Plan de Regeneración Democrática pero los últimos acontecimientos desacreditan al Gobierno ante sus socios a la hora de darle el último impulso.