Madrid 
Los múltiples incendios que está sufriendo España en las últimas semanas han puesto en el punto de mira los recursos públicos que se destinan a su prevención y a la limpieza y conservación de los montes. Los últimos datos disponibles de Eurostat –referentes a finales del año 2022 y principio de 2023– evidencian que el porcentaje de gasto público que nuestro país dedica a la prevención de incendios no alcanza la media de los países de la Unión Europea, que se encuentra en el 0,5%, –el conjunto de las economías consideradas suma 37.800 millones de euros destinados a los servicios de prevención de este tipo–. Mientras, España invierte un 0,4% en esta partida –unos 2.506 millones de euros–. Esta cifra supone un 0,1% menos que la media y 0,3 menos que el país que más desembolsa, Rumanía –dedica un 0,7% del gasto público en la prevención de incendios, que suponen unos 771,9 millones de gasto público–.
Nuestro país se sitúa al nivel de economías tan reducidas como la belga y por debajo de Alemania, territorio este último que cuenta con una superficie que es un 40% inferior a la española y sometida a un menor riesgo climático.
Además, en el año 2022, España fue el país que tuvo la mayor superficie forestal afectada por los incendios, con 306.555 hectáreas que fueron destruidas por el fuego, seguido de Rumanía (153.207 hectáreas) y Portugal (104.379 hectáreas). Así, aunque que España fue el país que más sufrió las consecuencias de los incendios, su inversión pública para prevenirlos ni siquiera alcanzó la media de los 27 países que conforman la Unión Europea.
La situación en Portugal es similar a la de España, siendo también una de las naciones que más riesgo tiene de incendio por su gran superficie forestal, el gasto público que el país luso dedicó a prevención de incendios apenas alcanzó el 0,3% –en total invirtió 338,4 millones de euros–, un 0,1% menor al porcentaje en proporción que realizó España y 0,2% inferior a la partida que destinó la media de los países de la Unión Europea.
A pesar de la gran inversión que realiza Rumanía, es el país que más porcentaje de gasto público destina, es el tercero que mayor número de hectáreas incendiadas tuvo en el año 2022.
Comparando esta partida con la de otros países de la Unión Europea, España empata con Italia, que también dedica un 0,4%, pero queda por debajo de Francia, que aporta un 0,5% de su gasto público, y Alemania, que destina un 0,6% a la prevención de incendios, a pesar de ser un país con una estructura forestal que corre menos riesgos que la española. Otra medida que permite esclarecer el compromiso que los países tienen con la prevención y extinción de incendios es teniendo en cuenta el número de bomberos que contratan. En el año 2023, el 0,18% del empleo total de la Unión Europea correspondía a estos profesionales, con un total de 362.400 sumando los contratados por toda la UE, pero la diferencia entre los países es evidente, ya que Alemania, con 61.700 es el país que más trabajadores de este colectivos tiene, frente a los 1.200 de Eslovenia, una diferencia de hasta 60.500 profesionales entre dos países.
En este sentido, España se encuentra entre los que más bomberos contratados tiene, solamente por detrás de Alemania y Francia. Con 42.100 profesionales de este colectivo, se encuentra en tercera posición.
Cae la inversión nacional
Teniendo en cuenta la evolución de la inversión para prevenir incendios a nivel nacional, España ha reducido a más de la mitad esta partida, según adelantó El País, desde el año 2009, cuando se destinaron 364,1 millones de euros, hasta 2022, cuando se invirtieron 175,8 millones de euros, siendo la partida de cuidado de bosques que más recortes ha sufrido en esos 13 años. Y es que, en total, España destinaba 1.742 millones al cuidado y limpieza de los bosques en 2009, mientras que en 2022 esa cifra descendió un 26%, hasta los 1.295 millones de euros.
Así, la segunda partida que más recortes ha sufrido también por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas es la de la reforestación, aprovechamiento de la madera y conservación de la biodiversidad, unido a la lucha contra plagas, gestión del uso público de los montes o investigación en gestión forestal. A estas partidas se ha pasado de invertir 1.000 millones en el año 2009 a sufrir recortes en el presupuesto de hasta eñ 26%, ya que en el año 2022 se destinaron 702,8 millones.