Redactora de elEconomista

Pasados siete meses desde que finalizó el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2022-2024, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes la subida salarial pendiente del 0,5% y que beneficiará hasta a 3 millones de trabajadores del sector público. Se trata de un alza que se aprobó en el el pacto con los sindicatos de UGT y CCOO; y que sentaba las bases de la actualización de los salarios de los empleados públicos, que supondría una revalorización mínima de un 8% y que podría alcanzar hasta el 9,8% en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión. Con esta aprobación, ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, "se pone fin al acuerdo".

El mercado de trabajo está en constante cambio y, con ello, las relaciones que se establecen en los puestos de trabajo, provocado principalmente por la irrupción de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos sociales, que hacen que los trabajos sean cada vez más exigentes, lo que ha traído consigo un cambio en las expectativas que éstos han depositado en sus líderes, cuya manera de gestionar estos equipos puede marcar la diferencia entre su éxisto o desgaste mental y emocional. Según los datos recogidos en el Cigna International Health Study, el 61% de los españoles considera que su jefe no se preocupa por su salud mental y bienestar. Un dato que pone en evidencia la necesidad de crear nuevas formas de liderazgo basados en la confianza, la comunicación efectiva y la capacidad de generar cohesión en equipos.

A la hora de enfrentar una oferta laboral, se tienen cada vez más en cuenta las condiciones para acceder al trabajo y los beneficios que se ofrecen en él. Así, es fundamental que las empresas tengan en cuenta los requerimientos que hacen los empleados, ya que va a ser lo que las diferencie de otras -con especial ímpetu en el contexto actual en el que la fuerza laboral es escasa-.

El pasado jueves, el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública firmó, junto a los sindicatos de UGT y CSIF la convocatoria de 1.000 plazas de empleo público -es la cifra de solicitudes que había recibido la cartera liderada por Óscar López y que adelantó este periódico- para garantizar la jubilación parcial anticipada al personal laboral.

Los costes de producción del gobierno hacen referencia al presupuesto que los ejecutivos nacionales destinan para mantener los bienes y servicios públicos. Dentro de esta medición, se incluye la compensación de los gobiernos a los empleados (es decir, los salarios), para los que el Gobierno de España gastó hasta un 8% más que la media de los países de la OCDE, según el informe Government at a Glance 2025 que elabora la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). A este gasto también se incluyen los costes en bienes y servicios (en los que se tienen en cuenta las compras de material para escuelas u hospitales, o la financiación pública de hospitales privados o costes sanitarios que se reembolsan a los ciudadanos) y otros costes de producción.

El ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ya ha puesto una cifra a las solicitudes registradas sobre el personal laboral que quiere acceder a la jubilación parcial desde el 1 de abril, y que vio su derecho paralizado por la reforma que entró en vigor ese mismo mes, aseguran a elEconomista.es fuentes sindicales. Un total de 1.000 personas habrían solicitado el retiro parcial este año, de acuerdo con estas fuentes, aunque el ministerio asegura no haber abordado todavía esta materia en las negociaciones. Con las cifras ya sobre la mesa, antes o después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Oferta de Empleo Público (OEP) del año 2025, la cartera liderada por Óscar López tendrá que diseñar las plazas que se destinarán para cubrir estas vacantes.

Terminada la segunda reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo entre Función Pública y los sindicatos Csif, CCOO y UGT -que ha tenido lugar esta misma tarde- en la que el ministerio ha presentado el número de trabajadores que perdió la Administración General del Estado (AGE) en 2024, fuentes sindicales aseguran a elEconomista.es que, de cara a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, se deberían ofertar, al menos, 24.000 vacantes para que la AGE pueda prestar servicio con solo tres de cada diez puestos sin cubrir. Cabe destacar que el año pasado se destinaron 31.465 plazas a esta organización dentro del sector público y el ministerio ha asegurado en varias ocasiones que en 2025 ofertará una cifra similar.

El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los cuatro primeros meses del año en 5.173,5 millones de euros, cifra casi un 44,1% superior a los 3.590,6 millones de euros del mismo periodo de 2024, según datos recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior que elabora el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Entre enero y abril, Estados Unidos efectuó compras a España por valor de 5.739,1 millones de euros -entre las que primaron medicamentos, gas y otros alimentos., que suponen un 1,8% menos que en los cuatro primeros meses de 2024, y que representan el 4,5% del importe total de ventas al exterior realizadas por España en el primer cuatrimestre, que fue de 128.384,1 millones de euros.

La Inteligencia Artificial (IA) se postula como uno de los grandes aliados para los equipos financieros, pero estos profesionales se ven saturados por la mala integración de este tipo de herramientas, lo que les obliga a perder hasta 126 horas al año al tener que navegar entre herramientas que no se comunican correctamente entre sí. Y es que, muchas veces se aplica la IA para no quedarse atrás en materia tecnológica y no se estudia la más adecuada para el modelo de negocio que se desarrolla. Es una de las principales conclusiones de la última investigación de Pleo.

El ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por Óscar López, presentará esta semana a los sindicatos las plazas que se ofertarán para cubrir las jubilaciones parciales. Así, el personal laboral de las administraciones públicas podrá hacer efectiva la compatibilización de parte de la pensión con el trabajo, un derecho que tienen reconocido a través de convenio y que se mantiene paralizado desde que el pasado mes de abril, cuando entró en vigor la reforma de las jubilaciones para todos los trabajadores.