Madrid 
Terminada la segunda reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo entre Función Pública y los sindicatos Csif, CCOO y UGT -que ha tenido lugar esta misma tarde- en la que el ministerio ha presentado el número de trabajadores que perdió la Administración General del Estado (AGE) en 2024, fuentes sindicales aseguran a elEconomista.es que, de cara a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, se deberían ofertar, al menos, 24.000 vacantes para que la AGE pueda prestar servicio con solo tres de cada diez puestos sin cubrir. Cabe destacar que el año pasado se destinaron 31.465 plazas a esta organización dentro del sector público y el ministerio ha asegurado en varias ocasiones que en 2025 ofertará una cifra similar.
Según fuentes sindicales, el ministerio ha cifrado en 12.197 las bajas del año 2024 (en las que se tienen en cuenta los retiros por jubilaciones o por incapacidad, entre otros), pero no es la cifra definitiva a tener en cuenta de cara a calcular la tasa de reposición, ya que a esos 12.197 retiros hay que restarle las incorporaciones (personas que vuelven de una excedencia o que han sido retirados por motivos judiciales del sector público), que han cifrado en 182. Así, el total de bajas que se tiene en cuenta para la OEP es de 12.015 empleados.
La propuesta que trasladan fuentes sindicales crearía, al menos, dos puestos por cada salida que se registró en 2024 con el objetivo de comenzar a revertir la situación de déficit, ya que en los últimos 10 años se han perdido unos 20.046 empleos netos. Si bien es cierto, en 2021 se comenzó a dar la vuelta a esta tendencia de incorporación, en la que las bajas superaban a las altas.
Ahora, según indican los Presupuestos Generales del Estado prorrogados del año 2023, se aplicará una tasa de reposición del 120% a los sectores prioritarios -entre los que se encuentran las Administraciones Públicas para el control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos; las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos; las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios; entre otros- y del 110% para el resto. Por su parte, para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales la tasa será del 125%.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios (Csif) se niega a aceptar estas condiciones, según ha trasladado en un comunicado por el mantenimiento de la tasa de reposición -que el Gobierno se comprometió a eliminar cuando José Luis Escrivá estaba al frente del ministerio de Función Pública-.
Así mismo, este sindicato rechaza la aprobación de una tasa adicional para el País Vasco (en concreto para el ámbito de la Justicia), por encima por tanto de los criterios comunes para el resto del territorio nacional. Así, Csif ha trasladado su rechazo a esta iniciativa "dado que supondrá una discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos, dado que podrán reforzar sus plantillas públicas por encima del resto de territorios", señalan desde el sindicato.