Madrid 
El ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por Óscar López, presentará esta semana a los sindicatos las plazas que se ofertarán para cubrir las jubilaciones parciales. Así, el personal laboral de las administraciones públicas podrá hacer efectiva la compatibilización de parte de la pensión con el trabajo, un derecho que tienen reconocido a través de convenio y que se mantiene paralizado desde que el pasado mes de abril, cuando entró en vigor la reforma de las jubilaciones para todos los trabajadores.
Este problema viene dado por el cambio de la figura del relevista - figura clave en este tipo de retiro al ser el trabajador que suple al jubilado parcial-, ya que que ahora se obliga al Sector Público a contratar a un sustituto con contrato indefinido y a tiempo completo. Estos nuevos requisitos mejoran considerablemente los que tenía antes este trabajador, ya que, además, le aporta una mayor estabilidad laboral -ahora el contrato debe ter una duración mínima de dos años desde la jubilación parcial del trabajador-, pero si que es cierto que ralentiza la puesta en marcha de la jubilación parcial en el Sector Público debido a los principios por los que se rige la Administración Pública de Igualdad, Mérito y Capacidad, y es el motivo principal por el que se han visto paralizadas.
Ya fue el pasado mes de marzo, en una reunión entre CCOO y UGT con los representantes de Función Pública -en la que se realizó un balance del Acuerdo Macro para una Administración del Siglo XXI que comprendía los años 2022-2024-, cuando los sindicatos lograron que el ministerio de Función Pública se comprometiera a implantar una tasa adicional que garantice la jubilación parcial del personal laboral del sector público y permita crear más puestos por este motivo. Según afirmaron fuentes de UGT a elEconomista.es tras esa reunión, esas vacantes no computarían sobre el porcentaje de tasa de reposición que se acuerde para la Oferta de Empleo Público, y se aprobará una OEP extraordinaria para cubrir esas plazas. De esta manera, se podrán sacar más plazas y que se podrá aplicar aplicar la jubilación parcial en el personal laboral.
Si bien es cierto que durante las reuniones programadas para esta semana se prevé que el ministerio liderado por Óscar López comunique las plazas de los empleados que quieren recurrir a la jubilación parcial, los largos procesos de convocatoria que hay que cumplir en las administraciones públicas pueden hacer que estos empleados no puedan hacer efectiva su jubilación, como mínimo, hasta el mes de octubre, tal y como ya señalaron desde Csif en abril.
Además, otros sindicatos como UGT ya alertaba que la tasa adicional no tendría efectos a corto plazo. Y es que, la problemática relacionada con la jubilación parcial nace, principalmente, por los plazos extensos que se manejan en las administraciones públicas, ya que desde que se crea una necesitas hasta que se cubre ese puesto "pueden pasar tres años", asegura UGT. Plazos que el sindicato se ha propuesto reducir hasta los 18 meses.
Retos en la AGE
Además, a este reto de suplir las plazas que dejan vacantes los jubilados que optan por un retiro a tiempo parcial, se une el problema del envejecimiento de la plantilla de los empleados del sector público, que es uno de los principales rompecabezas a los que se enfrenta la Administración Pública en los próximos años -en el año 2024 la edad media de los empleados y empleadas públicas era de 50 años, siendo el personal laboral fijo el más sénior (con 52 años); y los temporales los más jóvenes (con 40 años de media)-.
Según el informe publicado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública , Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2024 y proyección futura a 2034 se espera que en diez años el 54,86% de la plantilla actual esté jubilada, lo que supone un total de 95.640 trabajadores. Como consecuencia, la cartera que lidera López estima que incorporará a 107.754 personas en los próximos 10 años: 84.533 personal funcionario de carrera y 23.221 laborales fijos. Así, para contrarrestar las bajas, la AGE dispone de la Oferta de Empleo Público como fuente de incorporaciones de personal e instrumento de planificación. Aún así, señalan que estimar cuáles serán las incorporaciones futuras en los próximos 10 años resulta una tarea complicada y sujeta a gran incertidumbre.
La prioridad es reforzar la atención a la ciudadanía
El pasado jueves fue la primera reunión entre Función Pública y los sindicatos UGT, CCOO y CASIF para negociar la que será la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2025. En la primera toma de contacto, los negociadores por parte del ministerio no otorgaron ninguna cifra aproximada ni el número de bajas que hubo en 2024, pero aseguraron que la prioridad para el año 2025 era la de reforzaron los servicios de atención a la ciudadanía, ya que la falta de personal en dichos puestos de trabajo son los principales culpables de los largos tiempos de espera a la hora de realizar algún tipo de trámite relacionado con la Administración General del Estado.
La próxima cita es esta tarde, cuando se espera que Función Pública ofrezca a los negociadores la cifra de las bajas que hubo en 2025 y a través de la que se calcula la tasa de reposición. Para este cálculo se tienen en cuenta también las altas y el porcentaje de reposición que corresponde a cada sector que, en los presupuestos prorrogados de 2023 señalan que en los sectores prioritarios la tasa será del 120% y en los demás sectores del 110%.
Una vez se preste dicha información a los sindicatos, ellos formularán su oferta y tratarán de llegar a un acuerdo con el ministerio, que se firmaría el jueves, lo que podría hacer que la propuesta de la Oferta de Empleo Público se llevara al Consejo de Ministros del 1 de julio.
Para el diseño de la OEP los sindicatos reclaman que se tengan en cuenta las jubilaciones de los trabajadores públicos (ya que el 21% de los empleados del sector público, que supone unos 51.000 trabajadores, ya tiene más de 60 años y tienen una edad próxima a la edad de jubilación). Además de alertar de la pérdida de un total de 92.100 puestos de trabajo en los últimos 10 años y que "urge" a recuperar.
En la cita del próximo lunes o del miércoles, Función Pública tendrá que presentar el diseño de su OEP, que supone un reto no sólo cuantitativo, sino también cualitativo, ya que las necesidades y circunstancias de la Administración General del Estado son distintas con respecto a años anteriores y están en constante evolución.