La tasa adicional de personal laboral anunciada este lunes por el Ministerio de función Pública para garantizar la jubilación parcial de los funcionarios deja fuera al personal sanitario. Además, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el mecanismo no llegará a tiempo para el próximo 1 de abril, fecha en la que entra en vigor la modificación de la Ley General de la Seguridad y el Estatuto de los Trabajadores sobre la jubilación parcial.
Tal y como cuenta el sindicato, la medida propuesta por Función Pública es "insuficiente" y "llegará tarde".
"CSIF exige que se proceda de manera inmediata a la regulación de este derecho para todo el personal funcionario, estatuario y laboral, así como la convocatoria de la Mesa de Negociación", insta el sindicato. De lo contrario, asegura que defenderá el derecho en los tribunales.
Este pasado lunes, los sindicatos firmantes del Acuerdo Macro para una Administración del Siglo XXI, UGT y CCOO, se reunieron en la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública junto al ministro Óscar López para hacer un balance del acuerdo que comprendía el periodo 2022-2024 y poner de manifiesto los aspectos que aún están pendientes.
En la reunión, los sindicatos incluidos en la negociación consiguieron que el Gobierno se comprometiese a implantar una tasa adicional que garantice la jubilación parcial del personal laboral del sector público y permita crear más puestos. Esta tasa, confirman fuentes de UGT a elEconomista.es, se trata de "una tasa adicional de empleo público, que no computaría sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado, para que así se puedan sacar más plazas, y que se pueda pueda aplicar la jubilación parcial y que tengan a alguien en su puestos".
El objetivo, según dichas fuentes, es solucionar el planteamiento de las organizaciones sindicales para garantizar que el personal laboral de las administraciones públicas pueda disfrutar también del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre con este Ministerio y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril. También se acordó modificar la normativa vigente para que no se pierda este derecho.
Por la tarde, los sindicatos, entre los que ya se incluía a Csif, volvieron a la sede del ministerio. Esta vez para reunirse con la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, para iniciar las rondas de contacto para un nuevo acuerdo, aunque será muy difícil sin la aprobación de unos PGE, adelanta ABC.
Problemas con el relevista
Según ha trasladado esta mañana CSIF, el acceso a la jubilación parcial anticipada "lleva años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las administraciones". Sin embargo, añaden, "la nueva regulación pone en riesgo la continuidad de este derecho".
Según el sindicato de funcionarios, desde la publicación del real decreto-ley , varias administraciones -tanto autonómicas como locales- han comunicado la paralización de las solicitudes sobre jubilaciones parciales con contrato de relevo. ¿La razón? Una interpretación "restrictiva de la norma a la hora de compatibilizar el contrato de relevo con la regulación y las garantías de acceso al empleo público".
"Reclamamos instrucciones claras ya que con la nueva legislación han surgido dudas sobre la forma de compatibilizar la contratación fija y a tiempo completo del relevista con los requisitos exigidos para el acceso al empleo público".