Madrid 
Esta mañana, los sindicatos firmantes del Acuerdo Macro para una Administración del Siglo XXI, UGT y CCOO, se han reunido en la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública junto al ministro Óscar López para hacer un balance del acuerdo que comprendía el periodo 2022-2024 y poner de manifiesto los aspectos que aún están pendientes.
En la reunión, los sindicatos han logrado que el Gobierno se comprometa a implantar una tasa adicional que garantice la jubilación parcial del personal laboral del sector público y permita crear más puestos. Esta tasa, confirman fuentes de UGT a elEconomista.es, se trata de "una tasa adicional de empleo público, que no computaría sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado, para que así se puedan sacar más plazas, y que se pueda pueda aplicar la jubilación parcial y que tengan a alguien en su puestos".
Con esta tasa, lo que se trata de conseguir es solucionar el planteamiento de las organizaciones sindicales para garantizar que el personal laboral de las administraciones públicas pueda disfrutar también del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre con este Ministerio y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril. También se ha acordado modificar la normativa vigente para que no se pierda este derecho.
Además, los sindicatos han instado al Gobierno a que apruebe "lo antes posible" la subida salarial del 0,5% pendiente, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, para las empleadas y empleados públicos. Aunque afirman "todavía no nos han fecha" para aprobar la subida en el Consejo de Ministros.
En este sentido, también han puesto de manifiesto los aspectos pendientes de aprobación y que formaban parte del Acuerdo Macro para una Administración del Siglo XXI. Entre ellos se encuentran la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales, la negociación de las modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, la aplicación de la jornada laboral de las 35 horas; y la garantía de atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión.