Madrid 
La subida salarial del 0,5% pendiente de los funcionarios y la ausencia de una nueva negociación abre un nuevo frente al Gobierno. Desde UGT Función Pública reclaman al Ejecutivo, en primer lugar, que lleven al Consejo de Ministros el incremento de medio punto adicional pactado en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, para poder hacer efectiva la subida y que los funcionarios reciban la parte de salario que se pactó en 2022.
Para poner en contexto, la cifra que se maneja desde UGT sin tener en cuenta el arrastre de tablas, y que ha confirmado la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, es de 700 millones de euros "pero depende de la categoría, clasificación, grupo, complemento de destino...", ha afirmado Araque, lo que podría conllevar a que la cifra fuera menor.
A pesar de ello, Araque se ha mantenido firme y ha dejado claro que es una subida "que está consignada y no hay ningún motivo para no llevar a cabo ese incremento".
Con todo, el balance que UGT saca de este acuerdo es positivo, ya que el 95% de las retribuciones pactadas está efectuado, lo que supone que el Estado ha pagado unos 13.000 millones de euros en 3 años a los tres millones de trabajadores públicos en España, "que han contribuido a generar riqueza e impulsar el crecimiento de la economía del país", ha reconocido Araque.
Además, el pacto que se firmó entre los sindicatos de UGT y CCOO y el Gobierno ayudó a crear unas 370.000 plazas en el conjunto de las Administraciones Públicas, con especial incidencia en actividades claves como Enseñanza, Sanidad, Justicia y Administración Local. Estos nuevos empleos se han visto complementados con la estabilización de más de 500.000 personas, en base al acuerdo de estabilización de julio de 2022.
Propuestas para una nueva negociación
Desde el sindicato, reclaman a Óscar López, ministro para la Transición Digital y Función Pública, que convoque una mesa de negociación junto a los sindicatos, en la que estarían presente CCOO, UGT y Csif, para pactar un nuevo acuerdo salarial para los próximos años, "para dar seguridad económica y certidumbre a los trabajadores públicos", ha afirmado la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos. Así, Araque ha criticado que "en una situación política normal, en septiembre se tendría que haber hablado del nuevo acuerdo que influye en más de tres millones de funcionarios, pero estamos en abril y aún no se nos ha llamado", ha denunciado ante los medios.
En este sentido, Araque ha comunicado que, desde UGT, se va a trabajar por un acuerdo plurianual que pilote en la creación de más empleo y que otorgue más derechos a los trabajadores públicos, además de tratar de acortar los plazos para agilizar la creación y ocupación de puestos de trabajo.
A nivel económico, Araque ha reconocido el éxito de la fórmula de base fija y base variable implantada en el anterior acuerdo y ha afirmado que en la mesa de negociación tratarán de aprobar unas nuevas bases a través de este sistema, aunque reconoce "todavía no tenemos claros los plazos porque no nos han llamado y depende de las circunstancias".
También plantearán una progresividad en las pagas extra, un incremento de la masa salarial por encima del 5% en el que se encontraba en 2010, recuperar los trienios para todas las administraciones -que es un complemento salarial por antigüedad que una organización da a sus trabajadores-.
Para aumentar los puestos de trabajo, UGT aboga por una agilización en los procesos para generar más empleo. "Actualmente desde que se crea una necesidad hasta que se ocupa un puesto se tardar unos tres años, queremos disminuir ese tiempo a 18 meses", lo que disminuiría la tasa de temporalidad (que actualmente se encuentra por encima del 28%).
En este punto, UGT descarta que se vaya a cumplir el objetivo comprometido de recortar la tasa de temporalidad al 8% y reclamará en el segundo acuerdo marco a negociar un mayor desarrollo en las medidas para el control de la temporalidad en el empleo público, incluyendo la puesta en marcha de sanciones. "Hay una temporalidad estructural que nunca se podrá eliminar, porque es imprevisible. Pero los gestores, y quienes tienen la responsabilidad política de gestionar los recursos humanos y el volumen de empleo que se crea en las Administraciones Públicas, tienen que saber cuáles son sus responsabilidades y cuáles van a ser sus sanciones. Si aquí no se tienen responsabilidades, difícilmente podremos evitar que se vuelva a repetir la bolsa de temporalidad", ha apuntado Araque. Para ello, aboga por mantener una bolsa a la que vayan las personas que han aprobado la oposición pero no han obtenido plaza y, en el momento que una vacante se quede libre, esos futuros trabajadores puedan acceder a ella sin tener que volver a hacer el examen.
Eliminar la tasa de reposición es otro elemento fundamental que trasladarán a la mesa de negociación. A pesar de que José Luis Escrivá, el anterior ministro de Función Pública, ya puso sobre la mesa suprimir la tasa de reposición, nunca se ha llevado a cabo. "No puede ser que la tasa de reposición sea la que marque qué tipo de empleo se necesitan y cuántos empleados son necesarios en las administraciones públicas", reconoce Araque.