Madrid 
El Gobierno se prepara para lanzar otra cuantiosa oleada de puestos de trabajo en la Administración central en el ecuador de la actual legislatura. En concreto, la Oferta de Empleo Público (OEP) diseñada para 2025 se aprobará el próximo mes de julio en el Consejo de Ministros, tal y como aseguran fuentes del ministerio para la Transformación digital y de la Función Pública a elEconomista.es. Queda así oficialmente descartada la posibilidad de que la iniciativa se impulsara en las reuniones que el Gabinete de Gobierno tiene aún pendientes en junio.
En paralelo, fuentes de la negociación adelantan a este diario que el Ejecutivo está dispuesto a seguir la tendencia dominante desde que el presidente Sánchez llegó a La Moncloa y poner sobre la mesa otro incremento del empleo público de récord. Resulta así plausible que, para 2025, se igualen las 40.100 vacantes que salieron a concurso en 2024 o que incluso se superen. Como techo, aún se baraja el máximo de 44.787 alcanzado hace tan solo tres años.
De momento, Moncloa quiere que la convocatoria cumpla el mismo calendario de los últimos años, a excepción de 2022, cuando se aprobó a finales del mes de mayo (el día 25 concretamente), 2019, que se aprobó en marzo –la convocatoria más prematura en su mandato– y el 2020, que se aprobó en el mes de octubre –la OEP más tardía–. Y es que, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, tanto en ese año como en 2021, 2023 y 2024, la Oferta de Empleo Público se aprobó e hizo efectiva en el BOE en el mes de julio.
Ahora, los opositores esperan a que el Ejecutivo apruebe la nueva OEP y se haga oficial la que se prevé que vuelva a ser una de las ofertas más altas de los últimos años aunque los sindicatos no creen que esta nueva convocatoria supere a la del año 2022, cuando se alcanzaron las 44.787 plazas, la que ha sido la Oferta de Empleo Público más alta en la historia. Si bien es cierto, se espera que sea muy similar a la de 2024 –una de las razones que lo sustentan es que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son los mismos al prorrogarse los de 2023, en la que se ofertaron 40.146 plazas para trabajar en el sector público–. A pesar de ello, se espera que vuelva a ser una convocatoria histórica, ya que desde el año 2021 las vacantes que se ofertan vienen superando de manera ininterrumpida las 30.000 plazas. A pesar de ello, desde CCOO señalan que dentro de esa oferta se incluyen los puestos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCS) y apuntan a que la situación en la AGE está "en mínimos". Como ejemplo, señalan las huelgas que se han convocado para el próximo 16 de junio, ya que el 30% de las Oficinas de Extranjería se encuentran vacías y la carga de trabajo es cada vez mayor.
Por el momento, el ministerio de Función Pública se encuentra ultimando la que será la OEP 2025 y esperan los datos de las administraciones regionales y locales y, según confirman fuentes sindicales a elEconomista.es, no se les ha convocado para llevar a cabo la negociación. Mientras que desde UGT esperan que la convocatoria llegue la próxima semana -lo que haría que la OEP se aprobara a principios del mes de julio- desde CCOO y Csif aseguran que la cita llegará más tarde, señalando que será en la última semana del mes de junio cuando llegará esta convocatoria –que hará que la OEP llegue al Consejo de Ministros a mediados de julio–. Así, las propias fuentes sindicales aseguran que todavía no se les ha trasladado ningún tipo de información sobre la que será la Oferta de Empleo Público de 2025, ya que señalan "se presenta la OEP directamente cuando estamos sentados para negociar".
Tener en cuenta las jubilaciones
Una de las principales reclamaciones que hacen los sindicatos para esta nueva oferta es que se tengan en cuenta las jubilaciones, una cuestión que han trasladado en numerosas ocasiones a las mesas de negociación y a través de las que han percibido, según confirman a este medio, es que el ministerio "no contempla" incluirlas en la OEP 2025. Esto se debe a que, según Csif y datos facilitados por el propio Gobierno, la Administración General del Estado ha perdido más de 20.000 empleados en los últimos diez años, un problema que se convertirá en estructural si no se comienzan a tener en cuenta estos retiros, ya que el 21% de la plantilla de la AGE tiene más de 60 años –equivale a unos 50.900 trabajadores públicos–.
Si bien es cierto, en 2021 se comenzó a revertir la tendencia de incorporación en la que las bajas superaban a las altas. En 2021 el índice comenzó a ser positivo (8.977 bajas y 9.640 altas) y en 2024 las personas que se comenzaron a trabajar en la AGE llegaron a duplicar a las que dejaban su puesto. Esta situación ha hecho que la edad media de los trabajadores públicos se haya reducido y haya pasado de los 51 años de media a los 49. Ahora, el 42% de los empleados del sector público ya tiene menos de 50 años.
Con esta situación, los sindicatos reclaman que se elimine la tasa de reposición, a través de la que se calculan los puestos que se van a necesitar cubrir de cara al futuro, y que obliga a contratar a personal interino para suplir los puestos que no se preveían, lo que da lugar a que la temporalidad en la AGE siga aumentando y no se cumpla con la tasa que establece la Unión Europea –obliga a que la temporalidad en la administración pública sea del 8%–, mientras que actualmente se encuentra estancada en el 30%, incumpliendo la Ley de Estabilidad y por la que España enfrenta dos expedientes sancionadores que pueden traducirse en multas millonarias para el país.
Diferencias con Rajoy
Las OEP de las legislaturas de Pedro Sánchez multiplican por más de tres las que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy entre los años 2012 y 2017 -ya que en la oferta que se publicó en 2018 sucedió cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Ejecutivo-. Y es que, en los seis del mandato de Rajoy, la suma de las OEP da como resultado 63.394 plazas de empleados públicos, ya que el expresidente popular aplicó el principio de austeridad a la Función Pública.
Mientras, en los siete años del Gobierno de Pedro Sánchez -y a la espera de esta última convocatoria- las plazas ascienden a 239.872 y la cifra casi cuadriplica –la eleva en un 369%– a la acumulada bajo el mandato del expresidente del Partido Popular y, con esta convocatoria pendiente, se podría cuadruplicar la cifra.