Madrid 
Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) preside Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas integrada en CEOE, desde el pasado 20 de mayo. La abogada vallisoletana recibe a elEconomista.es dos meses después de haber ganado las elecciones de la organización y mantiene una conversación en la que denuncia la inseguridad jurídica generada por los anuncios del Gobierno como el cambio en la jornada máxima de trabajo y explica la decisión de ausentarse de la mesa de diálogo social en la que por primera vez estaban sentadas Conpymes y Pimec.
¿Cómo se encontró la organización al asumir la presidencia? ¿Cuáles son sus prioridades a corto plazo?
Es una organización con 40 años de historia y trabajamos como una parte más de esta. Uno de los objetivos que nosotros teníamos era que tuviera mayor visibilidad Cepyme y luego trabajar en mejorar la situación de la pyme, que vemos que es muy complicada, sobre todo la de la microempresa, donde han desaparecido 23.000. Otra de las cosas que estamos haciendo es viajar el territorio y tener ese contacto con las pymes y hoy hemos creado el Consejo de Digitalización de Cepyme, donde, haciendo un diagnóstico, veremos cómo facilitar la digitalización de las pymes para mejorar su competitividad y tamaño.
Trabajo ha decidido posponer la votación de la reducción de jornada, ¿cree que es un alivio para las pymes o que extiende la incertidumbre?
Realmente las dos, no hay ninguna disyuntiva. Nosotros lo hemos dicho y creemos que nuestros legisladores lo están viendo y es la razón por la cual no tiene un apoyo mayoritario, que no es una necesidad, y la sociedad lo ve como algo que puede suponer un problema. La realidad es que desaparecen 10 microempresas al día y estas no podrían soportar las 37 horas y media como una imposición del Gobierno. No estamos en contra de reducir la jornada, de hecho la media en España está en 38,3 horas y se rebaja donde podemos y cuando podemos, porque no hay nadie más interesado en mejorar la productividad de nuestras empresas que nosotros mismos.
Junts será el partido clave en esta votación, ¿tienen el compromiso de que mantendrán la enmienda a la totalidad?
A día de hoy la posición de Junts es clara y la ha manifestado con la enmienda a la totalidad y nosotros desde luego confiamos en que lo van a seguir manteniendo porque sería tan malo para la empresa, sobre todo la pyme, que haría mucho daño a la economía española y creo que lo han entendido muy bien. Las empresas pagamos el Estado de Bienestar y somos las que generamos el empleo, si cerramos no va a haber bienestar para nadie.
Pimec y Conpymes han entrado en organismos del diálogo social, ¿cree que puede responder a contrapartidas que tengan que ver con esta negociación?
Pues nosotros no lo sabemos, pero creemos en el diálogo social. Es un espacio donde trabajadores y empresas se ponen de acuerdo, a veces con los gobiernos, sobre las normativas o decisiones que les van a afectar. Y para tener legitimidad en lo que decidas, tienen que estar las organizaciones más representativas. ¿Y quién dice quién lo es? La empresa, que decide dónde paga su cuota y quién quiere que le represente, no se puede elegir desde arriba. La realidad es que la gran mayoría de la empresa española decide asociarse a CEOE y a sus más de 4.000 organizaciones integradas dentro de esta casa. Cualquier otra cosa es una intervención del Gobierno, porque no tienen esa representatividad, como es el caso de Conpymes, y no respeta la decisión de las empresas españolas.
¿Crees que se debería establecer un registro oficial de esa representatividad para que se cierre ese debate?
Creo que la legislación lo dice claramente. El diálogo social es lo que es con las organizaciones más representativas, que es lo que dice la Constitución Española. Está inventado, lo tenemos en la norma. Lo que se está haciendo es otra cosa es al margen de la legalidad, el modelo está perfectamente definido, lo único que hay que hacer es respetarlo.
Recientemente calificasteis como "moneda de cambio de intereses partidistas" su inclusión en el Consejo Estatal de la Pyme, ¿cómo vais actuar de cara a próximas reuniones?
Lo tenemos muy claro. Nosotros no vamos a asistir a cualquier sitio donde tengamos interlocutores que las empresas no han decidido que sean sus representantes. Yo creo que eso es muy sencillo, es lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, es la democracia. Tienen que ser las organizaciones que eligen las empresas como más representativas, si es de carácter nacional es CEOE; y si es de carácter regional, las 17 organizaciones que tienen CEOE más la de Ceuta y Melilla. Con lo cual, o bien damos una representatividad nacional, que la tienen CEOE, Cepyme y todas las organizaciones que están adheridas, o bien de comunidades autónomas, lo cual sería absolutamente inviable porque lo haríamos excesivamente complejo. Las reglas del juego tienen que ser para todos las mismas y entendemos que tiene que abordarse con las nacionales.
ATA se ausentó de la negociación de las cuotas de autónomos con el ministerio de Seguridad Social pero sí asistieron Cepyme y CEOE, ¿por qué?
Bueno, porque en esta casa representamos intereses muy diferentes y cada organización es libre de tomar sus propias decisiones y consideramos que había que sentarse a hablar, pese a que compartimos muchas de las posiciones que mantiene ATA en el sentido de que hay que hacer un diagnóstico claro de la primera fase de la regularización de autónomos.
En los próximos meses tiene que convocar su primera Asamblea General al frente de Cepyme, ¿someterá a votación los cambios en el sistema de voto propuestos por el anterior presidente?
Nosotros fuimos muy claros en su momento y vamos a mantener la misma posición, creemos que cualquier cambio de estas características se tiene que hacer escuchando a toda la organización. A lo largo de estos cuatro años se creará un espacio donde se podrá discutir con todas las sensibilidades y que sean la mayoría de las 8.000 empresas las que decidan cuál es el modelo más adecuado para Cepyme, porque no se pueden hacer por ningún tipo de interés que pueda tener un equipo de dirección o el presidente.
El Comité Ejecutivo aprobó este miércoles por unanimidad su salario de 125.000 euros, ¿cómo se marcó esa cifra?
Eso se lo tenéis que preguntar a la comisión que hace las cuentas y los presupuestos, yo no lo sé, no he participado ni he tenido ahí ninguna intervención. Somos una organización democrática y no queremos que sea presidencialista, Cepyme tiene sus órganos de decisión donde varias personas llegan a un acuerdo, cómo hayan llegado forma parte de las decisiones internas que no quiero conocer, porque entiendo que sería una intromisión negativa en un órgano que tiene que ser independiente y tomar sus propias decisiones.
Seguridad Social hizo una propuesta sobre la incapacidad temporal que no convenció ni a patronal ni a sindicatos, ¿qué medidas hay que adoptar?
Ha crecido mucho el absentismo en España y es multicausal, hay que abordarlo desde diferentes áreas, pero hay dos que nos parecen muy importantes. Por un lado, en la gestión de las contingencias de IT, los tratamientos son muy largos y habría que contar con la colaboración de las mutuas que reducen un 50% estos periodos de tratamiento y ya se está trabajando en esta línea, lo que es positivo ya que cuanto antes se recupere, mejor para el conjunto de la sociedad por el coste que supone para las arcas del Estado. Es importante ver cómo está toda la parte de Inspección Médica del INSS que tiene poco personal y muchas veces no puede hacer el seguimiento de los procesos de incapacidad.
El presidente de CEOE hablaba esta semana de hablar claro y abordar la parte que corresponde al fraude.
Muchas de las altas no se producen en un momento de curación, sino al final del plazo legal de 365 días y es evidente que esto no tiene nada que ver con el proceso de recuperación. Luego, hay indicadores que nos pueden hacer ver que un porcentaje muy minoritario de los trabajadores pueden no estar utilizando correctamente estas bajas por incapacidad. En ningún caso queremos que un trabajador venga a trabajar con un problema de salud, pero aquellos casos en los que se detecta que hay un abuso se tienen que gestionar mucho mejor.
El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a establecer una indemnización adicional por despido improcedente, pero Trabajo mantiene la intención de cambiar la ley, ¿le preocupa que abra un nuevo frente en la negociación colectiva?
Cada día nos despertamos con una iniciativa nueva del Ministerio de Trabajo que le complica la vida a nuestras empresas y ahuyenta la inversión extranjera, hay que tener en cuenta que estábamos entre los 10 países más interesantes para invertir y ya no. Hay que pensar que a lo mejor este tipo de anuncios constantes, las 37,5 horas, la subida del SMI, son medidas que las más pequeñas no pueden asumir. El cambio en el despido generaría mucha inseguridad y la sentencia da certidumbre al decir que nuestra legislación cumple absolutamente con la normativa, esto favorece la inversión porque sabemos los costes que te va a suponer y se aplican las mismas reglas en todo el país. Si, como dice Trabajo hay que tener en cuenta las necesidades personales, hablamos de políticas sociales y las tiene que hacer el Estado, no se pueden trasladar las ineficiencias a las empresas que ya hacen un esfuerzo fiscal del 37%, por encima a la media europea.
¿Creen que se pueden comenzar las conversaciones para el AENC que establece los salarios a tres años mientras no se aclare la jornada?
Pues la verdad es que es complicado porque, prácticamente, se negocian dos cosas, el salario y la jornada, y tenemos al Gobierno interviniendo los dos. Lo hemos visto con el SMI que ha habido una intromisión absoluta que en algunas zonas, como puede ser Huesca, ya llega casi hasta el 82%, donde los convenios colectivos se están reducido a la mínima expresión porque las están condenando a descolgarse. Y desde luego, si pones las 37,5 horas, en muchos sitios para qué te vas a sentar si ya el Gobierno ha decidido todo. ¿A hacernos la foto? Nosotros para hacernos fotos, pues no estamos. Si el Gobierno nos marca todo y decide todo por nosotros, no tiene ningún sentido en muchos casos que vayamos a negociar porque no hay espacio para hacerlo.