Desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado a principios de este año, todo debate sobre la reforma de la financiación autonómica está contaminado por la quita de deuda que Hacienda ofreció a los territorios en dicha reunión. No en vano, desde febrero, nada se ha avanzado en la reformulación de esa condonación –mucho menos en la reunión de ayer– y sigue levantando ampollas entre las Consejería de Hacienda por la desigualdad que provoca.
El desequilibrio aflora especialmente cuando se calibra en términos de distribución por habitante, dado que implica un alivio de casi 2.300 euros para cada catalán o valenciano, frente a los 1.368 que le corresponde a cada madrileño –Madrid, aun cuando no tiene vinculación alguna con el Fondo de Liquidez Autonómico, también se vería incluida por otras vías en los planes de Hacienda de asumir parte de la deuda territorial–.
La fórmula diseñada por María Jesús Montero justifica tan amplia brecha alegando que su iniciativa beneficia más a aquellas autonomías a las que el caducado sistema de financiación autonómica penaliza.
La metodología otorga a Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Valencia una quita adicional, con la intención de compensar el agravio financiero que arrastran desde hace años. Además, premia con una compensación adicional de 917 millones de euros a aquellas CCAA que hayan elevado su tramo autonómico del IRPF.
"Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal", apunta el Ministerio de Hacienda. Dos criterios que excluyen a la Comunidad de Madrid, sobre todo debido a que ha hecho de la política fiscal a la baja su seña de identidad, sin seguir las directrices del Gobierno central.
Pese a ello, y a ser la única región sin deuda con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Madrid podrá acceder a una compensación de más de 8.600 millones, con los que podrá desprenderse de parte del pasivo que mantiene con bancos y otros acreedores. Esa supuesta benevolencia en absoluto convence al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y la jefa del Ejecutivo lo volvió a dejar claro en la Conferencia de Presidentes de ayer en Barcelona, al pedir explícitamente que no se aplique la quita de deuda.
Más allá del debate sobre quiénes son los perdedores y los ganadores con la condonación, lo cierto es que esta medida presenta un denominador común que preocupa a los economistas.
La falta de concreción en torno a los protocolos que se aplicarían para asegurar la disciplina fiscal de los Gobiernos regionales plantea el riesgo de que el desembolso de los Gobiernos autonómicos desemboque en un déficit en torno a, o claramente superior, al 1,5% del PIB –ahora es inferior al punto porcentual–, según cálculos preliminares consultados por elEconomista.es.
Negativo punto de partida
La raíz de tan pesimistas augurios se encuentra en el negativo punto de partida en el que se hallan, siempre en términos generales, las autonomías pertenecientes al régimen de financiación común.
Así lo ponían de manifiesto hace escasos meses desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ponen de manifiesto que el desequilibrio contable real, en términos estructurales independientes del ciclo económico, que presentan las autonomías ya ronda el punto porcentual de PIB, con picos de hasta el 2%. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alerta repetidamente del incumplimiento, con pocas excepciones, de la regla de gasto que anualmente se impone a los Gobiernos regionales". La amenaza desaparecería si los Ejecutivos regionales no fueran más allá de elevar su gasto en la cuantía que supondrá el ahorro en el pago de intereses que la condonación permitirá.
Ahora bien, esa cantidad es notablemente reducida. En el caso particular de Cataluña, rondaría los 200 millones anuales, lo que tendría un impacto ínfimo en su Presupuestos y en su capacidad de hacer mayores desembolsos para sufragar servicios públicos. La alusión a Cataluña es intencionada dado que fueron sus partidos independentistas, en concreto ERC, los impulsores de la quita y no estarían dispuestos a aceptar que la condonación tenga efectos tan reducidos.
Sin un final previsto a corto o medio plazo para el Fondo de Liquidez
Propiciar el regreso de las comunidades autónomas a los mercados internacionales de deuda sería un ejercicio recomendable, dado que las obligaría a dar muestras de disciplina de gasto ante los inversores. Sin embargo, dicho retorno tampoco está previsto, ni a medio ni a largo plazo. Es más, la intención de Hacienda parece resumirse en mantener plenamente activo el Fondo de Liquidez Autonómico, pese a que la emergencia económica que le dio origen hace más de una década que quedó atrás.