El Gobierno, que ayer confirmó que no actualizará la exención a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), arroja un salvavidas parlamentario al Partido Popular, que hoy asumía el delicado papel hacer virar su discurso para defender el voto a favor sobre un decreto –el ómnibus- que rechazó hace semanas en el Congreso. Buena parte de los grupos parlamentarios, ubicados en el bloque de coalición, de investidura y de la oposición, han afeado la decisión impuesta por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que se ha aferrado -en solitario- a la subida acumulada del salario mínimo desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. "Es evidente quién ha pensado en la clase trabajadora en estos siete últimos años", apuntan fuentes socialistas, que recuerdan que desde 2018, el SMI ha crecido un 61%, "muy por encima del alza del 15% decretado por el anterior Gobierno de Rajoy", añaden.

Sumar apremia al PSOE a integrar la prestación universal por hijo de 200 euros al mes en la ley de acompañamiento al proyecto de Presupuestos de 2025, que los socios de Gobierno siguen negociando a contrarreloj. Los de Díaz se han visto obligados a reducir el rango de la medida. En un principio propuso que beneficiara a más de 7,7 millones de menores de 18 años, pero el enorme impacto -de 1.547 millones de euros mensuales- hizo que Sumar redujera el límite hasta los seis años. Esto reducirá el número de beneficiarios a los 2,68 millones, y el coste total a los 536 millones de euros al mes. "No es admisible que España sea la cuarta mayor economía de la UE, y que siga teniendo niveles tan altos de pobreza infantil", dijo la pasada semana Carlos Martín, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso de los Diputados. La formación tratará de elevar el límite de la prestación hasta los 18 años en el futuro. "La intención es ampliar progresivamente esta ayuda hasta los 18 años de edad", afirman desde Sumar.

El Gobierno deberá afrontar un gasto de 24.185 millones este año dentro del marco de los compromisos presupuestarios adquiridos con la UE y con la OTAN, la cifra es algo mayor a la que dedicó España a pagar las prestaciones por desempleo en 2023. Los Presupuestos para 2025, que Bruselas quiere convertir en un muro de contención ante el asedio iniciado por Donald Trump desde EEUU, implican un incremento de la inversión comunitaria en defensa y transición ecológica. Las Cuentas, financiadas en parte por los propios Estados miembro, demandarán de una contribución de España por encima de los 13.585 millones que ya fueron aportados el año pasado. A ello, se suma el aumento presupuestario en Defensa, que exige la Alianza Atlántica. Moncloa deberá elevar el gasto del 1,28% actual al 2% del PIB, un alza estimada que se traducirá en una subida adicional de 10.600 millones de euros. Para ello, es imprescindible que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, logre presentar cuanto antes el proyecto de Presupuestos, y reunir la mayoría parlamentaria suficiente como para aprobarlos en el Congreso.

El Gobierno pronostica una desaceleración del alza de las exportaciones a partir de este mismo año, cuando pasarán a crecer al 2,3%, desde el 2,9% registrado en 2024, según recoge la actualización del cuadro macroeconómico aprobada por el Consejo de Ministros. El empeoramiento de las expectativas se produce en plena guerra comercial iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, que amenaza ahora con extenderla sobre la Unión Europea, un riesgo que Economía no ha incluido en la revisión de las previsiones, sobre las que redactará el proyecto de ley de Presupuestos.

El Gobierno revisa dos décimas al alza sus previsiones de crecimiento de la economía para 2025, hasta el 2,6%, como consecuencia del efecto arrastre generado por el cierre de 2024. El PIB cerró el año pasado con un avance del 3,4%, tras crecer un 0,8% en el cuarto trimestre. Ese viento de cola permitirá -según el ministro de Economía- sumar un 1,2% a la tasa de crecimiento este año.