Los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán que pagar el IRPF tras la subida del 4,4% que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para llevarlo a 1.184 euros en términos brutos. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaban poco antes de la rueda de prensa que finalmente "no se incluye ninguna modificación en IRPF en la medida que ya se aprobó la mayor rebaja para las rentas bajas y medianas y que la mayoría de los trabajadores que cobran este salario seguirán sin tributar". El Ejecutivo modifica por tanto el criterio aplicado en los años anteriores en los que las alzas se habían visto acompañadas de un nuevo ajuste en el mínimo exento de tributar este impuesto, que supone una de las principales vías de ingresos para el Estado.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión interna de los ministros que había conocido la decisión de Hacienda a través de los medios de comunicación y que este departamento no se había puesto en contacto con su cartera. "El Ministerio de Trabajo ha hecho lo que tenía que hacer, subir el SMI, al resto de consideraciones lógicamente respetamos a las competencias de la ministra de Hacienda y me remito a que ella misma responda" ha expresado la ministra al ser preguntada por la oportunidad de esta decisión del PSOE y el alcance que tendrá respecto al impacto de ingresos.
El incremento sigue estrictamente la recomendación más elevada de la comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Trabajo que el grupo elaboró partiendo de la base de que se mantenía el mínimo exento actual, fijado al aprobar el SMI de 1.134 euros brutos hace ahora un año. La explicación es que el grupo de economistas, entre los que había representantes de los departamentos de Hacienda y Economía calculan cuál sería el salario neto que respetaría el 60% del salario medio (también neto), de acuerdo con la interpretación de la Carta Social Europea. Y una vez hallada esta cifra, proyectan cuál tendría que ser el salario mínimo bruto para que las retenciones por cotizaciones sociales o IRPF no impidan que se alcance este umbral. Esto significa que la decisión de la cartera de María Jesús Montero no vulnera este compromiso, pese a romper el precedente de los años anteriores.
El Ministerio de Hacienda destaca que la mayor parte de los perceptores no se verán afectados por este cambio que perjudicará a los trabajadores con salarios más reducidos que sean solteros y sin hijos, según como está diseñado este impuesto. El Gobierno pone el ejemplo de un trabajador con pareja y un hijo menor de 3 años que perciba el nuevo SMI al que no se le aplicará ninguna retención, frente al tipo del 5% que soportaba en 2018 por este mismo salario (entonces el salario mínimo estaba fijado en 735 euros al mes). También destaca el caso de un trabajador con pareja y un hijo que supere esa edad, al que se le aplicará una retención del 0,6% (99,46 euros) o el de un asalariado soltero y sin hijos al que se le aplicará un tipo del 1,81% y se le retendrán 300 euros al año.
"La minoría que pueda sufrir una retención pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular" argumenta este ministerio. Hacienda se ampara en cada uno de estos ejemplos en la retención que se habría aplicado sin las "rebajas fiscales" llevadas a cabo desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno para justificar una decisión que no era compartida por el otro ala del Gobierno. Una mujer casada con dos hijos de 5 y 7 años que gana 20.000 euros al año (más que el nuevo SMI que queda fijado en 16.576 euros brutos al año) tendrá una retención del 6,71% (1.342 euros) y un trabajador con un salario de 18.500 euros anuales tendrá una retención del 6,09% (1.126,6 euros al año), una vez sea efectiva la subida, tras esta decisión.
En las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo ha defendido en público y en privado que se tenía que volver a ajustar el mínimo exento, como se había hecho en los ejercicios anteriores. No obstante, era consciente de que esta cuestión excedía del ámbito de sus competencias por lo que reclamó a los sindicatos que brindasen su apoyo al incremento pese a no tener garantizado cuál sería la subida en términos netos (algo que varía en función de la situación personal del trabajador), puesto que Hacienda mantuvo la incógnita durante toda la negociación. Fuentes del entorno de Sumar explicaron que esta no era la primera vez que Hacienda quería llevar a cabo este cambio y obligar a tributar a este grupo de trabajadores, y que en las anteriores ocasiones se había producido el ajuste por exigencia de la formación situada más a la izquierda de la coalición.
El incremento del SMI se produce con efectos retroactivos al 1 de enero, por lo que tanto el incremento como el ajuste de la tributación tendrán que realizarse en las nóminas de febrero. "La justicia fiscal empieza por arriba" ha defendido la titular de Trabajo en la rueda de prensa de este martes, después de que las ministras tuvieran un cruce de declaraciones la semana pasada después de que Montero reclamase a la responsable por Sumar "pedagogía fiscal" y tildase su discurso de "populista". Los representantes de los trabajadores también se dividieron sobre esta materia, tal y como contó elEconomista.es. CCOO defendía que la subida fuera mayor para compensar una tributación que entendían que acabaría dándose por el número de trabajadores afectados en cambio UGT llegó a negarse a dar su firma a un incremento que no quedase excluido, pero después se retractó.