Madrid
El Ministerio de Trabajo ha convocado a los representantes de la patronal y los sindicatos para proponerles una subida del salario mínimo interprofesional del 4,4%, 50 euros más al mes, de acuerdo con el rango más alto recomendado por los expertos al que se acogerá la ministra Yolanda Díaz. CEOE y Cepyme -en un contexto de claro enfriamiento de las relaciones con la vicepresidenta segunda- descartan entrar en la negociación y avanzan su rechazo al nuevo incremento. Los sindicatos, en cambio, llegaron divididos a la mesa. Mientras UGT exige saber si se modificará el mínimo exento antes de fijar su posición sobre la subida del 4,4%, CCOO presiona para llevar el incremento hasta el 6% para compensar la cuantía que abonarían en IRPF.
La mejora de las nóminas más bajas es una cuestión clave para los sindicatos. Las centrales comenzaron a situar su reclamación entre el 5% y el 6% en verano para acercar el SMI a 1.200 euros brutos con un marcado consenso. No obstante, acudieron a esta primera mesa con opiniones encontradas ante la posibilidad de que se apruebe la subida a 1.184 euros brutos en 14 pagas. La decisión, que Hacienda tiene sobre la mesa es importante para las nóminas bajas, quien cobre el hipotético nuevo SMI tributaría al 43% por el IRPF. De la mejora de entre 546 y 700 euros anuales, Hacienda se llevaría entre 233 y 300 euros en concepto de IRPF, calcula el economista Juan Luis Jiménez.
La UGT que que encabeza Pepe Álvarez se mostró beligerante con esta posibilidad tan pronto como se dio a conocer que Hacienda dejaría de ampliar el mínimo exento y emitió un comunicado en el que anunciaba que no prestarían su apoyo a una subida del SMI que fuera destinada, al menos en parte, a engrosar los ingresos de la Agencia Tributaria.
UGT ha acudido a la mesa con la propuesta acordada con CCOO. Si bien no quieren que los trabajadores en SMI paguen más impuestos como prioridad, las fuentes consultadas por elEconomista.es deslizan que estarían contentos con una subida inferior a la que demandan (del 4,4% sugerido por los expertos) si se garantiza que el alza se dirigirá íntegramente al bolsillo de los trabajadores y no al abono del IPRF. El propio Álvarez ya abría esta posibilidad hace una semana al declarar que no aceptarían una subida que no superase el 4% en la rueda de prensa de inicio del año.
De su lado, CCOO, encabezada por Unai Sordo, manifiesta sus dudas por la actuación de Hacienda y proponen ir más allá de la recomendación de los expertos. Recuerdan que las mejoras de las nóminas bajas no deben ir acompañadas del propio incremento del umbral de tributación, actualmente en 15.876 euros anuales. "La decisión del informe en ningún caso vincula con la postura de CCOO. Esta tarde vamos a hacer una propuesta superior a lo pronosticado por el grupo de expertos", ha explicado Unai Sordo antes de un foro de Migraciones al que también ha acudido la titular de las pensiones, Elma Saiz.
"Está por discernir exactamente cómo va a evolucionar la política fiscal respecto al SMI. Nosotros pensamos que si el SMI no queda por debajo del mínimo exento, que es una posición que el Gobierno puede tomar legítimamente, hay que garantizar que todos los perceptores del SMI entran dentro de los criterios de la Carta Social Europea: que se sitúe el SMI en el 60% del salario neto [de impuestos]. En nuestra opinión, la subida debe ser mayor de lo que proponen los expertos", ha explicado Sordo.
Fuentes de la central asumen que la base de trabajadores cobrando el mínimo por ley es tan amplia que una nueva actualización del umbral en línea con la mejora del SMI, sin seguir al dedillo la ley, limaría los ingresos tributarios del Estado y entienden que el mínimo exento no se actualizará. A cambio, apuestan por mejorar más el SMI para garantizar que la subida se alinea con el 60% del salario medio en términos netos. Esta opción la recogen los expertos en el informe presentado este miércoles, en el que se plantean diferentes porcentajes de subida en función de si se lleva a cabo o no el ajuste, dado que se fijan en el salario neto.
Los negociadores en la mesa también reflejaban estas diferencias al responder las preguntas de la prensa tras el encuentro. "Para nosotros es vital. Nos parecería que el Gobierno no cumple con su función si en el momento en el que se hacen las propuestas no tenemos esta información" señalaba el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. "Hemos echado cuentas, partiendo del trabajo que han hecho los expertos y la propuesta que estamos haciendo (hasta un 6%) nos colocaría en una posición de que pase lo que pase, tienen garantizado el 60% del salario neto" respondía la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien reconocía que sí les gustaría tener esta información.
No obstante, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha matizado que esta cuestión está fuera de su ámbito de competencias por lo que a pesar de que la postura de Trabajo pasa por volver a actualizar el mínimo exento, no pueden garantizarlo dentro de la mesa de negociación. De hecho, el número dos de Yolanda Díaz ha manifestado su intención de convocar a los agentes sociales el 22 de enero con el objetivo de cerrar un acuerdo, horas después de que la patronal tome una decisión de forma interna sobre la propuesta planteada este miércoles por Trabajo. Y para entonces, la cuestión del IRPF podría seguir siendo una incógnita.
El departamento de María Jesús Montero todavía no tiene una decisión tomada al respecto y Trabajo defiende que su posición es que se siga actualizando este umbral, como se ha venido haciendo en años anteriores. No obstante, el hecho de que cada vez vaya a alcanzar a más trabajadores lleva a que algunos actores implicados esperen que Hacienda acabe imponiendo su criterio, como ya sucedió con la desindexación de los contratos suscritos por las empresas con las administraciones públicas que motivó el 'no' de CEOE al incremento llevado a cabo en 2024. Al mismo, tiempo, fuentes de Trabajo confirman que Díaz no se va a salir del abanico propuesto por el grupo formado por académicos, representantes de Hacienda, Economía y Trabajo, así como de los dos sindicatos.