Hacienda no aclara si los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pagarán o no el IRPF una vez que se apruebe el incremento de 50 euros que lo llevará a 1.184 euros con efectos retroactivos al 1 de enero. La titular del departamento y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha mantenido la incógnita en una entrevista concedida a 'Espejo Público' al tiempo que ha remarcado la importancia de que los ciudadanos contribuyan con sus impuestos, con lo que parece abrir la puerta a no volver a elevar el mínimo exento. De hecho, se ha dirigido a la responsable de Trabajo, que defiende que vuelvan a quedar al margen de este impuesto y ha reprochado a Yolanda Díaz que "hacer discursos populistas no conduce a nada".
"Me gustaría que hiciera hincapié en la pedagogía fiscal, porque ese planteamiento se puede ver muchas veces cuando asistimos al debate público, en el que se demoniza el que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos", ha explicado la titular de Hacienda. La número dos del PSOE se posiciona en contra de promocionar este discurso desde una coalición de izquierdas y ha insistido en que no se puede resolver todo con bajadas de impuestos. "Es importante que los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad es lo que permite fortalecer la democracia, sobre todo combatir la desigualdad" ha zanjado.
El Gobierno tomará la decisión definitiva el mismo día que Trabajo lleve al Consejo de Ministros la propuesta de subida del SMI, conocida desde hace una semana, cuando se firmó el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT. Si bien la balanza se inclinará "sabiendo que es fundamental que las arcas públicas permitan que todos los ciudadanos tengan ese colchón de seguridad que es la distribución de la riqueza". Unas declaraciones en las que se puede leer entre líneas que Hacienda no prevé excluir de nuevo a estos trabajadores, en un contexto de recaudación récord.
La titular de Trabajo ha respondido a este comentario unas horas después al atender a los medios. "Los que tienen que ajustarse el cinturón son los de arriba, no los de abajo" ha argumentado tras reconocer que existían ciertas "discrepancias" con la responsable de Hacienda sobre este aspecto. "Desde que soy ministra, siempre hemos eximido de tributación a las rentas que se acomodan al salario mínimo, hablamos de 16.500 euros al año. No hemos cambiado de posición nosotros" ha respondido y cuestionado que el PSOE sí esté a favor de que los caseros que bajen su alquiler en zonas tensionadas se desgraven el 100% de este tributo, pese a admitir que no había escuchado la entrevista de la vicepresidenta primera del Gobierno.
Lo cierto es que la recomendación elaborada por el grupo de expertos nombrado por Trabajo ya partía de este escenario para estimar cuál debería ser el nuevo SMI en términos brutos. "Este sería el aumento necesario en el caso de no actualizarse el umbral de tributación en el IRPF, manteniéndose, por tanto, el nivel actual de 15.876 euros. Si se aumenta dicho nivel sería necesario recalcular la retención correspondiente al nuevo mínimo, que, al ser mayor, se traduciría también en un menor crecimiento del SMI bruto para un mismo SMI neto" reflejaba el informe compartido por el Ministerio de Trabajo a finales de diciembre. La explicación es que el salario neto tiene que alinearse con el 60% del salario medio, también en términos netos, por lo que este punto es fundamental.
Es por ello que los sindicatos reclamaron al Ejecutivo que despejara esta incógnita antes de cerrar la negociación. No obstante, sus esfuerzos se vieron frustrados porque el equipo de Díaz, que comparte su posición no tiene las competencias para dictar el ajuste del mínimo exento del IRPF o ni capacidad para presionar a Hacienda en este sentido, lo que llevó a CCOO y UGT a extender la presión al ala socialista pero brindar su apoyo al pacto del SMI. El 43% de la subida de 700 euros anuales iría directamente destinado al abono de este tributo.
Fuentes del Ejecutivo explicaron entonces que esta no es la primera vez que Hacienda intenta que estos trabajadores también aporten el impuesto sobre la renta después de que se diera a conocer que era una de las opciones que tenían sobre la mesa. Mientras que las organizaciones sindicales se dividieron y mientras el sindicato de Pepe Álvarez comunicó que no firmarían un texto en el que no se garantizara que se produciría el ajuste, el de Unai Sordo entendió como lógica esta pretensión del Gobierno dado que el número de trabajadores afectados por el SMI no deja de crecer cada año, por lo que abogó por una subida mayor que tampoco se produjo.
