La paz firmada entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez en torno al nuevo decreto ómnibus reestablece las negociaciones en torno a los Presupuestos de 2025. Sobre la mesa, se encuentra la llegada de hasta 1.960 millones de euros en inversiones para Cataluña, que Junts ha puesto como condición para avanzar hacia la aprobación de las Cuentas. En concreto, la formación exige igualar el nivel de ejecución de las inversiones que el Estado aplica sobre la Comunidad de Madrid, con las de Cataluña.
El ahorro de los hogares siguió creciendo en la segunda mitad de 2024, lo hizo un 1,1% en el tercer trimestre y ya supone el 14,2% de la renta bruta disponible (RBD), según el Banco de España. "Al igual que en la mayoría de los países del área del euro, la tasa de ahorro se mantiene en registros elevados desde una perspectiva histórica", apunta el informe sobre la situación financiera. Detrás de este nuevo repunte, se esconde una resistencia a consumir por parte –especialmente- de las familias con mayor renta o de aquellas que se encuentran en régimen de alquiler y que –ante el aumento de los precios- han optado por reducir sus gastos. Esto se traduce en una moderación del grado de vulnerabilidad que se toma como referencia para –entre otros- activar la suspensión de los desahucios.
El Gobierno mantiene en vilo a unos 100.000 pluriempleados con ingresos de entre 1.500 y 2.500 euros, que siguen sin saber si finalmente quedarán exentos de hacer la declaración de la Renta. Moncloa dejó fuera esta medida del escudo social en la nueva versión del decreto ómnibus, y dejará “para más adelante” la prerrogativa, que permitirá que aquellos contribuyentes con más de un pagador -cuyos rendimientos totales no superen los 2.500 euros- no estén sujetos a la obligación de presentar la declaración de la Renta si los ingresos totales no superan los 22.000 euros anuales.
El equipo de economistas que asesora a la cúpula del PP aconsejó a sus integrantes no apoyar la segunda versión del decreto ómnibus que el Gobierno aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros. Fuentes cercanas a Génova consultadas por elEconomista.es afirman que el grupo de expertos, vinculados a la fundación del PP Reformismo 21, advirtieron al jefe de la oposición de las consecuencias electorales que tendrá un voto a favor en el Congreso del texto en el que Pedro Sánchez ha rescatado parte de las medidas sociales que decayeron el 22 de enero en el Congreso de los Diputados.
El ministerio de Hacienda convoca a las CCAA al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar el 26 de febrero, según han confirmado fuentes del departamento liderado por María Jesús Montero. Pese a que todavía no hay orden del día, se da por hecho que la vicepresidenta primera buscará trazar las bases del sistema de quitas de deuda que las regiones tienen con el FLA, y a la que varias autonomías del PP se oponen. La reunión fue adelantada el pasado 13 de diciembre por el presidente del Gobierno tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, y que concluyó sin acuerdos. "Ahora parece que será el 26 de febrero. Esperamos aún la convocatoria y el orden del día", ha reaccionado la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España. Está previsto que el PSOE-A elija a Montero como líder el fin de semana del 22 y 23 de febrero.
El Gobierno cierra un acuerdo con Junts y aprueba un nuevo decreto para salvar las principales medidas del paquete derogado la pasada semana en el Congreso. El texto incluye la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte público, la ayudas para los afectados por la DANA, la extensión del 'escudo antiopas', y otras medidas sociales, como la prohibición de los cortes de suministros básicos o la suspensión de los desahucios a familias vulnerables, que el Ejecutivo compensará con un sistema de avales públicos a propietarios e inquilinos. Esta última medida, habría sido incluida para lograr el apoyo de los de Puigdemont al decreto, que será tramitado de urgencia en la Cámara Baja.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantiene su pulso con la patronal a causa de la reducción de la jornada laboral que pretende llevar al primer Consejo de Ministros de febrero. La titular de Trabajo ha criticado que la CEOE haya puesto en duda la constitucionalidad de la medida. Los de Antonio Garamendi abrieron una nueva batalla contra el anteproyecto, a través de un documento de alegaciones contra el proyecto de ley registrado en la Dirección General de Trabajo. En él, cuestionan que la postura del ministerio en las negociaciones del diálogo social se ajuste a la Constitución. "Este alegato a la inconstitucionalidad de la reducción de la jornada laboral ya fue resuelto por el Alto Tribunal en una sentencia", ha recordado Díaz en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
El Gobierno estudia las vías para rearmar un real decreto que rescate la revalorización de las pensiones al 2,8%, y evitar una bajada de la prestación a partir de febrero para los más de 12 millones de pensionistas. La derogación del decreto ómnibus –a manos del PP, Junts y Vox– obligará a los de Pedro Sánchez a aprobar la medida en el Consejo de Ministros antes del 11 de febrero. El abono mensual de las pensiones requiere de una serie de trámites operativos entre la Seguridad Social y las entidades financieras que suelen darse entre el 10 y el 20 de cada mes. De tal forma y una vez descartada la opción de un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno debería tener aprobado el texto para revalorizar las pagas y conocer el importe exacto, a lo largo de las próximas semanas.
El Gobierno sigue sin desvelar si troceará el decreto ómnibus que contenía el alza de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o la suspensión de los desahucios, tal y como reclaman varios grupos parlamentarios. "¿Qué lógica política explica el hacer eso? Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país", ha insistido el presidente, Pedro Sánchez, desde Fitur. Las palabras del jefe del Ejecutivo contradicen con las declaraciones arrojadas ayer por su vicepresidenta primera. María Jesús Montero desveló que estudia que medidas del texto "suscitan mayor consenso y cuáles no", con la intención de rescatarla en un próximo Consejo de Ministros.
Hasta ocho gobiernos autonómicos mantendrán los descuentos al transporte, a pesar de la derogación del decreto ómnibus que incluía estas ayudas, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Varias de ellas ya han comunicado su extensión. La Comunidad de Madrid, Cataluña, Euskadi, Andalucía, Cantabria, Galicia, Baleares o Castilla y León han confirmado que trabajan para articular la manera de garantizar la parte de subvención regional y extender los precios reducidos aplicados desde septiembre de 2022. Otras, mantendrán en suspenso las rebajas hasta que el Gobierno de un paso adelante y resucite las ayudas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero reveló ayer que estudiará qué medidas del paquete "suscitan mayor consenso" con la intención de devolverlas a la Cámara Baja y contar –esta vez sí– con el apoyo de Junts. "¿Por qué 24 horas más tarde el PSOE no ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte?", se preguntan fuentes del partido de Carles Puigdemont. Moncloa culpa -no obstante– al Partido Popular de la derogación de la ayuda, que provocó ayer el desconcierto de los viajeros en las principales ciudades españolas.