El Gobierno sigue sin desvelar si troceará el decreto ómnibus que contenía el alza de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o la suspensión de los desahucios, tal y como reclaman varios grupos parlamentarios. "¿Qué lógica política explica el hacer eso? Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país", ha insistido el presidente, Pedro Sánchez, desde Fitur. Las palabras del jefe del Ejecutivo contradicen con las declaraciones arrojadas ayer por su vicepresidenta primera. María Jesús Montero desveló que estudia que medidas del texto "suscitan mayor consenso y cuáles no", con la intención de rescatarla en un próximo Consejo de Ministros.
La estrategia de Moncloa pasa por dejar que las consecuencias del rechazo del PP y Junts al decreto -el pasado miércoles en el Congreso- siga calando en la sociedad. De hecho, Sánchez ha vuelto a insistir en que el voto negativo de los de Feijóo "ha causado dolor social". "¿Por qué en lugar de abstenerse, votan en contra?", se ha preguntado. Es más, el socialista ha pedido a la oposición "replantearse su posición" de cara una hipotética repetición del debate en el futuro.
Horas antes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, llamaba a la calma. "La ministra de Hacienda lo está estudiando con todo el rigor y, por tanto, no me corresponde a mí adelantarlo, pero lo que quiero es transmitir, sobre todo, tranquilidad a los pensionistas", dijo, deslizando que Montero aprovechará un próximo Consejo de Ministros para garantizar el alza de las prestaciones.
La derogación del texto ha hecho peligrar la revalorización de las pensiones al 2,8% a partir del mes que viene. De hecho, el Ejecutivo no ha dejado de repetir durante las horas que los jubilados sufrirán una rebaja en su prestación ya el próximo mes de febrero. En punto muerto queda también la subvención estatal de parte del coste del transporte público. Varias CCAA ya han anunciado que mantendrán su parte del descuento durante las próximas semanas, a la espera de que Moncloa de el paso de enmendar la caída del decreto. No obstante, otras -como Castilla-La Mancha- se ha declarado incapaz de asumir en solitario el coste que demanda la medida.
Además, hay varios grupos que se han mostrado en contra de trocear el decreto. Podemos exige que incluya las medidas del escudo social pactadas durante las últimas semanas. Entre ellas, se incluye la suspensión de los desahucios a las familias vulnerables, a la que PP y Junts se oponen frontalmente. Tanto Alberto Núñez Feijóo, como Carles Puigdemont, coinciden al apostar por lanzamientos exprés en un plazo máximo de 48 horas.