El Gobierno prepara el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del año en el que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, debe comenzar a desatascar la reforma de la financiación autonómica en la que espera incluir las condiciones "singulares" para Cataluña acordadas con ERC y que están siendo aterrizadas por un grupo de expertos designado por Moncloa. La cita sigue sin contar con una fecha, pero estará marcada por el pacto, que incluye la aplicación del principio –llamado de ordinalidad– que garantiza que Cataluña recibirá tantos recursos como aporta a la caja común, en detrimento de las regiones con menor PIB per cápita, que hasta ahora reciben más de lo que aportan. Paradójicamente, este mecanismo perjudicará, sobre todo a Andalucía –la autonomía en la que la propia Montero quiere relanzar al PSOE– y, en segundo y tercer lugar, a Canarias y Galicia.
No en vano la ordinalidad acabará con "un sistema que aporta a las comunidades de menor renta recursos extra. Estos recursos provienen en parte del Estado, y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita, Madrid, Cataluña y Baleares", destaca Fedea.
Con este escenario por delante, María Jesús Montero, afronta la difícil tarea de defender su pacto con los de Oriol Junqueras, mientras rehace las filas del PSOE andaluz, con el que aspira a presidir la comunidad. Hasta ahora, Andalucía aportó un saldo positivo de unos 6.100 millones en 2022, según los cálculos de Fedea. La cantidad supone la diferencia entre los 20.381 millones que computa de ingresos tributarios, y su financiación efectiva, de 26.481 millones. Sin embargo, la activación del principio de ordinalidad, amenaza con trastocar este equilibrio y abrir una nueva brecha entre Gobierno y CCAA, en la que Montero es juez y parte.
La batalla está servida. En pleno proceso congresual en los territorios socialistas, la financiación autonómica amenaza con azuzar el debate en el seno del PSOE. Desde Castilla-La Mancha, el equipo de Emiliano García-Page reivindica una reforma "que dé más recursos para el estado del bienestar, sin ordinalidad, sin privilegios y que trate a todas las comunidades autónomas con igualdad". En Andalucía, la llegada de Montero ha acallado –de momento– la discusión. Aunque lo cierto es que la comunidad dejará de recibir parte de los 600 euros por habitante más de los que aporta si el concierto catalán llega a término. Llegado el caso, el gobierno andaluz estará obligado a reducir el gasto y compensar la pérdida de financiación, o a poner fin a la red de bonificaciones tributarias para elevar la recaudación. Cabe recordar que los incentivos tributarios aprobados restaron 703 millones a la recaudación potencial en 2022, según la Fundación Alternativas. No obstante, hasta el pasado mes de noviembre, la hacienda andaluza logró elevar sus ingresos tributarios hasta los 17.626 millones, un 9,34% más con respecto al mismo periodo de 2023, antes de recibir las liquidaciones del Estado.
La cifra podría crecer si María Jesús Montero se hace con la presidencia autonómica en las elecciones de 2027. La líder socialista –que no ha dejado de denunciar el efecto de la política fiscal de los barones del PP– podría poner fin a red de bonificaciones, deducciones e incentivos levantada por Juanma Moreno, elevando los ingresos y minimizando la pérdida de los recursos provocados por el principio de ordinalidad.
En la misma situación se encuentra el ministro de Política Territorial. Víctor Ángel Torres lidera desde 2017 el PSOE de Canarias, otra de las regiones que podrían perder parte del saldo de 4.130 millones de euros que obtiene del sistema de financiación autonómica. También Galicia podría perder parte de los casi 3.000 millones con los que el reparto de la financiación compensa su menor PIB per cápita.