La paz firmada entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez en torno al nuevo decreto ómnibus reestablece las negociaciones en torno a los Presupuestos de 2025. Sobre la mesa, se encuentra la llegada de hasta 1.960 millones de euros en inversiones para Cataluña, que Junts ha puesto como condición para avanzar hacia la aprobación de las Cuentas. En concreto, la formación exige igualar el nivel de ejecución de las inversiones que el Estado aplica sobre la Comunidad de Madrid, con las de Cataluña.
Según fuentes posconvergentes, los últimos presupuestos aprobados desplegaron 373 euros por habitante en la región que preside Isabel Díaz Ayuso, más de 2.600 millones de euros. La cifra está muy alejada de los 130 euros por habitante –o 1.048 millones- que las Cuentas vigentes destinan a Cataluña. Igualar el volumen de inversiones, teniendo en cuenta que Madrid cuenta con cerca de un millón menos de habitantes, supondría un extra presupuestario de casi 2.000 millones. Unas aspiraciones a las que Puigdemont renuncia ahora, a pesar de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, prometió a Junts incluir una mejora en los PGE. "Seguiremos mejorando en materia de cumplimiento de la ejecución con Cataluña", dijo hace meses en sede parlamentaria.
No obstante, las cifras aportadas por el Gobierno apuntan en otra dirección. Según los datos de la Intervención General del Estado, Cataluña recibió 10.541 millones de euros procedentes de la ejecución presupuestaria acometida en 2023. Por contra, a la Comunidad de Madrid llegaron 7.709 millones de euros. Es decir, Cataluña obtuvo 2.832 millones más en inversiones y obligaciones reconocidas, que la región liderada por Isabel Díaz Ayuso. Los datos, en poder de Junts, fueron enviados por el Ejecutivo dentro de un informe solicitado como pregunta por escrito a petición del diputado posconvergente Josep María Cruset, en septiembre del año pasado. "Añaden las transferencias que por ley tiene que hacer a los ayuntamientos y la Generalitat es trampa. Y esta trampa porque en Cataluña vivimos un millón más de personas y frente a los 170 ayuntamientos de Madrid nosotros tenemos 950", dijo Crusat, que acusa a Hacienda de "camuflar" la información. "El peso de la inversión liquidada por el Estado en Cataluña en 2023 fue de un 9,3% de la inversión total regionalizada. Este porcentaje queda muy por debajo del peso relativo del PIB (18,8%) y de la población (16,5%) de Cataluña en 2023", apuntan desde la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat.
No obstante, el alza de la inversión real sobre Cataluña es reconocida por parte del propio gobierno catalán. Su departamento de Economía revela que el esfuerzo inversor del Estado sobre la autonomía alcanzó su máximo nivel en 2023, y que repuntó tres puntos más de lo que lo hizo en la Comunidad de Madrid, que creció un 5,2%. La diferencia podría ensancharse durante los próximos años, al sumarse todas las transferencias previstas para materializar el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC, y que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. Una de las más relevantes es la que engloba el traspaso de Rodalies al Gobierno catalán. En el documento, los socialistas no solo se comprometen a transferir los recursos necesarios para completar la promesa, sino que -además- se establece un traspaso a la Generalitat con la intención de "sufragar la deuda existente con Renfe", cifrada en 132,7 millones de euros.
El retorno de las negociaciones presupuestarias, no solo rescatan el catálogo de propuestas puestas sobre el tablero por Junts. Otros grupos aspiran a incluir en las Cuentas parte de su agenda de reformas e inversiones. Entre ellas se encuentra la autonomía de las tasas de reposición de empleo público de Euskadi pactada con el PNV, o el avance hacia la gratuidad de las autopistas AP-9 y AP-53, que demanda el BNG. También otros asuntos estatales que colean desde hace meses. El Gobierno tiene en la Cuentas la oportunidad perfecta para dotar de recursos el fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia o la Región de Murcia; o establecimiento de las bases presupuestarias de la reforma del sistema de financiación autonómica, que Montero intentará comenzar a abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que reunirá a vicepresidenta y CCAA el próximo 26 de febrero.
Un margen de 6.100 millones
El Gobierno ya aprobó hace meses el techo de gasto de 195.353 millones -sin incluir los fondos europeos- sobre los que espera levantar el proyecto de Presupuestos. De esta manera, Hacienda dispondrá de unos 6.100 millones de euros adicionales, que podrá destinar al pago de las concesiones que admita a los grupos parlamentarios a cambio de su futuro apoyo en la tramitación. No obstante, la Comisión Europea vigilará con lupa la acción del Ejecutivo. Bruselas recomienda limitar al 2,4% el crecimiento del gasto primario neto, una tasa que -según prevé la AIReF- se superará con creces. El organismo pronostica que podría desviarse por encima del 4,3%, si finalmente Montero logra impulsar las Cuentas.
En este contexto, los de Ursula von der Leyen valoran suspender de nuevo las reglas fiscales, con la intención de agilizar que los Estados eleven su presupuesto en Defensa, para cumplir con el 2% del PIB pactado. España tendría que hacer un esfuerzo extraordinario. Su gasto actual apenas alcanza el 1,3% del PIB.