El Gobierno mantiene en vilo a unos 100.000 pluriempleados con ingresos de entre 1.500 y 2.500 euros, que siguen sin saber si finalmente quedarán exentos de hacer la declaración de la Renta. Moncloa dejó fuera esta medida del escudo social en la nueva versión del decreto ómnibus, y dejará "para más adelante" la prerrogativa, que permitirá que aquellos contribuyentes con más de un pagador -cuyos rendimientos totales no superen los 2.500 euros- no estén sujetos a la obligación de presentar la declaración de la Renta si los ingresos totales no superan los 22.000 euros anuales.
La norma buscaba "reducir las obligaciones tributarias de los contribuyentes con menores rentas". Hasta ahora, el límite exento se mantenía en los 1.500 euros, una cuantía que seguirá vigente hasta que el Ejecutivo no rescate la norma que cayó derogada el pasado 22 de enero junto al resto del decreto ómnibus. "El Gobierno ya está negociando con los grupos parlamentarios para que pueda ser aprobada, en cuestión de semanas", desveló el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros.
España cerró el 2023 con 593.500 personas con más de un empleo, de ellos, 334.000 trabajan por cuenta ajena, según la última Encuesta de Población Activa. Pese a que la falta de cifras oficiales, un estudio publicado por Infojobs estima que unos 93.000 –un 28% del total- cuenten con ingresos mensuales superiores a los 1.500 euros. La encuesta elaborada por el portal de empleo, estima que un 40% de los pluriempleados se han visto obligados a buscar un segundo trabajo "por necesidad". Una realidad que crece año a año. En 2021, el número de cotizantes con más de un pagador ascendía a 546.700, 46.800 menos de la cifra alcanzada actualmente.
"Cuando se tienen dos pagadores es más frecuente que la declaración salga a pagar", afirman desde Bankinter, que explican que esto suele explicarse porque el segundo pagador realiza las retenciones como si fuera el único pagador del año, sin tener en cuenta los ingresos provenientes de otros pagadores y, por lo tanto, aplica un porcentaje de retención menor.
El Gobierno tratará de rescatar la medida en el nuevo decreto que podría aprobar a lo largo del próximo mes de febrero. El texto podría integrar otras que Moncloa decidió dejar para más adelante tras perder la votación en el Congreso de los Diputados. Entre ellas, se encuentra el mecanismo para traspasar al SEPES viviendas en posesión del Estado. La intención es destinar estos inmuebles al alquiler asequible. También queda pendiente la prórroga del descuento del 80% de los peajes para las industrias electrointensivas hasta el 31 de diciembre de 2025, o la ampliación temporal del programa de apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos, de pila de combustible y puntos de recarga, recogidos en el Plan Moves III.
El futuro paquete de medidas económicas debería integrar-además- la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. La anterior versión contemplaba 9.600 millones de euros que se repartirían de forma anticipada entre los diferentes Gobiernos para gasto público.
Por último, un cambio técnico sobre el impuesto a la banca aprobado -junto a la reforma fiscal- el pasado mes de noviembre. Se trata de una corrección dirigida a limitar el impacto contable del nuevo gravamen sobre las entidades financieras. Moncloa seguirá negociando para garantizar su viabilidad parlamentaria antes de presentarlo.
