PP y Junts tumban del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o ayudas a los afectados por la DANA, y firman la primera derrota parlamentaria del Gobierno de este 2025. Los de Puigdemont han vuelto a teatralizar su estrategia en el Congreso, renunciando a defender su posición en el debate y manteniendo la duda sobre el sentido de su voto. La incógnita la desveló en el debate posterior sobre el impuesto a las energéticas su portavoz Miriam Nogueras. "Votaremos no a los tres decretos", reveló en referencia al escudo social, la tasa energética y la compatibilidad del cobro de las pensiones y el empleo. Lo mismo ha ocurrido con el PP. Fuentes de Génova ya anticiparon el rechazo de su grupo pese a estar de acuerdo con varias de sus medidas. "El PP votará NO a ese decreto trampa pero impulsará una ley que proteja a los jubilados de nuestro país", afirman. De hecho, los populares han registrado una proposición de ley que incluye la misma revalorización de las pensiones a la que hoy votaron en contra en la Cámara Baja. "Salvaremos la subida de las pensiones tras la previsible derrota del Gobierno en la sesión parlamentaria de hoy", aseguran los populares.

La suspensión de las negociaciones con el Gobierno decretadas ayer por Puigdemont, amenaza la viabilidad de los Presupuestos de 2025 que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se comprometió a aprobar a lo largo de este primer trimestre del año. El nuevo giro de cintura de Junts resucita una nueva prórroga presupuestaria –la segunda consecutiva- a la que Moncloa lleva días restando importancia. Al menos tres ministros han minimizado hasta ahora el impacto que tendría extender de nuevo las Cuentas de 2023 a lo largo del año. "No impide gobernar", dijo el titular de Transportes, Óscar Puentes. Es más, la prórroga podría ser el mayor aliado de las cuentas públicas. Renunciar a las nuevas invalida el techo de gasto proyectado hace meses, de 195.353 millones de euros, sin contar las transferencias de los fondos europeos. La cifra se sitúa muy por encima de los 173.065 millones que las Cuentas vigentes desde hace dos años establecen como tope, por lo que dilatarlas otros doce meses conllevaría un ahorro de más de 22.200 millones de euros en las proyecciones de gasto.

María Jesús Montero promete "partirse la cara diariamente" para que "Andalucía no pierda financiación", un día después de que elEconomista.es publicara que el principio de ordinalidad que incluye el concierto catalán implica que la región dejará de aportar más de lo que recibe, en detrimento de aquellas con menor renta per cápita, como la propia Andalucía, Canarias y Galicia. Cabe recordar que, en 2018, el Parlamento andaluz votó -por unanimidad- un informe elaborado por el Consejo Económico y Social que asegura que "la ordinalidad no es un principio constitucional, ni está justificada técnicamente". El documento revela que "dicho concepto no es más que un modo encubierto de conseguir que la distribución de recursos financieros entre las CCAA otorgue más financiación a aquellas que cuenten con un mayor PIB per cápita, sin atender ni a la igualdad ni a la suficiencia".

El PSOE y Sumar adormecen el órdago de Carles Puigdemont y pospone su decisión sobre la cuestión de confianza que Junts registró a inicios del pasado mes de diciembre. La mesa del Congreso da una patada hacia adelante y aplaza su decisión sobre si llevar o no a Pleno la Proposición No de Ley (PNL) que reclama la celebración de un examen legislativo a Sánchez. El líder postconvergente amenazó con hacer colapsar la legislatura si Moncloa le ignoraba. Un ultimátum que las filas socialistas interpretan como una ruptura de las negociaciones en torno a los Presupuestos de 2025, que condenaría a Moncloa a prorrogar -una vez más- las Cuentas proyectadas para 2023. "No es la mejor opción, pero no impide gobernar ni trazar hoja de ruta", dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace días. Desde entonces, la consigna pública del Ejecutivo es la misma. "Podemos prorrogar sin problema", afirman fuentes socialistas, que recuerdan que varias CCAA populares tan solo consiguieron aprobar un Presupuesto durante la pasada legislatura.