El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prorrogará en 2025 al menos cinco medidas del decreto anticrisis que España arrastra desde el estallido de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo prevé incluir el alza del mínimo exento de hacer la declaración de la renta a 15.876 euros en el nuevo escudo social. También incluirá la prórroga escalonada del bono social eléctrico, la rebaja del tipo del IVA al aceite de oliva al 4%, la suspensión de los desahucios hipotecarios para las familias vulnerables, y extensión durante seis meses de los descuentos al transporte, ambas pactadas el jueves con Podemos. Las medidas serán anunciadas hoy y estarán dirigidas a los sectores más vulnerables, lo que permitirá liberar a las finanzas públicas del peso de los paquetes de ayudas vigentes desde hace dos años, cuyas principales líneas provocaron un impacto cercano a los 3.000 millones de euros solo este año.

El Gobierno dio ayer por zanjada la agónica reforma fiscal, después de un nuevo Pleno marcado por pulso mantenido por Junts y PNV. El texto cuenta ya con todos los avales necesarios, y está listo para entrar en vigor el próximo 1 de enero. Estas son las líneas maestras de la norma con la que Moncloa busca elevar la recaudación en unos 4.500 millones de euros, solo en 2025.

El Gobierno salva sobre la campana la Ley de eficiencia de la Justicia, después de comprometerse con Podemos -a cambio de su apoyo- a prorrogar la suspensión de los desahucios a las familias vulnerables a través de una proposición de ley o su inclusión en el escudo social para 2025. Moncloa también tendrá que extender durante seis meses los descuentos al transporte, que el Ejecutivo se disponía a ir disolviendo. "Si el PNV y Junts quieren votar en contra de esas ayudas al transporte, de suspender los desahucios de las personas que tienen una situación más vulnerable, pues van a tener que explicarlo muy bien, porque hasta ahora todos estos grupos han apoyado los escudos sociales en los mismos términos", dijo Belarra tras la finalización del Pleno.

ERC se lanza a la batalla y exige que la senda de estabilidad -que Hacienda sigue sin presentar- permita a Cataluña un déficit 0,7%, seis décimas superior al proyectado por el Ejecutivo inicialmente. Moncloa lleva meses negociando con Junts el margen de gasto con el que contarán las autonomías el año que viene. Los de Carles Puigdemont han lanzado varias propuestas, entre ellas elevar el déficit para la Generalitat al 0,8% o repartir el margen en función al peso de cada CCAA en el PIB nacional. Los de Junqueras contratacan ahora en el Congreso, y registran una PNV con la intención de no quedarse fuera del debate, antes de que María Jesús Montero ponga en marcha la maquinaria presupuestaria, que comenzará con la aprobación de la nueva senda fiscal que ponga los cimientos a la capacidad de gasto de todas las administraciones públicas.

Una quita simétrica de la deuda que las CCAA mantienen con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) podría suponer un desahogo de más de14.300 millones para las arcas públicas valencianas, cuyo pasivo total asciende a casi 59.498 millones de euros. Lo mismo ocurre con Murcia. La autonomía presidida por Fernando López Miras arrastra un pasivo de 12.269 millones con el Estado. De ellos, restaría 2.370 millones si finalmente el mecanismo que preparan los de María Jesús Montero extiende de forma simétrica a todas las regiones las condiciones pactadas con ERC para Cataluña. Más de un 92% de la deuda total de la Comunidad Valenciana está en manos del Estado. El porcentaje aumenta al 92,9% y al 95,8% en el caso de Cantabria y la Región de Murcia. Todo ello será debatido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que Sánchez convocó el viernes de la semana pasada y que tendrá lugar en enero. Hasta ahora, solo la quita pactada con Cataluña, que reducirá su deuda con el FLA en un 20%, está confirmada. Si la regla acaba siendo proporcional, Valencia podría disfrutar de una condonación del 26,2% y Murcia del 19,35%. Las tres regiones cuentan con una nota de rating similar, de 'BBB-'.