Redactor de Macro en elEconomista

La Conferencia de Presidentes acaba sin avances significativos en ninguno de los asuntos que Gobierno y CCAA han debatido durante más de cuatro horas hoy en Santander. Sobre la mesa, financiación, vivienda, inmigración y el refuerzo de efectivos sanitarios. La tensión ya ha escalado nada más iniciarse el debate sobre financiación autonómica. Sánchez, que trataba de establecer un calendario de avances en busca de un futuro acuerdo, se ha topado con los reproches que volaban de uno a otro lado de la mesa que reunía a los presidentes autonómicos. El catalán, Salvador Illa, se ha enzarzado en una discusión con varios de los barones populares -entre ellos Díaz Ayuso o Juanma Moreno- con acusaciones cruzadas sobre "falta de solidaridad fiscal y territorial". "No aceptaré lecciones de solidaridad de aquellos que practican la insolidaridad fiscal", dijo el catalán. "Pido que no se nos siga subiendo impuestos y llamándonos ricos, diciéndonos que van a meter la mano en la caja de Madrid para repartir no sé qué", respondió la presidenta madrileña. "Ha habido manifestaciones relativas a Cataluña se han hecho desde el desconocimiento y faltaban a la verdad", insistió Illa tras la finalización del encuentro.

Pedro Sánchez y los 17 presidentes autonómicos encaran hoy una Conferencia de Presidentes, que los líderes regionales lograron arrancar al jefe del Ejecutivo hace semanas con la intención de debatir la reforma de la financiación autonómica. En el orden del día, se suman otros asuntos clave como la vivienda, la falta de profesionales sanitarios, la inmigración y la maraña de asuntos que las diferentes CCAA tienen previsto poner sobre la mesa durante los diez minutos con los que contarán para intervenir. La cita dará comienzo a las 11 horas, en el Palacio de La Magdalena de Santander.

El Gobierno se marca como objetivo mantener el rimo de creación de empleo mostrado es 2024. España genera 500.000 nuevos puestos de trabajo anuales, "más que Francia y Alemania juntas", ha presumido el ministro de Economía en el acto celebrado esta mañana en la sede de EY. Carlos Cuerpo ha señalado a la influencia que la reforma laboral está teniendo sobre los datos económicos, que permitirán al PIB cerrar el año con un alza del 3%. "La reducción de la temporalidad a niveles europeos se está llevando a cabo en tiempo récord, y esto permite una mejora en el acceso vivienda, a un coche o un incremento en los créditos", ha destacado el ministro.

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció ayer que el Gobierno aprobará "en breve" una nueva Ley de Ciberseguridad que permitirá proteger al sector privado, a las empresas y a la sociedad civil, de los ciberataques. "La demanda de expertos en ciberseguridad en los próximos años se va a disparar, van a tener que reforzar protocolos y establecer nuevas fórmulas", ha insistido López, durante su participación en el XI Foro Industrial-Megatendencias: 'Industria y Competitividad' organizado por elEconomista.es. De esta manera, López confirma que el Ejecutivo adaptará la transposición europea con el objetivo de proteger a los sectores críticas, como la energía, la banca o infraestructuras digitales.

El Consejo de Ministros da luz verde a la ley de Industria, que busca blindar a las empresas estratégicas españolas, y que es imprescindible para recibir parte de los 3.000 millones del sexto desembolso de los 'Next Generation'. La norma derriba parte de las trabas administrativas para destinar ayudas directas a proyectos clave para economía española, pero obligará a las grandes empresas a devolverlas si deciden trasladan su actividad fuera de la zona del euro. Este último punto es el responsable del retraso de la aprobación de la ley, encallada durante las últimas semanas por el 'tira y afloja' entre PSOE y Sumar. "Hemos conseguido después de mucho debate y mucho diálogo poner en marcha esta nueva Ley de Industria para nuestro país", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la supresión del veto del Senado a la senda de estabilidad, que el Gobierno logró impulsar a través de una enmienda a la ley de Paridad en el Congreso de los Diputados. “El Gobierno está acostumbrado a recurrir a trámites fraudulentos y por la puerta de atrás para saltarse los controles establecidos en las Cortes Generales”, dijo la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García, que señala a la vulneración de hasta cinco artículos de la Constitución, por parte del PSOE.

La pérdida de recaudación por la elusión de impuestos de las grandes empresas y fortunas españolas se agudiza 2024. España ha perdido 8.455 millones de euros durante el último año por culpa del abuso fiscal de las multinacionales. La cifra asciende a los 9.385 millones de euros –el 0,7% del PIB- si se suma el coste de la huida fiscal de los grandes patrimonios: 935 millones que se escaparon por las grietas del sistema tributario. La cifra total supera por 3.268 millones a la registrada el año anterior por informe sobre el Estado de la Justicia Fiscal, que cada año publica Tax Justice Network.

Los de Santiago Abascal siguen adelante con su órdago a los seis gobiernos autonómicos en los que PP se apoya en Vox, y mantiene en suspenso las negociaciones para lograr impulsar los Presupuestos para 2025 amenazando el despliegue de –al menos– 77.014 millones de euros. Génova da por hecho que sus autonomías se verán obligadas a prorrogar sus Cuentas, arrebatando el argumento al que Feijóo se agarra para denunciar la inestabilidad parlamentaria que impidió el año pasado a Pedro Sánchez impulsar unos Presupuestos para 2024.

El ministerio de Hacienda atajará el extra de ingresos tributarios –correspondientes al 0,2% del PIB– que Bruselas le exige para garantizar el cumplimiento de las reglas europeas, con una revisión de los beneficios fiscales. Un informe de la AIReF incluye varias propuestas que podría añadir hasta 4.200 millones de euros más a la recaudación anual. Se trata de la eliminación de la declaración de la renta conjunta de los matrimonios, la reducción del límite exento del pago de IRPF por aportaciones a sistema de previsión social, tales como los planes de pensiones; o la exención de la que disfrutan las SICAV.

El Gobierno ultima la aprobación del anteproyecto de ley de Industria, que el ministerio que dirige Jordi Hereu lleva tiempo moldeando y que es imprescindible para recibir parte de los 3.000 millones del sexto desembolso de los Next Generation. La norma apuntalará los sectores estratégicos sobre los que el Ejecutivo lleva meses construyendo un cerco. El texto pondrá un sello sobre todos aquellos proyectos clave para la economía, que pasarán a disfrutar de un catálogo de beneficios e incentivos. Deberán cumplir varios criterios, entre los que destaca el tener un volumen de inversión relevante. Además, ampliará los principios que rigen las actividades industriales, incluyendo algunos que no existían como la resiliencia y autonomía estratégica o la descarbonización. Un punto, este último, que demandará de unas inversiones de unos 3.000 millones al año por parte del sector químico español. A ellos, se suman la tradicional industria estratégica: Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Juntas, estas empresas facturaron 13.900 millones de euros en 2023, un 15% más que un año antes.