Pedro Sánchez y los 17 presidentes autonómicos encaran hoy una Conferencia de Presidentes, que los líderes regionales lograron arrancar al jefe del Ejecutivo hace semanas con la intención de debatir la reforma de la financiación autonómica. En el orden del día, se suman otros asuntos clave como la vivienda, la falta de profesionales sanitarios, la inmigración y la maraña de asuntos que las diferentes CCAA tienen previsto poner sobre la mesa durante los diez minutos con los que contarán para intervenir. La cita dará comienzo a las 11 horas, en el Palacio de La Magdalena de Santander.
"Quien vaya con los ánimos de desprestigiar este órgano debe saber que los únicos perjudicados serán los ciudadanos", avisó hace días la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. La advertencia lo dice todo: hay mucho de lo que hablar, y poco tiempo que perder en rencillas políticas que eviten desatascar problemas. Buena parte de los asistentes ya han dejado entrever que dejarán en la puerta el 'gorro' de la confrontación, y tomarán una actitud más constructiva. "Vamos con alta expectativa, con el deseo de que haya compromisos y de que sean útiles para el conjunto de las personas de Castilla y León", dijo ayer Alfonso Fernández Mañueco. "Confiamos en que sea útil, se aplique la cogobernanza y no sea una mera relación de monólogos", afirman desde el Gobierno murciano. Génova -por el contrario- no ha dejado de calentar el encuentro durante los últimos días. Fuentes del PP no han dejado de criticar que el Gobierno no haya anticipado "un papel" para preparar la cita.
Sobre el tablero se encuentran temas capitales. Sánchez se enfrentará al enfado que su propuesta de la financiación singular para Cataluña -pactada con ERC a cambio de la investidura de Illa- ha despertado en el resto de los barones regionales. La número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, puede dar fe de ello. La secretaria general del Partido Popular lleva toda la semana reuniendo a los presidentes autonómicos populares. La directriz es clara: hacer un frente común contra el pacto catalán. "Vamos a defender la igualdad de todos los españoles y la igualdad de acceso a todos los servicios públicos, vivan donde vivan", revelan desde Génova. De momento, cuatro de los barones populares ya han advertido que exigirán "cortar de raíz el cupo separatista".
La consigna fue la misma que la que salió de la reunión que Feijóo mantuvo con todos sus presidentes regionales el 6 de septiembre, y que el Gobierno replicó destacando el aumento del reparto de las entregas a cuenta que el Ejecutivo ha desplegado desde la llegada de Sánchez a La Moncloa. "Piden con una mano, mientras con la otra hacen regalos fiscales a los más ricos", llegó a decir el presidente en un acto socialista. Tampoco salieron avances de las reuniones bilaterales que Sánchez ha mantenido con los presidentes regionales durante los últimos meses. Una ronda de contactos a la que la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se negó a acudir.
"La intención con la que afrontamos esta Conferencia de Presidentes es con una actitud positiva y constructiva", trató de destensar la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, el pasado martes tras el Consejo de Ministros. Sobre el papel, Moncloa ha puesto la posibilidad de que las autonomías que así lo quieran puedan recaudar y gestionar más impuestos. Sin embargo, la propuesta es criticada por regiones que, como Castilla-La Mancha, reclaman una armonización de tributos que impida lo que ellas llaman dumping fiscal y que los populares defienden como legítima competencia tributaria entre diferentes territorios. "Nosotros estamos sufriendo la política fiscal que tiene Madrid que, por sus circunstancias excepcionales, se puede permitir determinadas veleidades en materia tributaria", llegó a asegurar el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una entrevista con elEconomista.es.
Guerra de leyes de vivienda
Sánchez deberá -además- atajar el rompecabezas de la vivienda. El acuerdo parece imposible, teniendo en cuenta el abismo entre Sánchez y Feijóo. Moncloa insiste en que la Ley de Vivienda aprobada no da resultados por la indisciplina de las regiones del PP -especialmente Madrid- que se niegan a declararse zonas tensionadas para activar la limitación de los precios del alquiler. Génova -por su parte- contrarrestó con su propia norma, que basa la solución en la liberalización del suelo disponible y en un endurecimiento legal contra la 'okupación'. Todo mientras el precio de la vivienda marcó el pasado trimestre su mayor alza en dos años y medio, y el del alquiler se encareció un 14,7% en noviembre.
La guerra política entre Gobierno y PP amenaza con hacer naufragar otro de los debates que esta mañana se llevan a la cumbre: la inmigración. La reforma de la Ley de Extranjería, que garantice un reparto de los inmigrantes que siguen desbordando a Canarias, Ceuta y Melilla, está en vía muerta. El último intento de lograr un acuerdo para desatascarla terminó con Miguel Tellado imponiendo su documento al ministro Torres, y con el Gobierno dando por imposible el pacto. A ello, se suma el acercamiento de Feijóo a Junts, con quien pretende impulsar su propia reforma, si el presidente canario, Fernando Clavijo, no logra arrancar a Sánchez un acuerdo de mínimos este viernes. Todo pasa por Puigdemont, a quien PP y Gobierno están tentando para sacar adelante sus reformas.
La atención, se centrará también sobre Carlos Mazón. El presidente valenciano acude a la cita para verse las caras –por primera vez desde el estallido de la DANA- con el presidente del Gobierno. Mazón tiene previsto reclamar un plan nacional contra inundaciones y un fondo ante catástrofes naturales. Lo hará después de haber criticado el Plan de ayudas de más de 16.000 millones que Moncloa ha desplegado desde el pasado 5 de noviembre. Miembros del PP valenciano, no han dejado de denunciar que la "mayor parte de esas ayudas deberán ser devueltas por los afectados con intereses", pese a que casi la totalidad de las líneas de préstamos aprobadas cuentan con un tipo de interés del 0% durante los primeros tres meses.