La pérdida de recaudación por la elusión de impuestos de las grandes empresas y fortunas españolas se agudiza 2024. España ha perdido 8.455 millones de euros durante el último año por culpa del abuso fiscal de las multinacionales. La cifra asciende a los 9.385 millones de euros –el 0,7% del PIB- si se suma el coste de la huida fiscal de los grandes patrimonios: 935 millones que se escaparon por las grietas del sistema tributario. La cifra total supera por 3.268 millones a la registrada el año anterior por informe sobre el Estado de la Justicia Fiscal, que cada año publica Tax Justice Network.
Una fuga de ingresos que tratará de taponar la reforma fiscal que el Gobierno logró sacar adelante hace semana en el Congreso, y que incluye la transposición europea por la que se establece un tipo mínimo del 15% a los grupos multinacionales. La norma busca eliminar vías de escape tributarias a las grandes empresas, imponiendo una armonización fiscal a nivel internacional. El Gobierno calcula que la entrada en vigor de la medida aportará una recaudación extraordinaria de unos 2.000 millones de euros cada año.
Aun así, la enorme pérdida de ingresos fruto de la elusión fiscal obligará a Moncloa a impulsar nuevas estrategias para paliar el daño para la Agencia Tributaria (AEAT). El libro blanco encargado por María Jesús Montero en 2022 propone varias maneras para reducir el coste fiscal. El comité de expertos recomienda plantea crear una Unidad permanente de análisis del cumplimiento tributario, encargada de hacer un diagnóstico que allane el despliegue de las soluciones. Además, insisten en que es fundamental reforzar los efectivos de la Agencia Tributaria, no sólo en el ámbito del control e inspección, sino también para ayudar a la clarificación de las normas tributaria. También piden mejorar la relación de Hacienda con los contribuyentes a través de la apertura de canales de información. Dos de estas recomendaciones, llevan tiempo cumpliéndose por parte del ministerio que dirige Montero.
El equipo de la vicepresidenta primera incrementó un 17,3% las inspecciones a las multinacionales y grupos fiscales en 2023. Se llevaron a cabo más de34.487, dentro de una estrategia de acoso y derribo al fraude fiscal. Además, desde hace semanas, el ministerio lanzó una campaña informativa en la que explica el destino de los impuestos pagados: la financiación de los servicios públicos.
Fondos europeos
Por otro lado, el Plan de Recuperación traza -en su Componente 27- una profunda Ley de lucha contra el fraude, que integra armas para combatir la elusión. Promete un incremento de la plantilla de la AEAT y el "perfeccionamiento de los desarrollos informáticos y labores de depuración del gran volumen de información procedente de fuentes internacionales que permitan que sea tratada y utilizada de una manera más eficaz". El objetivo es cruzar información con otros socios europeos, para cerrar los vacíos legales por los que las grandes empresas puedan colarse para evitar pagar impuestos en España.