El Consejo de Ministros da luz verde a la ley de Industria, que busca blindar a las empresas estratégicas españolas, y que es imprescindible para recibir parte de los 3.000 millones del sexto desembolso de los 'Next Generation'. La norma derriba parte de las trabas administrativas para destinar ayudas directas a proyectos clave para economía española, pero obligará a las grandes empresas a devolverlas si deciden trasladan su actividad fuera de la zona del euro. Este último punto es el responsable del retraso de la aprobación de la ley, encallada durante las últimas semanas por el 'tira y afloja' entre PSOE y Sumar. "Hemos conseguido después de mucho debate y mucho diálogo poner en marcha esta nueva Ley de Industria para nuestro país", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
El texto establece así varios artículos para proteger la inversión pública que la ley dispone. Decreta que toda aquella empresa que se deslocalice fuera de la zona del euro tendrá que reembolsar al Estado el 100% de cualquier subvención pública recibida por un importe superior a los tres millones de euros. Además, la marcha fuera de Europa no podrá ser justificación para el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores o el despido de empleados. De esta forma, la norma desincentiva el traslado de la industria estratégica fuera, y protege el empleo.
"La reindustrialización en Europa es una necesidad y es una enorme oportunidad para España", ha asegurado el ministro de Industria, Jordi Hereu, que ha aprovechado su intervención para anunciar un acuerdo con KTL y Stellantis, para la puesta en marcha de una fábrica de baterías en Zaragoza con una inversión de 4.100 millones de euros. Además, las empresas que pasen a ser consideradas estratégicas, y que tenga previsto el cierre o la reducción de la actividad en uno o más centros de trabajo, deben comunicar esta circunstancia a la Secretaría de Estado de Industria con, al menos, nueve meses de antelación. También, tendrán que comunicárselo a los representantes de sus trabajadores. La normativa -que sustituye a la anterior ley de 1992- conformará entonces una una mesa con presencia de las comunidades autónomas para "analizar alternativas para revertir decisión" o asegurar la actividad industrial. "El objetivo es que no queremos perder actividad productiva industrial", ha insistido Hereu.
El texto busca -además- derrumbar los trámites de concurrencia competitiva para que puedan acceder a ayudas públicas directas, ampliando -además- la posibilidad de reconocer nuevos proyectos para la descarbonización que puedan beneficiarse de los PERTE más allá de la vigencia los fondos europeos. No obstante, establecen varias restricciones para seguir disfrutando de la financiación. Las empresas con una facturación superior a los seis millones de euros en los últimos 5 años estarán obligadas a mantener su actividad productiva durante cincos años más, en el caso de las grandes empresas; tres años para las pymes; o dos años, en el caso de las pequeñas empresas. La norma retirará la condición de beneficiario de las ayudas a todas aquellas compañías que -durante dicho periodo- reducen de manera efectiva más de un 65% la capacidad de producción o su plantilla en 500 personas o más, salvo que se deba a un cambio societario o se produzca una cesión global de activos y pasivos y se siga manteniendo la actividad. En estos casos, la norma establece un régimen de sanciones de entre 60.000 euros y 10 millones, con una prescripción de hasta cinco años para las muy graves, de tres para las graves (penadas con hasta seis millones) y de uno para las leves.
Entre las novedades, el texto plantea la creación de una reserva de recursos básicos o estratégicos, para garantizar su suministro en tiempos de crisis y pandemias. Llegado el caso, se movilizará la industria nacional con la intención de producir con mayor rapidez un listado de artículos críticos para atender una "demanda alta e inesperada". Este apartado, apunta especialmente a las farmacéuticas, o empresas energéticas.
El proyecto de ley pasa ahora al Congreso de los Diputados, que deberá debatirlo y votarlo. Desde el sector reclaman consenso político en torno al texto. "Es fundamental que esté muy consensuada con los grupos políticos para que pueda tener una vigencia a largo plazo y finalmente impulse la política industrial", apunta el directo de Feique, Juan Antonio Labat, que demanda -además- que la norma cuente con un fuerte presupuesto que respalde las medidas que contiene.
