El Gobierno logra impulsar la reforma fiscal con el voto de hasta nueve grupos parlamentarios, a los que se ha sumado Podemos a última hora. El pacto alcanzado con los de Ione Belarra se produjo minutos antes de la votación y después de 72 horas frenéticas en las que la formación llevó la negociación con el ministro Félix Bolaños al límite. El acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar una proposición de ley antes del 31 de diciembre para impulsar un impuesto a las grandes energéticas "compatible con no gravar las inversiones que comprometan la descarbonización", según recoge Podemos en un comunicado. Si no se logra sacar adelante, el acuerdo exige la aprobación de un real decreto para prorrogar la tasa durante 2025. Hacienda logró arrancar el voto a favor de ERC, Bildu y BNG al texto durante la madrugada del lunes. De esta forma, Moncloa saca adelante del endurecimiento de la tasa a la banca y la imposición de un impuesto con un tipo mínimo del 15% a las multinacionales, gracias a los votos de todo el bloque de investidura. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria han votado a favor; mientras que PP, Vox y UPN lo han hecho en contra.

Gobierno y Junts proponen una distribución de la recaudación de su impuesto a la banca desigual entre las comunidades autónomas, que beneficiará en mayor medida a las que cuentan con un volumen de PIB más elevado, como Cataluña. La enmienda transaccional, que el jueves se someterá a votación en el pleno del Congreso y a la que ha tenido acceso elEconomista.es, aboga por un reparto de los ingresos a las regiones del régimen común "en función a su Producto Interior Bruto". Es decir, Madrid, Cataluña o Andalucía recibirán más del 50% de la recaudación total; por el contrario, otras como La Rioja, Cantabria o Extremadura obtendrán los menores recursos. No obstante, el Ejecutivo podría optar por distribuir la recaudación en función al PIB por habitante –tal y como hace el sistema de financiación– lo que también garantizaría mayores recursos a Madrid, Cataluña y Baleares. Esta novedad exigiría una regulación expresa del impuesto como tributo cedido, según explica Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense e investigador asociado de Fedea.

El pleno del Congreso encara este jueves uno de los debates -y votaciones- más agitados de los últimos meses. El Gobierno cuenta con una segunda oportunidad para lograr impulsar el grueso de su reforma fiscal, que fue tumbada el pasado lunes por la Comisión de Hacienda. Desde entonces, Moncloa ha logrado allanar algo el camino hacia su aprobación y salvar así un texto sólido, a través de un enredo de pactos parlamentarios.

El pacto de última hora que el Gobierno logró arrancar ayer a BNG, Bildu y ERC, después de una agónica Comisión de Hacienda, resucita el impuesto a la banca que Moncloa acordó con Junts, que –según confían desde la formación- será aprobado el jueves por el pleno del Congreso de los Diputados. La transaccional firmada junto a los de Puigdemont a la que ha tenido acceso elEconomista.es, endurece el tributo para aquellas entidades con mayores márgenes de intereses y comisiones, es decir, aquellos bancos con mayores beneficios. Añade un nuevo tramo a partir de 5.000 millones de euros de base imponible que pasarán a estar gravadas a un tipo del 7%. La propuesta inicial marcaba el tope en el 6%, para aquellas bases mayores a 3.000 millones. Esto se mantiene, junto con el resto de la escala proyectada: un tipo del 3,5% para bases de 750 millones, y del 4,8% para las que se sitúan por encima de los 1.500 millones. Cabe recordar que el gravamen temporal establecía un tipo único del 4,8% a partir de 850 millones de ingresos anuales. El cambio –por tanto- beneficia a los bancos medianos, que se verán beneficiados por la escala progresiva del nuevo impuesto.

El revés a las tasas excepcionales sobre los bancos y los energéticas no son los únicos capítulos de la improvisada reforma fiscal del Gobierno que frasaron este lunes en el Congreso. El acuerdo firmado recientemente entre el PSOE y Sumar es el que más se ha resentido en la Comisión de Hacienda. Tres pilares quedan fuera por el rechazo mayoritario de los grupos políticos: las subidas impositivas a los seguros privados, socimis y bienes de lujo.